29.11.21

Cuando la defensa de derechos fundamentales se convierte en un delito penal

La criminalización como estrategia contra la protesta no deseada

Charla online:  14. Diciembre 2021, 11 – 12.30 Hrs Honduras, 18-19.30 Hrs Alemania




El activismo político es cada vez más difícil en todo el mundo. En muchos países, les activistas son vigilades, perseguides, amenazades o se les prohibe ejercer su profesión. Otra estrategia que se observa cada vez más es la criminalización. Aquí, la ley, que se supone que garantiza el activismo político, se vuelve específicamente contra les propies activistas. El activismo contra las condiciones injustas se acerca así a los delitos penales y se da una apariencia de legitimidad a las medidas represivas contra ellas. 

En Honduras, mucha gente de los movimientos sociales lo sabe. Víctor Fernández es abogado y cofundador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ). Con el MADJ, trabaja para que se conozcan el contexto político de les activistas que son criminalizades. Como abogado, defiende a activistas y a sus familias, como la de la activista indígena Berta Cáceres, asesinada en 2016. 

Pero el fenómeno de la criminalización no se limita a países autoritarios como Honduras. Incluso en países de los que se dice que tienen un sólido Estado de Derecho, se denuncian repetidamente casos de criminalización. Alemania no es una excepción. Aquí, son principalmente les activistas de izquierda les que son criminalizades una y otra vez. Los dos ponentes informarán sobre las estrategias de criminalización en Alemania y Honduras y sobre cómo se puede prestar apoyo. 


Ponentes: 

Manuel Schneider, Aktivist
Víctor Fernández, Movimiento Amplio por la Dignidad y Justicia

Die Veranstaltung findet online und mit spanisch / deutscher Übersetzung statt.

El enlace será enviado después de la registración: cadeho@riseup.net 

 

Organizadores: NaturFreunde LV Berlin, FDCL e. V., HondurasDelegation

27.11.21

Ver hacia Honduras y detener el fraude electoral: Llamado global a los ciudadanos y ciudadanas del mundo

 

Durante las últimas semanas se ha implantado en Honduras una campaña de miedo y terror, se han asesinado a una decena de personas candidatas a cargos de elección popular entre ellas el conocido alcalde de la pintoresca ciudad de Cantarranas en Francisco Morazán, Francisco “Paquito” Gaitán, enviando así un mensaje a la ciudadanía de inseguridad y terror. Líderes religiosos evangélicos a nivel nacional, levantaron una fuerte “cruzada” para advertir del caos que se avecina, mientras los medios de comunicación hablan a diario de lo mismo. Al parecer la estrategia de miedo no les ha funcionado ahora se valen de otras estrategias, como posibles inhabilitaciones, discursos sobre el comunismo, etc. Es conocido a nivel nacional e internacional, que el actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández, del partido nacional, tiene a su hermano, Juan “Tony” Hernández condenado a cadena perpétua en Estados Unidos de América por narcotráfico y lavado de activos, y que al mismo presidente se le señala como narcotraficante. Asimismo, el actual candidato de su partido, Juan “Tito” Asfura, está ampliamente mencionado en los Pandora Papers y en escándalos de corrupción como el sonado caso diamante en Costa Rica.

Ante este contexto surge el escenario de un fraude electoral, intentando instalar en la mente ciudadana que ya no es posible revertir la situación. De frente a este panorama, el golpeado pueblo hondureño, sacando fuerza de flaqueza se dispone a Votar SIN MIEDO, por tanto, resulta indispensable que los hechos del 2017 NO SE REPITAN, cuando Estados Unidos a través del Departamento de Estado y la Encargada de Negocios de la embajada norteamericana en Honduras Heidy Fulton, avalaron y promovieron un golpe de Estado electoral que dejó luto y muerte a su paso, imponiendo una dictadura político-militar a vista y paciencia de la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE-EU) presidida por Marisa Matías.

Por tanto, de cara a las elecciones generales en Honduras el próximo 28 de noviembre, es imperativa la necesidad de concientizar a la población, para que acudan a las urnas a ejercer su derecho al sufragio con miras al derrocamiento del régimen dictatorial asentado en el país, a partir del golpe de Estado de 2009 y cuya gestión revela los más altos índices de corrupción e impunidad y cuyo efecto erosiona al tejido social en detrimento de su calidad de vida. El asalto descarado a las arcas del Estado, la violación sistemática a los Derechos Humanos de la población en general y de los pueblos originarios en particular, la venta de la soberanía nacional, la nula gestión para la prevención y control del COVID-19 y el mal manejo de la emergencia por el huracán Eta y la tormenta tropical Iota en 2020, entre otros factores, ha sumergido al país en la extrema pobreza provocando una crisis humanitaria sin precedentes con la expulsión de miles de hondureños y hondureñas quienes abandonan el territorio en caravanas terrestres y aéreas hacia el norte global en busca del mal llamado sueño americano o europeo en su caso. Ya que, según los últimos datos publicados por la ONU, 800.707 hondureños han migrado de su país, lo que supone un 8,2% de la población, encontrándose así en el puesto 113º de los 195 del ranking de emigrantes.

En un país donde la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado en los últimos 12 años, siendo que Honduras es uno de los países con las tasas más altas de feminicidios del mundo. Así, este régimen está totalmente involucrado en el feminicidio político territorial de la compañera Berta Cáceres Coordinadora y fundadora del COPINH. caso que ha llamado atención y repudio nacional e internacional. Berta, reconocida activista, profundamente entregada e incansable, protagonista de muchas luchas frente a cualquiera injusticia ha sido asesinada por defender la vida de un río y de las comunidades indígenas que viven de él en contra de la construcción de un proyecto hidroeléctrico y todas sus consecuencias. Este es un caso emblemático, donde Berta, denunció y visibilizó los aspectos nefastos de estos proyectos y la corrupción con la cual se otorgan concesiones a todos niveles institucionales. La falta total de consulta libre previa e informada a las comunidades, la actuación irresponsable y por eso cómplice de los institutos financieros, así como la criminalización y represión contra la legitima resistencia de las comunidades afectadas, entre otros.

Tal es el caso del COPINH y la familia de Berta Cáceres, quienes han arduamente denunciado la estructura criminal que ha planificado, financiado y ejecutado el asesinato de la líder indígena defensora de los bienes comunes, y que en su asesinato participaron miembros del ejercito entrenados en EEUU y funcionarios estatales, todo esto confirmado durante los procesos en contra de los acusados por el crimen con condenas de mas de 30 años de cárcel cada uno. Todavía hay juicios en curso y falta mucho aún. En contra de David Castillo, ya condenado por ser coautor del asesinado en el mes de julio, todavía hasta hoy no se ha emitido la sentencia. Además, el estado no está acusando todas las personas responsables de planificar, financiar y ejecutar el asesinato a pesar de pruebas contundentes en contra de miembros de la familia “todopoderosa” Atala Zablah que les vincula y que el propio Tribunal ha señalado. Esto evidencia la impunidad estructural del país. Otro reclamo es sobre la responsabilidad del estado por el deber de protección, ella tenía medidas cautelares y esta omisión fue muy propicia para que se ejecutara el crimen.

Esto evidencia la forma en que los y las defensoras de derechos humanos en Honduras están constantemente en eminente peligro. Siendo Honduras el país con más asesinatos per cápita de defensores de los bienes comunes. Situación que coloca en mayor peligro a los pueblos indígenas en el país. Como el caso del pueblo Garífuna, que a pesar de que en 2015 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitiera sentencia a favor de las comunidades de Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, el Estado se niega al cumplimiento de la sentencia, es más, en julio de 2020 cuatro jóvenes garífunas, entre ellos el presidente del Patronato de Triunfo de la Cruz, fueron víctimas de desaparición forzada por individuos identificados como agentes de la Dirección Policial de Investigación (DPI), sin que hasta hoy se conozca su paradero, mientras el gobierno se niega dar información a las familias y a la Organización Fraternal Negra de Honduras y a seguir las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas y de la CIDH. Así mismo más de 60 garífunas han sido asesinados en los últimos 10 años, otros están siendo perseguidos y criminalizados por la defensa del territorio.

Además, se debe prestar atención a la violación de derechos humanos y la prohibición de las manifestaciones pacificas, tal como lo contempla el nuevo Código Penal, también conocido como el Código de la Impunidad, que fue aprobado en el Congreso Nacional en que tipifica las manifestaciones como delito de terrorismo, por lo que hoy el pueblo hondureño se encuentra con la interdicción de poder alzar la voz por sus derechos, y pueden ser penalizados con entre 1 a 3 años de prisión. Tal como sucedió en 2017.

Por tanto, la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad de lo que está pasando actualmente en Honduras. Sobre todo, los Estados Unidos y países Europeos quienes ven al presidente Juan Orlando Hernández como socio estratégico para ejecutar los intereses estadounidenses en la región, por lo tanto respaldan al menos implícitamente la actual narco dictadura. Los gobiernos europeos también están callados ante la situación fatal en Honduras. Al final, se trata de negocios y no de derechos humanos.

El Munich Airport International (MAI), por ejemplo, una empresa pública de Alemania participa en la construcción del aeropuerto de Palmerola, cooperando con una empresa propiedad de Lenir Pérez. Una de las empresas mineras de Pérez está implicada en el conflicto de Guapinol, donde ocho activistas siguen en prisión preventiva de forma arbitraria desde hace más de dos años. Aunque las organizaciones de derechos humanos llevan años criticando duramente a Pérez, el MAI no se ha retirado del negocio conjunto. Asimismo, el embajador alemán en Honduras, acompañado por la representante de la Cámara Alemana de Comercio Exterior (AHK), que apoya a las empresas alemanas en todo el mundo de invertir con éxito, visitó recientemente la ZEDE Próspera en Roatán. Mostrando su apoyo a un proyecto que promueve la expropiación de territorios y atenta contra la soberanía nacional, y que además fue aprobado por medio de la destitución ilegal de magistrados de la Corte Constitucional que se oponían a la aprobación de la Ley, mientras Juan Hernández era el presidente del Congreso Nacional en 2012.

*********************************************************************************
OFRANEH- Europa (Organización Fraternal Negra de Honduras en Europa)
Colectivo Italia Centroamerica (CICA)
HondurasDelegation (Red solidaria alemana-austriaca)

21.11.21

Documental "Al borde de las sombras"

El 17 de noviembre se estrenó el documental “Al Borde de las Sombras" realizada por el grupo artístico La Cofradía (dirección y producción: Luis Méndez, Axel Chávez Zambrano, Ramón Hernández, Ariel Martínez, Dilcia Zavala y Karla Díaz) 

El documental denuncia "la corrupción generada desde el poder político, la intencional deficiencia de un sistema judicial que provoca impunidad, el planificado despojo territorial a que son sometidos los pueblos ancestrales y un sistema social que lleva en sus fundamentos la violencia ejercida contra las mujeres y contra grandes sectores del pueblo. Corrupción, impunidad, despojo territorial y violencia son derivados de un sistema socioeconómico que pone su interés en el lucro desmedido, en la desigual distribución de la riqueza social, en el atropello de la dignidad de las personas y coloca en altares la obtención de la ganancia sobre la vida humana." por Gustavo Zelaya Herrera  publicado en criterio.hn



30.9.21

Cuando se despluman los fondos del Estado - La corrupción en el sector público con el ejemplo de Honduras

 

Evento en línea, 12 de octubre, de 18 a 19.30 horas (hora europea)

El país centroamericano de Honduras ocupa el puesto 157 de la lista de 180 países en cuanto a corrupción, mientras que Alemania se sitúa en el puesto 9. No obstante, la corrupción existe en ambos países. Funcionarios públicos corruptibles de todo el mundo se llenan los bolsillos con dinero que en realidad pertenece al Estado, pero en diferentes grados y con diferentes consecuencias.

¿Qué factores socioeconómicos favorecen el comportamiento corrupto? ¿Cuáles son las causas de la corrupción y qué consecuencias tiene para el desarrollo social y económico? La jurista y economista Anne van Aaken presentará la compleja red de causas y efectos de las maquinaciones corruptas, como el soborno y el aprovechamiento.

En Honduras, además de la corrupción clásica, hay sobre todo malversación y robo de fondos públicos. El saqueo del Instituto de la Seguridad Social por parte del Partido Nacional del actual gobierno se ha dejado sentir con especial intensidad en el pueblo de Honduras. Desde este escándalo de 2015, se han realizado esfuerzos para luchar contra la corrupción en respuesta a la presión de la sociedad civil. Utilizando un caso típico de corrupción en Honduras como ejemplo, Luis Santos, jefe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción de Honduras - UFERCO, informará sobre qué estructuras tienen un efecto de apoyo y cuáles obstaculizan el trabajo de investigación.

Les ponentes:

Profesora Alexander von Humboldt Dr. iur.et lic.rer.pol Anne van Aaken, Directora del Instituto de Derecho y Economía de la Universidad de Hamburgo

Luis Javier Santos, Fiscal, Jefe de la Unidad Fiscal Especializada Contra la Corrupción (UFERCO)

El acto tendrá lugar en línea y con traducción al español/alemán

Inscripción bajo: cadeho@riseup.net

13.9.21

Desaparición forzada: ¿Cómo pueden alcanzar justicia las familias y comunidades afectadas? El ejemplo del comité garífuna SUNLA en Honduras

Sábado, 18 de septiembre, 8 - 10 am (hora de Centroamérica) 4 – 6 pm (hora de Alemania, Estado Español etc.)

WORKSHOP (en Español)

El 18 de septiembre se cumplirán 14 meses desde que Albert Sneider Centeno, Suami Mejia, Gerardo Tróchez und Milton Martinez han sido desaparecidos en Triunfo de la Cruz Honduras. En el marco de la Conferencia digital de la Mesa Redonda América Central de Alemania “Centroamérica: las crisis del Estado de derecho” les invitamos muy cordialmente a dos horas de debate e intercambio (en Español) con la Coordinadora General de la Organización Fraternal Negra de Honduras (OFRANEH), Miriam Miranda y Don Pablo Centeno Pitio (padre de Albert Sneider Centeno)

"Han creído que la impunidad es eterna. ¡Se equivocan! Los pueblos saben hacer justicia”. (Berta Cáceres)

Después de que el Estado hondureño no hiciera nada sustancial para encontrar a cuatro jóvenes defensores garífunas de la comunidad de Triunfo de la Cruz que fueron secuestrados por aproximadamente 30 hombres con chalecos de la policía DPI, en la madrugada del 18 de julio de 2020, la comunidad garífuna de la costa caribeña de Honduras creó SUNLA (Basta ya), una comisión propia para buscar a los forzosamente desaparecidos y exigir justicia.

¿Cuales son las demandas de SUNLA? ¿Cómo se puede construir un Estado de Derecho democrático "desde abajo" en medio de un ambiente totalmente adverso, un narcoestado autoritario en el que las instituciones están cooptadas o son disfuncionales? ¿Qué pueden conseguir les familiares, las comunidades y comisiones autoorganizadas y autónomas sin un mandato oficial, pero con gran legitimidad?¿Qué papel desempeña el apoyo de las instituciones supranacionales de derechos humanos y de la solidaridad internacional en el proceso de búsqueda de los desaparecidos y de verdad y justicia?

El taller forma parte de la Conferencia digital de la Mesa Redonda América Central de Alemania (17 y 18 de septiembre de 2021)

Les recomendamos también el panel de apertura con la participación de Juana Esquivel (Fundación San Alonso Rodriguez, defensora de Tocoa, Colón, Honduras) y el panel de cierre con la participación de Miriam Miranda.

Centroamérica: las crisis del Estado de derecho

Viernes 17 de septiembre 2021, 8:30 a.m. a 12:00 p.m (Horario América Central)
Sábado 18 de septiembre 2021, 7:30 a.m. a 1:00 p.m. (Horario América Central)

Para más información visite: https://www.rt-za.de/2021/08/27/17-18-09-2021-centroamerica-las-crisis-del-estado-de-derecho/

Contacto para inscripciones al taller y conferencia:

Lya Cuéllar (Coordinadora de la Mesa Redonda de América Central en Alemania)

E-mail: koordination@rt-za.de

 

6.8.21

Carta abierta sobre la visita del embajador de Alemania en Honduras a la ZEDE Próspera el 28 de julio 2021

S.E. Embajador Jens Janik 

Embajada de Alemania en Honduras 

Tegucigalpa, Honduras 

Múnich/Berlin, 6 de agosto de 2021

Estimado Sr. Embajador,

Nos dirigimos a usted en relación con su visita a la ZEDE Próspera en Roatán el 28 de julio de 2021. Según la correspondiente publicación en la cuenta oficial de Twitter de la Embajada de Alemania, el objetivo de su visita fue "Hacerse una idea integral y propia acerca de un tema de mucha importancia, como las #ZEDEs"[1].

Como Red Alemana de Derechos Humanos que ha estado activa respecto a Honduras desde 2010, acogemos con satisfacción la intención de comprender mejor la figura de las ZEDE en Honduras. Sin embargo quisiéramos expresar nuestra preocupación sobre las formas a través de las cuales se ha puesto en práctica dicha intención de su parte. Según los medios de comunicación hondureños[2] usted se ha reunido exclusivamente con los ejecutivos y algunos empleados de la ZEDE Próspera. Entendemos también, que la visita oficial se realizó junto a una representante de la Cámara de Comercio e Industria Hondureño-Alemana (AHK por sus siglas en alemán), y que se discutieron posibilidades de inversión de empresas alemanas en la ZEDE.

Según pudimos leer en la prensa, al final de su visita usted habría dicho que: "La Embajada de Alemania está interesada en obtener una imagen completa del desarrollo de Próspera. Después de visitar el proyecto en persona, estoy feliz con esta valiosa experiencia en la isla de Roatán."[3]

Nos gustaría saber si ésta conclusión realmente refleja el tenor de su visita. ¿Ya se ha formado una opinión integral al respecto? ¿Recomendaría la AHK a las empresas alemanas invertir en las ZEDE hondureñas, especialmente en la ZEDE Próspera, incluso después de la retirada de TUM International GmbH? ¿En qué se basaría la evaluación de riesgos?

Ya hace un año, el 10 de agosto de 2020, una amplia alianza de organizaciones de la sociedad civil de las Islas de la Bahía se pronunció en contra del establecimiento de las ZEDE y señaló la violación del Convenio 169 de la OIT en la designación de la ZEDE Próspera. Hasta ahora según nuestro conocimiento, usted no se ha reunido con representantes de la comunidad de Crawfish Rock ni con ningún otro actor  de la sociedad civil y del movimiento social crítico a la ZEDE en Roatán durante su visita. O al menos, a diferencia de su visita a la ZEDE Próspera, no lo hizo públicamente. ¿Por qué no ha ocurrido una visita de éste carácter?

¿No habría contribuido un intercambio de este tipo a una visión integral de la problemática y, además, habría subrayado eficazmente la legitimidad de las actitudes críticas a las ZEDE y la importancia de la libertad de expresión?

En Honduras desde hace tiempo existe una visión crítica de parte de la sociedad civil, con base legal y sobre todo constitucional, sobre las ZEDE.[4]

Sobre todo, es importante hacer hincapié sobre el contexto en el que se han aprobado y llevado a cabo las ZEDE en Honduras. Es de conocimiento general por ejemplo, que la forma en la que se aprobó la ley ZEDE en el 2013, tras la destitución arbitraria de cuatro miembros de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, ha sido altamente cuestionada por la sociedad hondureña. Así como la falta de transparencia en relación a los nombramientos de miembros del Comité para la Adopción de las Mejores Prácticas (CAMP), órgano rector del régimen ZEDE.[5]   

Aunque ampliamente ignoradas por la administración actual y la anterior, las comunidades garífunas de la costa Atlántica de Honduras en especial, ya por años han advertido sobre las implicaciones negativas de las ZEDE para los derechos humanos de la población. Recientemente también ha incrementado el pronunciamiento de parte de diferentes comunidades locales a lo largo del país en contra del régimen ZEDE. Dichas manifestaciones se han llevado a cabo a través de mecanismos de participación ciudadana llamados "cabildos abiertos municipales". Los cabildos han sido ampliamente concurridos y democráticamente legitimados. Entretanto, parte de la comunidad empresarial hondureña también ha expresado fuertes reservas sobre las ZEDE. Entre otros tambíen el Consejo Anticorrupción (CNA) y la Universidad Nacional de Honduras (UNAH).  Ésta última ha presentado un recurso de inconstitucionalidad en contra de algunas de las disposiciones en la Ley ZEDE.[6]

La Conferencia Episcopal de Honduras hizo la siguiente declaración el mismo 28 de julio:

"... nos preocupa que el gobierno no escuche ni atienda las manifestaciones y pronunciamientos, justos y fundamentados, de muchas Instituciones del País de gran importancia, como la UNAH, la Asociación de Fiscales de Honduras, el Colegio Hondureño de Economistas -Capítulo Noroccidental, el Colegio de Abogados, el CNA, el FOSDEH, así como los debates y otras formas de expresión del pueblo.

Por otra parte, somos testigos de la incomprensible y sospechosa insensibilidad e indolencia de las autoridades correspondientes y de la mayoría de los políticos de nuestro País, ante las voces que claman justicia y respeto a derechos tan fundamentales, como la defensa de la soberanía y la integridad de nuestra Patria.

La Conferencia Episcopal expresa su solidaridad y se une al pronunciamiento que han hecho nuestros hermanos Obispos en sus Diócesis, quienes hicieron suyos los reclamos de la sociedad civil, exigiendo de manera pacífica la no implementación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), porque han sido creadas en abierta violación a la Constitución de la República dc Honduras y en perjuicio de nuestro ordenamiento territorial.” [7]

En relación a los párrafos anteriores, nos permitimos hacerle la siguiente pregunta: ¿de qué manera tuvo en cuenta las preocupaciones democrático-teóricas y jurídicas fundamentales, como en materia de derechos humanos, sobre las ZEDE en general, el amplio rechazo social a las ZEDE y los temores concretos de los actores de la sociedad civil en particular en la mencionada formación de su propia opinión e idea integral? ¿A qué conclusión llegó en el proceso?

Estas cuestiones nos preocupan seriamente, entre otras porque al parecer, tres de los jueces propuestos para la jurisdicción especial privada de ZEDE Próspera son de Alemania.[8] Esto hace que nos preguntemos sobre cuáles podrían ser los intereses de parte de actores alemanes públicos y privados, en relación a las ZEDE, e infunde sospechas sobre un  beneplácito oficial concedido por autoridades de Alemania a un proyecto de carácter  „libertario“ y antidemocrático.[9]

En principio, no le haríamos llegar ésta carta de manera pública e intentaríamos entablar una conversación bilateral sobre las cuestiones planteadas. Sin embargo, dado que la embajada alemana ha hecho pública su visita a la ZEDE Próspera, y hasta donde sabemos no ha ofrecido ningún espacio público para conversar con personas críticas a dicho régimen, nos hemos tomado la libertad de plantear nuestras preguntas de manera pública. Creemos que tanto la ciudadanía alemana como la hondureña tienen el derecho a saber cómo se está formando su opinión integral sobre las ZEDE en Honduras. De lo contrario la impresión mediática es que la embajada de Alemania en Honduras apoya a las ZEDE en general y a la ZEDE Próspera en particular. 

Atentamente,

Oficina Ecuménica por la Paz y la Justicia , Múnich

para HondurasDelegación Alemania



[4] Por ejemplo, un estudio en 2018 de la Fundación Friedrich Ebert: http://library.fes.de/pdf-files/bueros/fesamcentral/16510.pdf  Véase también recientemente, CIPRODEH: Violación a la Soberanía Territorial y de los Pueblos https://twitter.com/ciprodeh1/status/1421576403355455489/photo/1

1.7.21

Un fallo histórico por Vicky

Corte Interamericana condena a Honduras por asesinato de mujer trans

Fuente: Red Lésbica Cattrachas
Por Giorgio Trucchi | Rel UITA
http://www.rel-uita.org/honduras/fallo-historico-vicky/

Es una sentencia histórica la que este lunes dio a conocer la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) sobre el asesinato de Vicky Hernández, mujer trans de 26 años y activista del Colectivo Unidad Color Rosa, ultimada por integrantes de la fuerza pública la madrugada del 28 de junio de 2009, mientras en el país se fraguaba un sangriento golpe de estado.

El caso nunca fue investigado y el asesinato de Vicky Hernández quedó en la impunidad.

En 2012, la Red Lésbica Cattrachas y la organización Robert F. Kennedy Human Rights, en representación de la familia de la joven defensora de los derechos de las mujeres trans, presentaron una demanda en contra del Estado hondureño.

Años más tarde, el caso fue elevado hasta la Corte IDH y en noviembre del 2020 se llevó a cabo la audiencia pública. Un hito histórico en América Latina, ya que por primera vez se dictaría sentencia en un caso de transfemicidio[1].

Finalmente, el 26 de marzo la Corte IDH resolvió que hay suficientes indicios para responsabilizar al estado hondureño por la muerte violenta de Vicky Hernández, dando a conocer la noticia el lunes pasado, Día Internacional del Orgullo LGBTI y 12 aniversario del golpe de estado.

“Se trata de un gran precedente judicial para las personas LGBTI en Honduras y América Latina y para la lucha contra la violencia y discriminación.

Las personas LGBTI somos iguales y, en el caso de Vicky, la Corte reconoce que todo trato diferente es discriminación”, dijo Indyra Mendoza, directora de la Red Lésbica Cattrachas.


“Honduras debe cambiar, justicia para Vicky es justicia para todas”, agregó.

Una sentencia sin precedentes

En la sentencia[2], los jueces resolvieron que Honduras es responsable por la violación al derecho a la vida, a la integridad personal y a una vida libre de violencia, así como al derecho a la libertad personal, privacidad, libertad de expresión y al nombre.

Como su asesinato no fue investigado con la debida diligencia, la Corte IDH concluyó que también se vulneraron los derechos a las garantías al debido proceso y a la protección judicial.

Por último, los jueces declararon que Honduras violó el derecho a la integridad personal de los familiares de Vicky Hernández.

El órgano judicial con sede en Costa Rica fijó cinco medidas de verdad, justicia y reparación para las víctimas y las personas LGBTI.

Ordenó investigar, juzgar y sancionar a los responsables del asesinato de la defensora y crear una beca educativa (anual) que lleve su nombre, a favor de mujeres trans en estudios de secundaria.

También instó a adoptar un procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género en los documentos y en los registros públicos de Honduras.

Asimismo, ordenó adoptar un protocolo de investigación y administración de justicia durante los procesos penales para casos de personas LGBTI víctimas de violencia.

Finalmente, urgió implementar un sistema de recopilación de datos y cifras vinculadas a los casos de violencia contra las personas LGBTI.

¡Que se cumpla la sentencia!

“Se crea un gran precedente al resolver que la falta de reconocimiento de la identidad de género es una violación de derechos humanos.

Esto – explicó un comunicado de Cattrachas – aplica para toda América Latina y es muy importante porque hay países que todavía no permiten cambiar los documentos legales, según la identidad de género autopercibida y sin requisitos adicionales”.

“Vamos a asegurarnos que el Estado cumpla con la sentencia. Estamos en un año electoral que, históricamente, suelen ser extremadamente violentos. Ya registramos 16 muertes violentas de personas LGBTI en lo que va del año”, dijo Mendoza a La Rel.

De acuerdo con el más reciente informe del Observatorio de Cattrachas[3], entre 2009 y 2020 se registró la muerte violenta de 389 personas LGBTI.

De ellas, 221 pertenecen a la población gay, 46 a la población lésbica, 122 a la población trans. 83 casos han sido judicializados y sólo 34 han terminado con una sentencia condenatoria (8,7 por ciento). El 91% quedó en total impunidad.

Honduras es el país con la mayor tasa de lesbianas asesinadas en América Latina.

[1] http://www.rel-uita.org/honduras/justicia-para-vicky-hernandez/
[2] https://app.box.com/s/ra2yoio0lt415p601w2aykximxd46xk3
[3] https://bit.ly/3x68r18

Fuente: Rel UITA

29.5.21

En la embriaguez de la completa libertad neolibaral

Las ciudades privadas crean espacios sin ley

Los libertarios de la derecha y las redes neoliberales están impulsando la construcción de ciudades privadas en todo el mundo. Qué es exactamente una ciudad privada? Y cómo se pueden realizar dichas enclaves extraestatales? Un ejemplo de Honduras.


 

imagen: AndreasGyorfi, TSI, CC-BY-3.0

Los libertarios de la derecha y las redes neoliberales están impulsando la construcción de ciudades privadas en todo el mundo. Qué es exactamente una ciudad privada? Y cómo se pueden realizar dichas enclaves extraestatales? Un ejemplo de Honduras. 

16.5.21

"La energía hidroeléctrica: una alternativa limpia a la energía nuclear?” Un ejemplo de Honduras

 Evento digital, 11 de junio, 8 a.m. (hora en Honduras) 4 p.m. (hora en Alemania)

 

En la comunidad de Pajuiles (municipio Masica), lxs habitantes se defienden de una central hidroeléctrica ilegal. En un cabildo abierto, la mayoría de lxs residentes se manifestaron en contra del proyecto. Foto: MADJ

En el debate sobre la producción de energías alternativas, la energía hidroeléctrica es alabada como una fuente de energía limpia, renovable y fiable. Pero en todo el mundo, los proyectos de grandes presas siguen ocupando titulares negativos: La contaminación ambiental, el desplazamiento de las poblaciones locales y las violaciones de los derechos humanos son a menudo consecuencias de la energía hidroeléctrica. Pero también las  hidroeléctricas más pequeñas suelen ser criticadas por las mismas razones. Las repercusiones sociales y medioambientales pueden ser peores, porqué los requisitos legales en muchos casos son menos estrictos para los proyectos medians y pequeños,

El ejemplo de Jilamito, en la costa atlántica de Honduras, sirve para ilustrar las consecuencias de los proyectos hidroeléctricos. ¿Qué significa la construcción de una planta hidroeléctrica para los residentes locales? ¿Quién utiliza la electricidad generada y quién gana dinero con ella?  ¿Puede utilizarse la energía hidroeléctrica de forma sostenible y respetuosa con el medio ambiente?

Vamos a discutir estas cuestiones con nuestros dos invitados.

Martín Fernández es abogado y defensor de los derechos humanos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ).  Lleva más de 10 años acompañando a las comunidades que se están quedando - literalmente - sin agua.

Thilo F. Papacek trabaja como responsable de proyectos en la organización GegenStrömung, que se ocupa de las consecuencias sociales y medioambientales de la energía hidroeléctrica.

El evento tendrá lugar en línea y con traducción al español/alemán. El enlace se enviará después de la inscripción.

Pueden mandar su inscripción a: hiksch@naturfreunde.de

Lxs organizadores son:  NaturFreunde LV Berlin, Colectivo CADEHO, FDCL e.V., GegenStrömung

Patrocinado por: Fundación Nord-Süd-Brücken con apoyo financiero del BMZ.