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| Berta Cáceres fundó en 1993 el COPINH junto a una docena de compañeros y
compañeras para defender los territorio indígenas / © Goldman
Environmental Prize
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Un exsoldado ha revelado que el nombre de Berta Cáceres,
la ambientalista que fue asesinada en marzo, figuraba desde hacía meses
en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército
hondureño entrenada por Estados Unidos. El sargento primero Rodrigo
Cruz, de 20 años, asegura que dos unidades de élite recibieron listas
con los nombres y las fotografías de una decena de activistas, con la
orden de matarlos.
El comandante de la unidad de
Cruz, un teniente de 24 años, no quiso cumplir la orden y desertó. Cruz,
que ha pedido ser identificado con un seudónimo por miedo a
represalias, siguió su ejemplo y huyó a un país vecino. Muchos otros
miembros de esa unidad han desaparecido y se teme que estén muertos.
"Si regresara a casa, me matarían. Diez excompañeros han
desaparecido. Estoy completamente seguro de que Berta Cáceres fue
asesinada por el ejército", ha explicado Cruz a The Guardian.
Cáceres, una líder de la comunidad indígena lenca, que ganó el
prestigioso premio ambiental Goldman en 2015 por su campaña contra la
presa hidroeléctrica de Agua Zarca, fue abatida a tiros en su casa en
marzo de este año. Con anterioridad, había denunciado 33 amenazas de
muerte vinculadas con su campaña y se había puesto en contacto con
representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos
para decirles que estaba en una lista negra.
Según
Cruz, el nombre de Cáceres figuraba en una lista que fue entregada a una
unidad de la policía militar de la Fuerza Nacional de Seguridad
Interinstitucional (Fusina). El año pasado, unos 200 soldados
estadounidenses y agentes del FBI entrenaron a esta unidad.
Cinco hombres han sido detenidos por este asesinato, entre ellos, el
Oficial General Mariano Díaz Chávez, que estaba en servicio activo.
Antes había participado en unas operaciones conjuntas de los ejércitos
de Estados Unidos y de Honduras en Irak, y según los medios de
comunicación locales completó el curso de operaciones de élite Tesón,
que en parte es impartido por fuerzas especiales de Estados Unidos. En
el momento de su detención, Díaz formaba a policías militares. Ha sido
destituido con deshonor.
Annie Bird, directora del
grupo Derechos y Ecología, que hace un seguimiento de los abusos de los
derechos humanos en Honduras, ha señalado que "el relato de Cruz deja
entrever la existencia de escuadrones de la muerte cuyo objetivo es
matar a los miembros de la oposición, pero el sistema judicial está
controlado directamente por personas implicadas con casos de corrupción y
nadie en el país puede impulsar una investigación veraz e
independiente".
The Guardian
entrevistó a Cruz en diversas ocasiones, por teléfono y por
videoconferencia, y también habló con académicos y líderes y activistas
de la comunidad que a su vez hablaron con Cruz y confirmaron su
identidad y su pasado militar.
Entrenados para matar
Cruz se alistó en el ejército en diciembre de 2014 y tras tres meses de
entrenamiento básico fue transferido al Séptimo Batallón de la policía
militar, que fue creada en 2013 con el objetivo de sustituir a la fuerza
de policía civil que había sido acusada de corrupción y de cometer
abusos.
Completó dos extenuantes campamentos de
entrenamiento especializado, entre ellos el curso Tesón. En este último
curso lo instruyeron militares estadounidenses, colombianos y de otro
país que Cruz no pudo identificar. El año pasado, el curso Tesón fue
objeto de mucha polémica porque se difundieron imágenes de un
participante al que obligaban a comerse la cabeza de un perro.
Durante el curso Cruz tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones por
deshidratación, pero consiguió terminarlo y en octubre del año pasado
Cruz y otros 15 hombres de su batallón fueron asignados al cuerpo
especial Xatruch, una de las dos fuerzas integradas por múltiples
organismos de Honduras y que se despliegan para servir en operaciones de
lucha contra las drogas y las maras.
El cuerpo
especial Xatruch cubre la costa del Caribe, que se ha convertido en un
importante punto de paso para los cárteles que introducen cocaína a
Estados Unidos desde América del Sur. El segundo cuerpo especial,
Fusina, tiene operaciones en todo el país.
A mediados
de diciembre, un martes por la tarde, el comandante de Cruz reunió a
sus hombres después de un partido de fútbol y les mostró varias hojas de
papel con nombres, fotografías, direcciones y números de teléfono de
las personas que figuraban en la lista negra. La unidad de Cruz se hizo
cargo de una de las listas. Una unidad similar de Fusina se quedó con
otra lista.
"El teniente nos indicó que no estaba
dispuesto a cumplir esa orden porque las personas que debíamos matar
eran civiles decentes que defendían los derechos de sus comunidades.
Dijo que los jefes del Estado Mayor habían dado esa orden y que el
comandante de Xatruch lo estaba presionando para que la cumpliera",
explica Cruz.
Unos días más tarde, el teniente se fue de la base militar y no lo volvieron a ver.
La lista de la muerte
Esta no había sido la primera vez que Cruz había visto esa lista. Unas
semanas antes, en Punta Piedra, una localidad situada en la costa
caribeña, había recogido unos documentos parecidos que se le habían
caído a su comandante dentro del jeep que Cruz conducía. "Solo los tuve
en mi mano unos 20 o 30 segundos pero identifiqué algunas fotografías,
que se correspondían con los líderes de la región de Bajo Aguán. No dije
nada", cuenta Cruz.
El cuerpo Xatruch está
desplegado en la región de Bajo Aguán, que se ha convertido en el
escenario de violentas disputas por la tenencia de la tierra entre
magnates que se dedican a la producción de aceite de palma y los
agricultores locales. Más de cien personas, la mayoría campesinos que
defendían sus derechos, han perdido la vida en manos de las fuerzas del
Estado o de servicios privados de seguridad.
Entre
los nombres que aparecían en la lista Cruz vio el de Juan Galindo, un
activista que huyó de la región tras recibir amenazas de muerte pero que
fue asesinado en noviembre de 2014 cuando volvió a casa para ver a su
madre enferma. Cruz también reconoció a Johnny Rivas y a Vitalino
Álvarez, miembros destacados del Movimiento de la Unión de Campesinos
(Muca). Los dos hombres figuran entre los 123 activistas del Bajo Aguán
que según un informe publicado por la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos en 2014 requerían medidas de protección urgentes.
Álvarez, de 52 años, que ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato
desde 2010, indica que "existe una estrategia para acabar con los
líderes más reivindicativos. Desde el asesinato de Berta muchos rumores
me ponen ahora a la cabeza de la lista".
Los grupos
de derechos humanos han condenado el apoyo que brinda Estados Unidos a
las fuerzas de seguridad hondureñas, ya que cada vez hay más pruebas de
los abusos sistemáticos de la policía y los militares. En abril los
activistas alertaron al Congreso de que los escuadrones de la muerte
tenían a destacados opositores como objetivo principal, como ya pasó
durante la "guerra sucia" de la década de los ochenta.
Según los cálculos del Departamento de Estado y del Departamento de
Defensa, desde 2010 Estados Unidos ha ayudado a la policía y al ejército
hondureño con unos 200 millones de euros, con el objetivo de luchar
contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. Además, Honduras es
uno de los países que se benefician de los 700 millones de euros del
Fondo Alianza para la Prosperidad; una dotación aprobada por el Congreso
con el fin de frenar la violencia en el Triángulo Norte de
Centroamérica.
Los dos paquetes de ayuda exigían el
respeto de los derechos humanos sin que hasta la fecha esto haya tenido
ninguna consecuencia, si bien el último informe sobre derechos humanos
del Departamento de Estado indica que "los homicidios ilegales y
arbitrarios y otros crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de
seguridad" siguen siendo uno de los problemas más graves del país.
Ni el ministro de Defensa de Honduras ni el Departamento de Estado de
Estados Unidos quisieron hacer comentarios, a pesar de las reiteradas
peticiones de The Guardian.
Asesinatos y torturas
Después de la deserción del teniente de la unidad de Cruz a mediados de
diciembre, a cada uno de los miembros de la unidad se le asignaron
misiones distintas. Cruz trabajó durante unos diez días con el
comandante del Cuerpo Xatruch.
Durante este breve
espacio de tiempo, Cruz explica que lo despertaban en medio de la noche
para que llevara bolsas de plástico de color negro al río Tocoa, en Bajo
Aguán. Allí sus compañeros tiraban desde un puente restos humanos.
También afirma que vio una "sala de torturas" cerca de un complejo
militar situado en la localidad de Bonito Oriental: "Nunca vi a nadie
pero sí sangre fresca, un martillo, uñas, cadenas y tenazas".
Poco después, a Cruz y a sus compañeros les dieron un permiso. En ese
momento, preocupado por su seguridad, Cruz decidió huir y cruzó la
frontera ilegalmente, ya que el ejército se había quedado con sus
documentos de identidad. Ahora está escondido y su familia explica que
la policía militar ha preguntado a los vecinos si saben su paradero.
Lauren Carasik, el director de la Clínica Internacional de Derechos
humanos de la Universidad Western New England señala que Estados Unidos
no puede seguir mirando hacia otro lado. "Las pruebas son irrefutables y
Estados Unidos debe interrumpir la ayuda militar a Honduras, un país
sumergido en un baño de sangre permanente desde el golpe de Estado de
2009".
La violencia en el país aumentó de forma
espectacular tras el golpe militar de julio de 2009 que terminó con la
presidencia de Manuel Zelaya.
Los activistas
ambientales sufren las consecuencias de esta represión desde que el
gobierno de derechas concedió los permisos para que se impulsaron
cientos de megaproyectos, entre los que se incluyen minas y presas
hidroeléctricas en ecosistemas vulnerables. Al menos 109 activistas han
sido asesinados de 2010 a 2015 y Honduras se ha convertido en uno de los
países más peligrosos para los defensores del medio ambiente.
Cada vez son más los políticos estadounidenses que se muestran preocupados por la situación.
En agosto de 2015, 21 miembros del Congreso escribieron al Secretario
de Estado, John Kerry, para trasladarle problemas específicos que
plantea el apoyo estadounidense a Fusina, que ha sido acusada de graves
violaciones de los derechos humanos en repetidas ocasiones.
La semana pasada, el congresista Hank Johnson presentó la propuesta de
Ley Berta Cáceres para los derechos humanos en Honduras, que congelaría
la ayuda económica de Estados Unidos hasta que cesen las violaciones de
los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.
"Damos millones de dólares a Honduras pero las mismas fuerzas que deben
velar por la seguridad están atacando y asesinando a defensores de los
derechos laborales, el medioambiente y los derechos humanos, como
Cáceres, sin que las autoridades reaccionen", lamentó Johnson.
La hija de Cáceres, Bertita Zúñiga, señala que el relato de Cruz
refuerza todavía más el llamamiento que ha hecho la familia para que un
organismo internacional e independiente investigue el asesinato y
encuentre a los responsables.
"Su relato demuestra
que hay escuadrones de la muerte en las fuerzas armadas, que se utilizan
como instrumento para eliminar a todos aquellos que se oponen a los
planes del gobierno. Demuestra que las violaciones de los derechos
humanos forman parte de la política de Estado de Honduras".
Traducción de Emma Reverter
Se cumplen nueve años del golpe de Estado en
Honduras y la prisión constituye uno de los rasgos que caracterizan
la situación política nacional. Un informe reciente de la ONU
(03.2018) detalla las violaciones de derechos humanos generadas por
las fuerzas del orden público ocurridas entre el día de la
votación, el 26 de noviembre, y la toma de posesión del Presidente,
el 27 de enero. Miles de personas fueron detenidas arbitrariamente
principalmente entre el 1 y el 5 de diciembre en el marco del Estado
de excepción que se declaró en esos días. Se observaron arrestos
masivos e indiscriminados, allanamientos ilegales de viviendas,
aumento de las amenazas y el hostigamiento contra periodistas y otros
trabajadores de los medios de comunicación, así como contra
activistas sociales y políticos. Estas medidas tuvieron el efecto de
limitar el derecho a la reunión pacífica y de asociación y
produjeron más de 30 muertos relacionados con las protestas. 
