Durante las últimas semanas se ha implantado en Honduras una campaña de
miedo y terror, se han asesinado a una decena de personas candidatas a
cargos de elección popular entre ellas el conocido alcalde de la
pintoresca ciudad de Cantarranas en Francisco Morazán, Francisco
“Paquito” Gaitán, enviando así un mensaje a la ciudadanía de inseguridad
y terror. Líderes religiosos evangélicos a nivel nacional, levantaron
una fuerte “cruzada” para advertir del caos que se avecina, mientras los
medios de comunicación hablan a diario de lo mismo. Al parecer la
estrategia de miedo no les ha funcionado ahora se valen de otras
estrategias, como posibles inhabilitaciones, discursos sobre el
comunismo, etc. Es conocido a nivel nacional e internacional, que el
actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, del partido
nacional, tiene a su hermano, Juan “Tony” Hernández condenado a cadena
perpétua en Estados Unidos de América por narcotráfico y lavado de
activos, y que al mismo presidente se le señala como narcotraficante.
Asimismo, el actual candidato de su partido, Juan “Tito” Asfura, está
ampliamente mencionado en los Pandora Papers y en escándalos de
corrupción como el sonado caso diamante en Costa Rica.
Ante este
contexto surge el escenario de un fraude electoral, intentando instalar
en la mente ciudadana que ya no es posible revertir la situación. De
frente a este panorama, el golpeado pueblo hondureño, sacando fuerza
de flaqueza se dispone a Votar SIN MIEDO, por tanto, resulta
indispensable que los hechos del 2017 NO SE REPITAN, cuando Estados
Unidos a través del Departamento de Estado y la Encargada de Negocios de
la embajada norteamericana en Honduras Heidy Fulton, avalaron y
promovieron un golpe de Estado electoral que dejó luto y muerte a su
paso, imponiendo una dictadura político-militar a vista y paciencia de
la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-EU)
presidida por Marisa Matías.
Por tanto, de cara a las
elecciones generales en Honduras el próximo 28 de noviembre, es
imperativa la necesidad de concientizar a la población, para que acudan a
las urnas a ejercer su derecho al sufragio con miras al derrocamiento
del régimen dictatorial asentado en el país, a partir del golpe de
Estado de 2009 y cuya gestión revela los más altos índices de corrupción
e impunidad y cuyo efecto erosiona al tejido social en detrimento de su
calidad de vida. El asalto descarado a las arcas del Estado, la
violación sistemática a los Derechos Humanos de la población en general y
de los pueblos originarios en particular, la venta de la soberanía
nacional, la nula gestión para la prevención y control del COVID-19 y el
mal manejo de la emergencia por el huracán Eta y la tormenta tropical
Iota en 2020, entre otros factores, ha sumergido al país en la extrema
pobreza provocando una crisis humanitaria sin precedentes con la
expulsión de miles de hondureños y hondureñas quienes abandonan el
territorio en caravanas terrestres y aéreas hacia el norte global en
busca del mal llamado sueño americano o europeo en su caso. Ya que,
según los últimos datos publicados por la ONU, 800.707 hondureños han
migrado de su país, lo que supone un 8,2% de la población, encontrándose
así en el puesto 113º de los 195 del ranking de emigrantes.
En
un país donde la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado
en los últimos 12 años, siendo que Honduras es uno de los países con las
tasas más altas de feminicidios del mundo. Así, este régimen está
totalmente involucrado en el feminicidio político territorial de la
compañera Berta Cáceres Coordinadora y fundadora del COPINH. caso que ha
llamado atención y repudio nacional e internacional. Berta, reconocida
activista, profundamente entregada e incansable, protagonista de muchas
luchas frente a cualquiera injusticia ha sido asesinada por defender la
vida de un río y de las comunidades indígenas que viven de él en contra
de la construcción de un proyecto hidroeléctrico y todas sus
consecuencias. Este es un caso emblemático, donde Berta, denunció y
visibilizó los aspectos nefastos de estos proyectos y la corrupción con
la cual se otorgan concesiones a todos niveles institucionales. La falta
total de consulta libre previa e informada a las comunidades, la
actuación irresponsable y por eso cómplice de los institutos
financieros, así como la criminalización y represión contra la legitima
resistencia de las comunidades afectadas, entre otros.
Tal es el
caso del COPINH y la familia de Berta Cáceres, quienes han arduamente
denunciado la estructura criminal que ha planificado, financiado y
ejecutado el asesinato de la líder indígena defensora de los bienes
comunes, y que en su asesinato participaron miembros del ejercito
entrenados en EEUU y funcionarios estatales, todo esto confirmado
durante los procesos en contra de los acusados por el crimen con
condenas de mas de 30 años de cárcel cada uno. Todavía hay juicios en
curso y falta mucho aún. En contra de David Castillo, ya condenado por
ser coautor del asesinado en el mes de julio, todavía hasta hoy no se ha
emitido la sentencia. Además, el estado no está acusando todas las
personas responsables de planificar, financiar y ejecutar el asesinato a
pesar de pruebas contundentes en contra de miembros de la familia
“todopoderosa” Atala Zablah que les vincula y que el propio Tribunal ha
señalado. Esto evidencia la impunidad estructural del país. Otro reclamo
es sobre la responsabilidad del estado por el deber de protección, ella
tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se
ejecutara el crimen.
Esto evidencia la forma en que los y las
defensoras de derechos humanos en Honduras están constantemente en
eminente peligro. Siendo Honduras el país con más asesinatos per cápita
de defensores de los bienes comunes. Situación que coloca en mayor
peligro a los pueblos indígenas en el país. Como el caso del pueblo
Garífuna, que a pesar de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos
Humanos emitiera sentencia a favor de las comunidades de Punta Piedra y
Triunfo de la Cruz, el Estado se niega al cumplimiento de la sentencia,
es más, en julio de 2020 cuatro jóvenes garífunas, entre ellos el
presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, fueron víctimas de
desaparición forzada por individuos identificados como agentes de la
Dirección Policial de Investigación (DPI), sin que hasta hoy se conozca
su paradero, mientras el gobierno se niega dar información a las
familias y a la Organización Fraternal Negra de Honduras y a seguir las
recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las
Naciones Unidas y de la CIDH. Así mismo más de 60 garífunas han sido
asesinados en los últimos 10 años, otros están siendo perseguidos y
criminalizados por la defensa del territorio.
Además, se debe
prestar atención a la violación de derechos humanos y la prohibición de
las manifestaciones pacificas, tal como lo contempla el nuevo Código
Penal, también conocido como el Código de la Impunidad, que fue aprobado
en el Congreso Nacional en que tipifica las manifestaciones como delito
de terrorismo, por lo que hoy el pueblo hondureño se encuentra con la
interdicción de poder alzar la voz por sus derechos, y pueden ser
penalizados con entre 1 a 3 años de prisión. Tal como sucedió en 2017.
Por
tanto, la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad de lo
que está pasando actualmente en Honduras. Sobre todo, los Estados Unidos
y países Europeos quienes ven al presidente Juan Orlando Hernández como
socio estratégico para ejecutar los intereses estadounidenses en la
región, por lo tanto respaldan al menos implícitamente la actual narco
dictadura. Los gobiernos europeos también están callados ante la
situación fatal en Honduras. Al final, se trata de negocios y no de
derechos humanos.
El Munich Airport International (MAI), por
ejemplo, una empresa pública de Alemania participa en la construcción
del aeropuerto de Palmerola, cooperando con una empresa propiedad de
Lenir Pérez. Una de las empresas mineras de Pérez está implicada en el
conflicto de Guapinol, donde ocho activistas siguen en prisión
preventiva de forma arbitraria desde hace más de dos años. Aunque las
organizaciones de derechos humanos llevan años criticando duramente a
Pérez, el MAI no se ha retirado del negocio conjunto. Asimismo, el
embajador alemán en Honduras, acompañado por la representante de la
Cámara Alemana de Comercio Exterior (AHK), que apoya a las empresas
alemanas en todo el mundo de invertir con éxito, visitó recientemente la
ZEDE Próspera en Roatán. Mostrando su apoyo a un proyecto que promueve
la expropiación de territorios y atenta contra la soberanía nacional, y
que además fue aprobado por medio de la destitución ilegal de
magistrados de la Corte Constitucional que se oponían a la aprobación de
la Ley, mientras Juan Hernández era el presidente del Congreso Nacional
en 2012.
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OFRANEH- Europa (Organización Fraternal Negra de Honduras en Europa)
Colectivo Italia Centroamerica (CICA)
HondurasDelegation (Red solidaria alemana-austriaca)
