12.8.19

Auto de Formal Procesamiento por otorgamiento ilegal de permisos mineros en territorios de Tribu Tolupán

escrito por Movimiento Amplio
¨La Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural logró obtener ayer  Auto de Formal Procesamiento en contra del Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro, Medardo Varela Bustillo, acusado de otorgar ilegalmente permisos de extracción minera en la Tribu San Francisco, Locomapa.
Río Guaymas en la comunidad de Lagunitas en San Francisco Locomapa, Yoro, aledaño a donde una empresa minera explota el territorio indígena. Foto: MADJ
En relación a este caso el Ministerio Público recibió una denuncia sobre el delito de abuso de autoridad y mediante inspección de campo realizada el 29 de noviembre de 2017 se pudo determinar que en la zona considerada territorio ancestral del pueblo indígena Tolupán se hizo apertura de vía y se realizaron labores mineras por parte de la empresa Lachansa CO.S.A, específicamente de extracción y traslado de antimonio.

Continuando con las investigaciones, personal de la Fiscalía de Etnias procedió a personarse a la Alcaldía de Yoro, departamento de Yoro, lográndose constatar que la empresa LACHANSA CO.S.A con registro Tributario Nacional 05019015793616 a través de su presidente Álvaro Hernández Londoño, quien compareció en su condición de gerente general y representante legal, solicitó a la Unidad Municipal Ambiental permisos de extracción de antimonio, siendo recibida dicha solicitud por esa dependencia bajo el número 432688 y pagando una suma de dinero por la misma.

En ese contexto, el 1 de diciembre de 2017 el funcionario municipal Medardo Varela Bustillo autoriza la extracción de mineral antimonio a la empresa LACHASA CO S.A en los sitios La Mina y Lagunitas, Yoro, al tiempo que en el expediente investigativo constan recibos de diferentes pagos que efectuó la empresa Lachansa Co. S.A a la Municipalidad de Yoro, por ejemplo: uno con recibo 43242 por el traslado de 15 toneladas de antimonio y otro con recibo 439305 por el traslado de 15 toneladas antimonio más.

Todo lo anterior, según se acredita, sin la debida delimitación que efectúa el Instituto Hondureño de Geología y Minas (INHGEOMIN) en las áreas que se pretendían autorizar proyectos mineros, por lo que el Jefe de la Unidad Medio Ambiental de la Alcaldía de Yoro incurrió en el delito de abuso de autoridad.

El antimonio es un elemento semimetálico que principalmente se emplea en aleaciones metálicas y algunos de sus compuestos para dar resistencia contra el fuego, en pinturas, cerámicas, esmaltes, vulcanización del caucho y fuegos artificiales. El antimonio tiene una creciente importancia en la industria de semiconductores en la producción de diodos, baterías, detectores infrarrojos y dispositivos de efecto Hall¨, apunta el informe brindado por el área de relaciones públicas del Ministerio Públicos.

Con esta resolución se toma la punta de la madeja de la corrupción que ha saqueado ancestralmente el pueblo Tolupán y en especial la tribu San Francisco Locomapa donde continua la explotación ilegal del bosque y la minería, dos industrias que ya han dejado indígenas  encarcelados, desterrados  y asesinados producto de su lucha en defensa de su territorio.

Un indígena observa las aguas del río Guaymas en las cercanías de la mina donde extranjeros extraen antimonio.

Desde hace varios años desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, hemos denunciado el actuar de los deferentes directores del Instituto de Conservación Forestal, ICF, los Consejos Directivos de Tribus, CDT, la Federación de Tribus Xicaques de Yoro, FETRIXY quienes también son partes involucradas en la entrega y explotación de los bienes comunes de las tribus y hacia donde se tendrían que orientar también las investigaciones.

10.8.19

Protestas persistentes y represión en La Ceiba

2.7.19

Suspenden audiencia de indígenas tolupanes porque fiscales y jueces se van de vacaciones

Publicado por el Movimiento Amplio por la Ddignidad y la Justicia (MADJ):



El Ministerio Público de Honduras que acusa a 6 hombres y a tres mujeres indígenas tolupanes, de la Tribu de San Francisco de Locomapa, municipio y departamento de Yoro, solicitó reprogramar la continuación de la audiencia inicial que inició el pasado 24 de junio y se había reprogramado para este 03 de julio. La fiscalía y el juzgado de la ciudad de Yoro, decidieron no continuar la audiencia, bajo el argumento que ellos se encuentran de vacaciones, a pesar que el Código Procesal Hondureño (Artículo 128) dispone que “Para la práctica de las diligen­cias pro­pias de la etapa preparatoria y de la intermedia, se considerarán hábiles todos los días del año y las veinticuatro (24) horas del día.”

Mientras las fiscales del caso disfrutan de sus vacaciones, le prohibieron a los indígenas acusados y acusadas, acercarse al territorio de su propia tribu a donde el Estado hondureño autorizó, sin consentimiento de la tribu y bajo formas corruptas, talar más de 28 mil árboles a la empresa maderera INMARE propiedad del señor Wilder Omar Domínguez. También les impusieron la obligación de presentarse dos veces al mes a firmar a los juzgados donde su personal estará de vacaciones, les prohibieron comunicarse con los responsables de la tala y despojo de su territorio, entre ellos, integrantes del consejo directivo, empleados y ejecutivos de la empresa y por último, estarán bajo vigilancia policial en sus comunidades, haciendo este proceso más estigmatizante y degradante de su reputación y dignidad.

Tras el inicio de la audiencia inicial el pasado 24 de junio, se confirmó que la Fiscalía del Ministerio Público acusó deliberadamente a liderazgos e indigenas honestos de la tribu de Locomapa, organizados en el Consejo Preventivo de la Tribu y del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ. La prueba ofrecida en la audiencia por las fiscales, consiste en simples fotocopias de documentos que les habría facilitado la empresa INMARE y los dirigentes del cuestionado Consejo Directivo de la Tribu de Locomapa, quienes asociados con los directivos de la Federación de Tribus Xicaques de Yoro (FETRIXY) seguirían siendo parte de una oscura confabulación entre funcionarios del Estado hondureño y madereros que por siempre han saqueado y empobrecido a los indígenas tolupanes que viven en los departamentos de Yoro y Francisco Morazán.

Las nueve personas indígenas acusadas, a través de sus equipos de defensa del MADJ, presentaron abundante documentos debidamente autenticados, informes técnicos y ofrecieron testimonios para acreditar que han realizado decenas de peticiones y gestiones ante el Estado para que les protejan sus derechos y que todas esas gestiones han sido desatendidas por los funcionarios. En virtud de eso han realizado el control de su territorio por el que el Ministerio Público diligentemente les acusa de un delito de Obstaculizar el ilegal e inconsulto plan que autoriza la tala de los 28 mil de árboles de su territorio.
Lxs nueve compañrxs tolupanes de San Francisco de Locomapa // Yoro Foto: MADJ
El proceso de criminalización se origina de una llamada realizada por el empresario al 911 en el mes de marzo de 2018 cuando las y los indígenas realizaban una manifestación pacífica en la carretera principal para evitar la salida de camiones cargados de madera que fue cortada con un plan de manejo que no pertenece a la tribu.

La beligerancia de la institucionalidad hondureña para favorecer a los empresarios es tan eficiente que con una llamada iniciaron el proceso penal contra las y los luchadores sociales, pero en más de 4 meses no han sido capaces de girar las órdenes de captura contra los responsables materiales e intelectuales de la muerte de los últimos indígenas asesinados el 25 de febrero por defender su territorio y 15 denuncias interpuestas por el consejo preventivo por agresiones y amenazas en su contra así como también denuncias por la tala ilegal del bosque desde octubre de 2017 a la fecha .

18.6.19

República bananera 2.0 - el camino de Honduras hacia una crisis política y humanitaria.


Por Kirstin Büttner y Daniela Dreissig en iz3w N° 373
Traducción: Daniela Dreissig

Cuando el entonces presidente de Honduras Manuel Zelaya, intentó implementar una consulta popular el 28 de junio de 2009 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la élite conservadora con la ayuda de los militares realizaron un golpe de Estado. Diez años después el país sigue en una profunda crisis. La pobreza, la violencia y la corrupción dominan la vida cotidiana. ¿Cómo reaccionó la población?

 Protestas postelectorales en Tegucigalpa diciembre 2017, Foto: Luis Méndez


17.6.19

#A10AÑOSDELGOLPEENHONDURAS

Diez años después del golpe de estado militar y bajo la observación tácita de la comunidad internacional, Honduras se encuentra en una crisis política, económica y humanitaria. En busca de trabajo y seguridad, miles de hondureñxs huyen en caravanas hacia los Estados Unidos.

Activistas de movimientos sociales, comunicadorxs críticxs y abogadxs son perseguidos, arrestadxs, criminalizadxs y asesinadxs.

Hemos reunido declaraciones de representantes de varios movimientos y organizaciones. Muestran una pequeña parte de la realidad hondureña desde el golpe de estado y sobre todo, desde la perspectiva de la resistencia!
https://bit.ly/2x1iPt 













































 
 
 

13.6.19

Petición: Libertad para los presos politicos en Honduras!




Desde 16 meses Edwin Espinal y Rául Alvarez estan presos en centro de detención de alta seguridad en Honduras. Se teme que el juicio en contra de ellos sea un “show”. Sus derechos son vulnerados y su salud está en peligro. Apoya nuestra demanda:
¡Liberación inmediata de Edwin y Raúl!
¡No más criminalización de la protesta social en Honduras!
Firme la petición urgente al fiscal general Chinchilla y al presidente de la Corte Suprema Argueta.

Petición

"Los niños realizan ejercicios militares"

Entrevista con José Guadalupe Ruelas, director de la organización no-gubernamental Casa Alianza.

 por Thomas Raabe en Lateinamerika Nachrichten Nr. 540

Hace diez años, en la mañana del 28 de junio de 2009, militares irrumpieron en la casa del entonces presidente Manuel Zelaya y lo sacaron del país desde la Base de la Fuerza Aérea Soto Cano (bajo control de los EEUU). Con la ayuda de los militares y la "luz verde" de Washington, el golpe de las fuerzas conservadoras logró hundir a Honduras en una crisis que continúa hasta hoy. La revista Lateinamerika Nachrichten conversó con José Guadalupe Ruelas, director de la organización por los derechos del niño Casa Alianza, sobre las consecuencias del cambio de sistema para niños y adolescentes.

 

Calles militarizadas después del fraude electoral en 2017 Foto: Radio Progreso


¿Cómo ha cambiado la situación desde el golpe hace diez años?
Al golpe de Estado siguió entre otras cosas la militarización, la opresión de la población y el empeoramiento de problemas ya existentes, como la pobreza, la desigualdad y una alta deuda externa. Hoy Honduras es uno de los países más pobres de América Latina, se ha ido agudizando la pobreza y la desigualdad. Miles de personas están migrando en caravanas hacia los Estados Unidos porque no pueden encontrar una manera tranquila con la oportunidad de construir su presente y su futuro a nivel económico e incluso asegurando su sobrevivencia en Honduras.
El Estado ha descuidado sus funciones sociales y económicas. Observando niños y adolescentes, la Universidad Pedagógica Nacional de Honduras calcula que más de 800.000 niños y niñas están fuera del sistema escolar por falta de cobertura. Según las estimaciones del Ministerio de Trabajo, alrededor de 475.000 niños y niñas son explotados económicamente cada día. A nivel social 25 de cada 100 niñas y adolescentes en el país están embarazadas, según datos de la encuesta nacional de demografía y salud de la secretaría de salud. Según un estudio realizado por Save the Children Honduras es el país más violento para niños y adolescentes, matando a más de 30 niños por cada 100.000 personas.

15.5.19

Protestas critican a las compañías hidroeléctricas en el Congreso Mundial de París

Nota de prensa: Las organizaciones de la sociedad civil señalan violaciones de derechos humanos y daños ambientales relacionados con las centrales hidroeléctricas.

Activistas del movimiento Extinción Rebelión y la ONG Planet Amazon se han movilizado, el martes 14 de mayo en La Défense, contra los proyectos de grandes represas, con motivo de la apertura del Congreso Mundial de la hidroelectricidad.
Foto Todd Southgate

Paris: (14.05.2019) Una amplia coalición de organizaciones ambientales y de derechos humanos protestó pacíficamente contra los proyectos de represas destructivas durante la inauguración del Congreso Mundial de hidroeléctricidad en París. Después de la protesta, una delegación de la gente de Munduruku de la Amazonía brasileña intentó entregar una carta a la sede del gigante energético francés EDF, ya que estaban involucrados en proyectos de represas destructivas en la Amazonía, pero no fueron recibidos por representantes de la compañía.

13.5.19

VIDEO: Persecución contra periodistas de la zona Sur y Libertad de expresión en Honduras 2019

Publicado por Pasosdelanimalgrande, 3.5.2019

Muchos periodistas independientes que informan sobre casos de corrupción, violaciones a Derechos Humanos, libertad de expresión, entre otras violaciones, han sido víctimas de amenazas de muerte, ataques, cierre de medios y diferentes campañas de desprestigio.
Según el CONADEH más de 77 personas vinculadas a los medios de comunicación han sido asesinadas entre 2001 y marzo de 2019.En el 92% de esos casos, no se ha llevado ninguna condena y ningún sospechoso ha sido llevado a juicio.





14.4.19

Abogado de la familia de Berta Cáceres: "Está probado que la mandó matar una estructura empresarial"

13. April

Victor Fernández y Martín Hernández, impulsores del movimiento Causa Berta Cáceres, que busca justicia sobre el asesinato de la activista hondureña, hablan con 'Público' sobre los constantes ataques que sufre el activismo medioambiental en América Latina.

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