18.12.19

Organizaciones de derechos humanos alertamos sobre los últimos acontecimientos que ponen en riesgo la continuidad de la MACCIH e instamos a renovar su mandato

Plantón contra la corrupción (Enero 2017) Foto: Confidencial HN
Las Américas y Europa, 16 de diciembre de 2019. Organizaciones nacionales e internacionales con destacada trayectoria en materia de derechos humanos en Honduras alertamos que el anterior 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos y un día después del Día Internacional Contra la Corrupción, el Congreso Nacional de Honduras aprobó un informe sobre las actuaciones, avances y resultados alcanzados por la
 Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH), la cual fue instalada en 2016 en el país producto de un convenio con la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
 
El referido informe solicita al Poder Ejecutivo que no se renueve el actual convenio Honduras-OEA que creó dicha Misión. Cabe destacar que el informe se elaboró por una Comisión Especial integrada por siete congresistas, de los cuales cuatro son del Partido Nacional de Honduras, creada el 5 de diciembre. Ese día, el Presidente del Congreso, Mauricio Oliva, quien ha sido investigado por la Misión, mencionó a través de medios de comunicación que: “La MACCIH es un matrimonio con el (Poder) Ejecutivo, que lo envíen aquí y decido si lo santifico o no”. Otra de las afirmaciones hechas por Oliva, fue que el informe elaborado “es puntual e inapelable”. 

Recordamos que la MACCIH y la Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC) presentaron en 2018 el denominado caso “Pandora” que evidencia un plan para el desvío de fondos gubernamentales para el Partido Nacional durante la campaña electoral de 2013. La investigación se dirigió en contra de 38 políticos(as) y funcionarios(as), entre los cuales, se encuentran actuales congresistas. Asimismo, este partido político ha sido mencionado en los casos de corrupción “Caja chica de la dama”, “Caja chica del hermano”, “Licitaciones fraudulentas del Seguro Social”, “Arca abierta” y “Narcopolítica”. 

Todos estos casos caracterizados por delitos como lavado de activos, malversación de presupuesto público y violación a los deberes de los funcionarios. Entre las personas implicadas, además de congresistas se ha vinculado a jerarcas del Instituto Hondureño de Seguro Social, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y empresarios emergentes como David Castillo, acusado por ser parte de la red de fraude a la ENEE a través del Proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en el río Gualcarque y también por ser uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Berta Cáceres. Igualmente, a través de las investigaciones de la MACCIH y la UFECIC se develaron los actos de corrupción de la ex primera dama de Honduras en el periodo 2010-2014, el hermano y el hijo del entonces presidente Porfirio Lobo Sosa.

Manifestación por la continuación de la MACCIH en Honduras Foto: CEJIL
Los avances anteriores han significado que la MACCIH y la UFECIC sean objeto de ataque constante, con el propósito de socavar su mandato. Es por ello que, las organizaciones observamos con profunda preocupación que la reciente medida adoptada por el Congreso, responda a la búsqueda de proteger intereses particulares y garantizar la impunidad para quienes han sido investigados por actos ilícitos en el país. Asimismo, consideramos que el plazo establecido -cinco días- fue muy breve en términos de estudiar el alcance de la Misión en los cuatro años de gestión que tiene en el país. Igualmente observamos que la lectura y aprobación de dicho informe en el pleno se dio de manera expresa, situación que se denunció por parte de otros congresistas que estuvieron presentes en la sesión.

En paralelo, recordamos que  el gobierno de Honduras y la OEA, instalaron una Mesa de Evaluación de Trabajo de la MACCIH, que publicó su informe el reciente 12 de diciembre y en el que, en virtud a los resultados que ha obtenido la Misión, recomienda: "prorrogar el texto actual del Convenio MACCIH; y posteriormente, a establecer los protocolos que garanticen la eficaz y eficiente administración y cumplimiento de sus objetivos generales y líneas de acción que consideren necesarios".

En esa sintonía, instamos al Estado hondureño a renovar el mandato del MACCIH y a tomar medidas para fortalecer su trabajo conjunto con la UFECIC para investigar, procesar y sancionar a los responsables de graves actos de corrupción que han debilitado y provocado  consecuencias negativas para todos los sectores de la sociedad hondureña. Además, solicitamos al Congreso de la República particularmente, que se abstenga de realizar declaraciones estigmatizantes a la labor de la Misión en el país y que promueva una discusión imparcial basada en criterios técnicos.

Asimismo, llamamos a los países miembros de la OEA así como a su Secretaría General a que promuevan que se pueda renovar el convenio con el Estado y a los países y agencias cooperantes con la Misión así como a la comunidad internacional, que puedan elevar sus voces condenando la avanzada en contra de la lucha anticorrupción en el país. 

Organizaciones firmantes: 
Honduras
Asociación Para Una Vida Mejor de Personas Infectadas/Afectadas por el VIH-Sida en Honduras (APUVIMEH), Coalición contra la Impunidad, compuesta por: Asociación de Mujeres Intibucanas Renovadas (AMIR), Asociación de Jueces por la Democracia (AJD), Asociación Feminista Trans (AFET), Asociación FÍAN Honduras, Asociación Intermunicipal de Desarrollo y Vigilancia (AIDEVISH), Asociación LGTB Arcoíris de Honduras, Asociación Nacional de Personas viviendo con SIDA (ASONAPVSIDA), Asociación para una Ciudadanía Participativa (ACI-Participa), Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU), Asociación Prevención y Educación en Salud Sexual y SIDA Tela (APREST), Pastoral Social Cáritas- diócesis de San Pedro Sula, Centro de Derechos de Mujeres(CDM), Centro de Desarrollo Humano (CDH), Centro de Educación y Prevención en Salud, Sexualidad y SIDA (CEPRES), Centro de Estudios de la Mujer- Honduras (CEM-H), Centro de Estudios Para la Democracia (CESPAD), Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), Centro para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Colectivo Diamantes Limeños, Colectivo Unidad Color Rosa (CUCR), Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (COFADEH), Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de El Progreso (COFAMIPRO), Comité por la Libre Expresión (C-Libre), Crisálidas de Villanueva, Ecuménicas por el Derecho a Decidir, Equipo de Monitoreo Independiente de Honduras (EMIH), Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC-SJ), Espacio-ACI, Familia Franciscana JPIC, Federación de Sindicatos de Trabajadores de la Agroindustria (FESTAGRO), Foro de Mujeres por la Vida, Foro Nacional de Sida (FOROSIDA), Foro Nacional para las Migraciones (FONAMIH), Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH), Frente Amplio del COPEMH, Organización de Mujeres intibucanas "Las Hormigas", Movimiento Ambientalista Social por la Vida (MASS VIDA), Movimiento Indígena Lenca- La Paz Honduras (MILPAH), Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla", Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), plataforma agraria Regional del Valle del Aguán, Observatorio Permanente de Derechos Humanos del Bajo Aguan (OPDHA), Organismo Cristiano de Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH), PBI, Plataforma internacional contra la impunidad (PI), Pastoral de Movilidad Humana (PMH), Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras, Red de Participación de Organizaciones de sociedad civil Siguatepeque (RPOSC), Red de Trabajadoras Sexuales de Honduras (REDMUDE), Unión de Empresas y de Organizaciones de Trabajadores del Campo (UTC), Vía Campesina. COIPRODEN, Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), DIAKONIA Honduras, Grupo Sociedad Civil (GSC), Plataforma Agraria del Bajo Aguán

Internacionales:
Asociadas por lo Justo (JASS), Cadena de Derechos Humanos Honduras (Colectivo CADEHO), Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), Comisión de Derechos Humanos de Guatemala en Washington (GHRC-USA), Corporación Colectivo Ansur, Fundación para el Debido Proceso (DPLF), HondurasDelegation, Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM- Defensoras), Misereor, Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), Organización Mundial contra la Tortura (OMCT)

13.12.19

„El fallo Jurídico debilita el narcorégimen“

El hermano del presidente hondureño fue condenado en los Estados Unidos por tráfico de drogas


El 18 de octubre de 2019, un tribunal de Nueva York condenó a Juan Antonio "Tony" Hernández, hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández, por tráfico de drogas, posesión de armas, declaraciones falsas a funcionarios estadounidenses y conspiración. Las publicaciones durante el proceso muestran a Honduras como un Estado cuyas instituciones están intercaladas con el crimen organizado. Desde el día del veredicto en Honduras, se  repitieron espontáneas protestas y bloqueos, que fueron desalojados violentamente por la policía. La LN habló con Joaquín A. Mejía, abogado y experto en derechos humanos de la organización hondureña Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC).
 Daniela Dreissig en Lateinamerika Nachrichten N° 546 Deciembre 2019

¿Qué significa el fallo contra Tony Hernández?
El fallo en su contra es muy grave,porque lo que la fiscalia de EEUU sacó a la luz esclarece que  para que Tony Hernández pudiera traficar drogas en gran escala a los EEUU era necesario contar con la plena complicidad de toda la institucionalidad del Estado de Honduras . La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos confirmó lo que todos sabían desde hace mucho tiempo. 

El veredicto también establece que el coronel Julián Arístides Gonzáles y el experto en seguridad Alfredo Landaverde tienen razón.  Fueron asesinados en 2009 y 2011 debido a su denuncia de que el delito de drogas había cooptado al Estado. O el comandante Santos Orellano, quien fue expulsadode las Fuerzas Armadas por descubrir un helicóptero de Tony Hernández usando  en el tráfico de drogas. Además Santos Orellano acusó al actual ministro de Seguridad Julián Pacheco, de estar involucrado en el negocio de las drogas. ¿Y qué pasó con el ex director de policía Sabillón? Respaldado únicamente con la ayuda de la Administración de Drogas de los Estados Unidos (DEA), capturó a los líderes del cartel "Valle-Valle" y don H. Esta operación fue realizada por Sabillón, sin decir nada a sus superiores en el Ministerio de Seguridad. Fue despedido por una comisión de depuración de la Policia Nacional que había sido utilizada para "purgar" a la policía. Ahora el fallo debilita al Narcoestado, porque durante el proceso fue mencionado más de cien veces y expuesto como co-conspirador.
Sobre todo evidencia el doble moral de los Estados Unidos, el silencio complice de la Unión Europea y la hipocresía de la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos.

¿Por qué el gobierno de los Estados Unidos está interesado en el gobierno de Hernández?
Washington está interesado en la migración y en tener un aliado que haga exactamente lo que ordena Washington. Y Juan Orlando Hernández lo tienen en sus manos porque saben que está liderando un narcoestado. Carecen de alternativas en la región. Seguirán confiando en él porque les garantiza una cierta estabilidad. Juan Orlando Hernández aprobó la transferencia de la embajada a Jerusalén, militariza las fronteras y firma un acuerdo que identifica a Honduras como un tercer país seguro, ¡lo cual es una absurda locura! Mientras Estados Unidos  no vea un aliado de confianza en Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, continuarán confiando en Juan Orlando Hernández. Ese es la doble moral.

Recordemos a Manuel Noriega en Panamá. Aunque los EE. UU. Sabían de sus lazos con el narcotráfico, lo apoyaron hasta que no les sirvió de nada.
 
Honduras es geopolíticamente importante para que Estados Unidos observe lo que sucede en los países vecinos y en la región. Las bases militares estadounidenses fueron construidos en la década de los años 1980 para contrarrestar los movimientos revolucionarios en los países vecinos. Hoy, las bases militares están justificadas con la supuesta lucha contra el narcotráfico. Estados Unidos quiere controlar o regular el narcotráfico. Con el golpe de estado en 2009 y el colapso de las instituciones estatales perdió la DEA este control.
Según un informe del Departamento de Estado, Honduras ya no es solo un país que trafica drogas. Se ha convertido en una tierra donde se almacena y produce cocaína.

¿Por qué once altos oficiales militares fueron suspendidos dos días antes del fallo de Nueva York?
La purga en el ejército se basa en oficiales de rango medio que desaprueban el papel del ejército con el narcotráfico y la dictadura. Hubo rumores de un posible levantamiento militar, por lo que el gobierno ha eliminado a estos once oficiales. Así es como Juan Hernández y su equipo mantiene el control absoluto.

¿Como se entiende el asesinato de Magdaleno Meza, presunto socio del narcotraficante Tony Hernández, en la prisión de máxima seguridad "El Pozo" el 26 de octubre de 2019?
El asesinato de Magdaleno Meza, autor de los cuadernos presentados ante la corte de Nueva York como evidencia contra Tony Hernández (vea informaciones en el cuadro abajo, nota del editor), muestra que los centros penales están en manos del narcotráfico, del crimen organizado. 

Aparentemente, militares y otros altos funcionarios del gobierno están involucrados en el asesinato del narcotraficante. En un video que se hizo viral , reclusos disparan a Meza y lo apuñalan con cuchillos. Tiene un mensaje claro:  “Esto es lo que pasa con los que colaboran con la  DEA. ¡Así que cállate!”

La Penitenciaría Nacional (INP) alguna vez tuvo un carácter civil. Sin embargo, fue decretado en 2018 bajo la coordinación del Gabinete de Defensa y Seguridad. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha publicado en su reciente informe que las prisiones son administradas y vigiladas por los militares. Los militares son responsables de lo que sucede en las cárceles. Las cárceles de máxima seguridad tienen diferentes puertas de seguridad. Que armas de fuego o cuchillos grandes atraviesen es realmente imposible.

Después del fallo se produjeron protestas estudiantiles y del partido de oposición Libre. ¿Cómo se comporta la población?
La oposición política y cívica esta debilitada. A pesar del alcance del fallo de Nueva York la población todavia no responde consecuentemente. Simplemente porque tiene miedo. Hasta ahora el narcorégimen ha disparado a matar contra las personas que protestaban. Entonces es normal que la gente tenga miedo. Las protestas continúan en todo el país pero varían ampliamente en las regiones. El problema es que están muy dispersas. Hasta ahora pocos sectores fueron capaces de unir estas protestas.

Es un panorama bastante sombrío. Todo indica que Juan Hernández hará todo lo que esté en su poder para permanecer en el cargo.
Joaquin A. Mejía Foto: HondurasDelegation

JOAQUIN A. MEJIA

es abogado y experto en derechos humanos de la organización hondureña Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC). Representa a víctimas de crímenes de derechos humanos ante la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Coahuila en México.




Cuadro informativo:

Enfocando el testimonio del proceso penal de Nueva York

Thomas Raabe en Lateinamerika Nachrichten N° 546 Diciembre 2019

El tribunal de Nueva York encontró a Tony Hernández culpable por unanimidad de todos los cargos. Según los testimonios sobornó a agentes de la policía para proteger el tráfico de drogas, recibió grandes sobornos de los principales narcotraficantes y organizó envíos de cocaína fuertemente armados. Hernández debería haber pasado de contrabando un total de 220 toneladas de cocaína a través de Honduras.

Alexander Ardón, ex alcalde de El Paraíso en el departamento de Copán y partidario de Hernández, testificó sobre una reunión con el narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán en 2013. Tony Hernández prometió a "El Chapo" que sus envíos de cocaína estarían protegidos en Honduras cuando su hermano ganara la presidencia el mismo año. En esta reunión, se entregó un millón de dólares.

El líder del cartel de Los Cachiros, Devis Leonel Rivera Maradiaga, ha trabajado con la DEA desde 2013. Conoció a Hernández en 2014 y filmó el encuentro para la agencia estadounidense con una cámara oculta. Además Rivera Maradiaga declaró que cooperó con otros congresistas del gobernante Partido Nacional.

Tambien salió a la luz que el ex presidente hondureño José Porfirio Lobo (2010-2013) recibió entre 500,000 y 600,000 dólares. El hijo de Lobo, Fabio, fue sentenciado a 24 años de prisión por tráfico de drogas en los Estados Unidos ya en 2017.

El guatemalteco Fernando Chang dijo que había comprado unas 15 toneladas de cocaína a Tony Hernández y luego la vendió al cártel de Sinaloa en México. Hernández le aseguró que tenía un laboratorio de drogas y que podría obtener cualquier tipo de arma. Chang había comprado municiones y ametralladoras. La munición se proporcionó con números de lote, lo cual era atípico porque esto sería una indicación de que provenía de inventario de gobierno.

Otra pieza de evidencia fue el cuaderno de Nery López, alias Magdaleno Meza. Fue confiscado del arresto de López en Honduras en junio de 2018 y proporciona información sobre numerosos envíos de cocaína para Tony Hernández. Además debe contener referencias encriptadas al presidente Juan Orlando Hernández.

El presidente Hernández también ha sido acusado varias veces de aceptar millones en sobornos. El fiscal Jason Richman declaró que el acusado había sido protegido por su hermano. Según el testimonio, el actual presidente recibió aproximadamente $ 1.5 millones en ganancias de drogas para todas las campañas electorales desde 2005. El presidente Hernández rechaza todas las acusaciones contra su gobierno.

Omar Malone, abogado de Tony Hernández, anunció que apelaría el veredicto. La persona condenada enfrenta prisión de entre 30 años y cadena perpetua. El 17 de enero de 2020, se determinará la sentencia.