Entrevista con José Guadalupe Ruelas, director de la organización no-gubernamental Casa Alianza.
por Thomas Raabe en Lateinamerika Nachrichten Nr. 540
Traducción: Daniela Dreissig
Traducción: Daniela Dreissig
Hace diez años, en la mañana del 28 de junio de 2009, militares irrumpieron en la casa del entonces presidente Manuel Zelaya y lo sacaron del país desde la Base de la Fuerza Aérea Soto Cano (bajo control de los EEUU). Con la ayuda de los militares y la "luz verde" de Washington, el golpe de las fuerzas conservadoras logró hundir a Honduras en una crisis que continúa hasta hoy. La revista Lateinamerika Nachrichten conversó con José Guadalupe Ruelas, director de la organización por los derechos del niño Casa Alianza, sobre las consecuencias del cambio de sistema para niños y adolescentes.
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| Calles militarizadas después del fraude electoral en 2017 Foto: Radio Progreso |
¿Cómo ha cambiado la situación desde el golpe hace
diez años?
Al golpe de Estado
siguió entre otras cosas la militarización, la opresión de la población y el
empeoramiento de problemas ya existentes, como la pobreza, la desigualdad y una
alta deuda externa. Hoy Honduras es uno de los países más pobres de América
Latina, se ha ido agudizando la pobreza y la desigualdad. Miles de personas
están migrando en caravanas hacia los Estados Unidos porque no pueden encontrar
una manera tranquila con la oportunidad de construir su presente y su futuro a
nivel económico e incluso asegurando su sobrevivencia en Honduras.
El Estado ha descuidado
sus funciones sociales y económicas. Observando niños y adolescentes, la
Universidad Pedagógica Nacional de Honduras calcula que más de 800.000 niños y
niñas están fuera del sistema escolar por falta de cobertura. Según las
estimaciones del Ministerio de Trabajo, alrededor de 475.000 niños y niñas son
explotados económicamente cada día. A nivel social 25 de cada 100 niñas y
adolescentes en el país están embarazadas, según datos de la encuesta nacional
de demografía y salud de la secretaría de salud. Según un estudio realizado por
Save the Children Honduras es el país más violento para niños y adolescentes,
matando a más de 30 niños por cada 100.000 personas.
¿Y qué hace el gobierno?
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| José Guadalupe Ruelas // Foto: HondurasDelegation |
En lugar de encontrar
respuestas, el estado se deshace de su responsabilidad. Concesiona carreteras,
servicios de telecomunicación, ríos, tierras y eso hace que las personas vayan
perdiendo lo que llamamos el espacio vital. Junto a eso hay un modelo económico
extractivista. Honduras ha otorgado muchas concesiones a la industria minera
metálica y no metálica que presiona y expulsa a la población rural de sus
territorios. Además los cultivos de palma africana se expandieron en los suelos
más fértiles, a la vez que redujeron el área de cultivos alimentarios básicos
para la población. No existe una estrategia integral de producción de alimentos
básicos que incluya el acceso a las tierras agrícolas para los campesinos.
¿En qué medida ha cambiado el papel de los militares y
cuáles son las consecuencias para niños, niñas y jóvenes?
Honduras ha sufrido un
tremendo proceso de militarización. Esto no solo se basa en la estrategia de
seguridad, el proceso va más allá en la vida social. Hubo una militarización
del espacio público. Por decreto se formó la policía militar del orden público
que comenzó a patrullar las calles, se encargó de la vigilancia, haciendo
denuncias y realizando capturas de la población civil. A esto se suma el
aumento desmedido en la inversión del aparato militar, lo que se refleja en el
aumento presupuestario de defensa, el impuesto de “el Tazón”, un impuesto sobre
las transacciones bancarias, por el cual más de 90 por ciento de este dinero
fluye al presupuesto de defensa. En 1994, cuando todavía existía el servicio
militar obligatorio, aproximadamente 9.000 soldados pertenecían al ejército.
Hoy, 25 años después de la abolición del servicio militar hay más de 15.000.
La policía militar
vigila las instituciones públicas, mas de 40% de las escuelas están vigiladas
por militares. Es preocupante la capacitación que están recibiendo miles de
niñas y niños de familias pobres entre las edades de 7 y 12 años dentro del
programa Guardianes de la Patria. Los sábados, los niños reciben instrucción de
los soldados sobre temas como la obediencia, el respeto y los valores desde una
perspectiva militar. Se ha hecho público el hecho de que a los niños se les
muestra cómo usar las armas y cómo realizar ejercicios militares.
¿Qué distingue a los gobiernos de los últimos años?
El régimen ha perdido
legitimidad, está acusado de fraude y es inconstitucional. La constitución
prohíbe expresamente la reelección de un presidente. En 2015 con una maniobra
legalista realizada por la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de
Justicia ayudó al actual presidente Juan Orlando Hernández a presentarse a la
reelección. Las elecciones presidenciales de 2017 fueron criticadas por actores
nacionales e internacionales y declaradas como fraudulentas. Hasta la fecha el
gobierno no ha demostrado la legitimidad de esta elección.
También son indicativos
la corrupción ilimitada y los vínculos entre el régimen y el crimen organizado.
Empresarios, políticos y policías han formado alianzas con el narcotráfico.
Muchos ya han sido entregados a los Estados Unidos. El hermano del actual
presidente, arrestado por tráfico de drogas en Nueva York, está acusado de
hacer contrabando con toneladas de cocaína a través de Honduras. Hay denuncias
de corrupción contra las familias de los presidentes, parlamentarios y
funcionarios del Estado anteriores y actuales. (Estos últimos han malversado
más de $ 300 millones del sistema de seguridad social de Honduras.) En lugar de
una política social integral que incluya salud, educación y seguridad. El
régimen aplica un tipo de filantropía contra la pobreza. La falta de alimentos
viene con la distribución de "bolsas solidarias".
El régimen se
caracteriza por su represión contra las protestas a nivel nacional. La
"reforma" de la legislación penal penaliza el derecho de protesta. Ya
no se permite manifestarse frente al parlamento o la casa presidencial y en
general se ha juzgado a manifestantes pacíficos. Desde el fraude electoral de
2017 nuevamente hay presos políticos, personas en el exilio y personas
asesinadas en las protestas.
¿Cómo se comporta la población?
Colectivos de mujeres,
pueblos indígenas, Garífunas, organizaciones de campesinas y campesinos,
comunidades afectadas por la minería se han organizado para abordar la
explotación de recursos. Miles de ellos van en contra de la corrupción, en
contra de los proyectos extractivistas, las privatizaciones en el sistema
educativo y de salud en la calle.
Los movimientos
sociales han hecho varios intentos para unir a los diversos actores a nivel
nacional y para reducir las diferencias existentes entre ellos. En la amplia
oposición, sin embargo, aún no ha surgido un liderazgo legítimo que pueda unir
una lucha común. Todos los actores tienen las mismas exigencias: la renuncia
del régimen, nuevas elecciones, el restablecimiento del orden constitucional y
la terminación del modelo económico extractivista.
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La larga sombra del golpe militar. [cuadro de
información de Thomas Raabe]
Según la ONG hondureña
FOSDEH, el 67 por ciento de la población está afectada por la pobreza, lo que
significa que de los casi nueve millones de hondureños, 2.1 millones viven en
pobreza y 2.8 millones en pobreza extrema. Además la deuda externa antes del
golpe fue de $ 3.200 millones y ahora es de más de $ 15.000 millones. El
presupuesto de defensa se ha incrementado en un 400 por ciento en los últimos
doce años. Con respecto a la explotación de recursos, más del 30 por ciento del
territorio hondureño esta concesionado.
La disolución de la
separación de poderes se selló en 2011 con la creación del Consejo Nacional de
Seguridad y Defensa, una instancia superior que recopila toda la información
del poder judicial, la Oficina del Fiscal General, los Ministerios de Seguridad
y de Defensa y está bajo el control del Presidente. Los cargos críticos en el
poder judicial, el Tribunal Supremo Electoral y el Fiscal General fueron
elegidos por el gobierno.
En las elecciones de
noviembre de 2017, después de las primeras publicaciones de los votos contados,
surgió un margen del cinco por ciento del candidato de la oposición Salvador
Nasralla por delante de Hernández, una tendencia que era matemáticamente
irreversible. Fue seguido de un "fallo" de 30 horas del sistema
informático en el centro electoral, las protestas en todo el país y la
imposición de un estado de emergencia. A pesar del fraude electoral evidente y
comprobado, el Tribunal Supremo Electoral declaró a Hernández como ganador. El
gobierno de los Estados Unidos felicitó a Hernández el 22 de diciembre de 2017
y comenzó un proceso de reconocimiento del régimen inconstitucional que todos
los gobiernos siguieron.
