por Thomas Raabe, publicado en revista alemana Tierra y Libertad N° 80
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| Protestas en Tegucigalpa en diciembre 2018 Foto: Luis Méndez |
Para el 27 de enero de
2019 los políticos de la oposición, representantes de organizacionesde
derechos humanos y movimientos sociales lanzaron un llamado a la población a
participar en protestas en contra el régimen de Juan Orlando Hernández.[1] Hace un año, Hernández
comenzó su segundo mandato a través de una re-candidatura inconstitucional y
después de un comprobable fraude electoral.
Desde el fraude
electoral la población se ha venido manifestando. Mediante pancartas y cánticos
se exige la dimisión de Hernández. “Fuera JOH” gritan los manifestantes. Exigen
la liberación de los presos políticos y el fin de la narcodictadura. Según los
últimos hallazgos de la fiscalía de Nueva York, hay conexiones entre altos
funcionarios y miembros de la familia Hernández con los delitos relacionados
con las drogas. El hermano del mandatario Hernández, Juan Antonio “Tony”
Hernández fue detenido el 23 de noviembre de 2018 en el aeropuerto de Miami,
(E.E.U.U). Devis Leonel Rivera Maradiaga, líder del cártel de la droga
hondureño Los Cachiros, que esta detenido en Estados Unidos, lo esta acusando
de estar involucrado en el narcotráfico. Tony Hernández hizo contrabando con
toneladas de cocaína a los Estados Unidos.
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| Protestas en San Pedro Sula Foto: Radio Progreso |
A pesar de la
manipulación electoral y el tráfico de drogas por parte de altos funcionarios y
familiares, Hernández cuenta con el respaldo de Estados Unidos. El Comando Sur
de Estados Unidos (Southcom), responsable de las operaciones militares en
América Latina, mantiene el cuartel general de una Task Force Bravo -una unidad
especial de Southcom - en la Base Aérea estadounidense Soto Cano (en Palmerola,
Honduras). En los últimos años, se han establecido cuatro bases
militares adicionales de los Estados Unidos en Honduras. El 22 de enero de 2019
(un día antes del intento de golpe de estado en Venezuela) Craig Faller, jefe
del Comando Sur, se reunió con Fredy Díaz Zelaya, actual ministro de Defensa,
para discutir “asuntos de seguridad y la paz” en la región.[2]
El balance del año
pasado salió mal: El ejército y la policía tomaron medidas contra las protestas
utilizando gas lacrimógeno y balas vivas. Más de 33 personas fueron asesinadas
durante las protestas postelectorales.[3] Muchos de estos asesinatos
fueron perpetrados de manera demostrable por la policía militar y hasta ahora
han quedado impunes. Regiones en las que la población protesta contra proyectos
ilegales como las centrales hidroeléctricas y la minería han sido
militarizadas.
Diputados y
funcionarios del partido en el gobierno, el Partido Nacional, están
involucrados en varios escándalos de corrupción. Al hacerlo, se dice que han
gestionado millones de fondos públicos en sus propios bolsillos a través de
organizaciones no gubernamentales creadas especialmente para ello. Según un
estudio de la ONG Fosdeh, el número de hondureñas y hondureños que viven en la
pobreza y la extrema pobreza aumentó drásticamente entre 2010 y 2018.[4]
A estos escándalos se
suma el alto nivel de violencia. Sólo en los primeros 15 días de 2019 se
llevaron a cabo ocho masacres en las que murieron 27 personas.[5]
Otro indicio de la
crisis son las miles de hondureñas y hondureños que hasta ahora, en cuatro
caravanas, han marchado hacia a los Estados Unidos en busca de seguridad y
trabajo. Hasta el 20 de enero partió un cuarto grupo de alrededor de 400
personas de la ciudad norteña de San Pedro Sula hacia Guatemala.[6]
