Por Kirstin Büttner y Daniela Dreissig en iz3w N° 373
Traducción: Daniela Dreissig
Cuando el entonces presidente de Honduras Manuel Zelaya, intentó implementar una consulta popular el 28 de junio de 2009 para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, la élite conservadora con la ayuda de los militares realizaron un golpe de Estado. Diez años después el país sigue en una profunda crisis. La pobreza, la violencia y la corrupción dominan la vida cotidiana. ¿Cómo reaccionó la población?
Protestas postelectorales en Tegucigalpa diciembre 2017, Foto: Luis Méndez
El aumento en el salario mínimo, los subsidios para los pequeños agricultores, la intervención en la política de tasas de interés bancarias y la adhesión a la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA) condujeron a Zelaya a simpatizar con gran parte de la población. Alimentando los temores del chavismo y el inminente comunismo, las élites conservadoras se opusieron a él. Con el respaldo de los Estados Unidos, lideraron un golpe militar. Como presidente del Parlamento, Roberto Micheletti, un representante del espíritu empresarial tradicional, asumió los asuntos del gobierno.
Después de veinte años de silencio, el poder militar recuperó su autoridad, asegurando sus intereses en casi todas las áreas de la sociedad. Desde 2011, el Consejo de Seguridad Nacional dirigido directamente por el Presidente ha coordinado todas las acciones judiciales, policiales y militares desde un mismo órgano. Fundada en 2013, la policía militar ha asumido tareas de "orden público"y es principal responsable de violaciones de derechos humanos. El gasto en el presupuesto de defensa se ha cuadruplicado en los últimos doce años.
Inicialmente, el golpe fue rechazado por la mayoría de la "comunidad internacional" pero se inició rápidamente un entendimiento con el nuevo régimen. Al poco tiempo se firmaban de nuevo acuerdos y siguieron pagando fondos para el desarrollo.
Crimenes de odio en el Narco-Estado
Para Jari Dixon, diputado del partido de izquierda “Libertad y Refundación”, las consecuencias sociales del golpe superaron lo imaginable: "En 2009, tuvimos una deuda externa de $ 3.200 millones, hoy son más de $ 15.000 millones. Actualmente más del 70 por ciento de la población vive en pobreza, más de la mitad de ellas en pobreza extrema. La migración es mucho más obvia hoy que hace diez años ". La activista trans Shirley Mendoza, abandonó Honduras en 2017 por continuas amenazas de muerte: "La primera víctima del golpe fue la activista trans Vicky Hernández. Los casos de crímenes de odio relacionados con el género y la orientación sexual se hicieron más frecuentes. Mientras tanto, más de 300 personas LGBTI han sido asesinadas desde el golpe ".
La corrupción sin límites y el crimen organizado tienen una gran influencia en la política y la sociedad. En 2015 la malversación de más de $ 300 millones del sistema de seguridad social hondureño se hizo pública, el mayor escándalo de corrupción del país. Según las investigaciones de la fiscalía, en 2013 ese dinero estaba fluyendo hacia la campaña electoral del actual partido gobernante, el Partido Nacional de Honduras. (PNH). Como resultado de las protestas masivas, se estableció la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), para investigar casos de corrupción como organismo internacional. Está bajo los auspicios de la OEA (Organización de Estados Americanos) y es financiado entre otros por Suiza, Alemania y los Estados Unidos. Su trabajo y accionar ha sido muy limitado, pero en el momento de su formación condujo a reducir la tensión social.
Dixon señala que Honduras es un narco-estado: "Después del golpe de Estado, el narcotráfico ha extendido su influencia. La lista de personas involucradas llega a los más altos círculos gubernamentales y militares. El hijo del ex presidente Porfirio Lobo y el hermano del actual presidente Juan Orlando Hernández están presos en Estados Unidos por tráfico de drogas ". Recientemente el ministro de seguridad Julian Pacheco fue señalado en la fiscalía del estado de Nueva York.
Las grandes ganancias se esperan en la privatización de los recursos naturales. Casi un tercio del territorio del estado hondureño ya esta concesionado. En los proyectos relevantes de minería, energía y turismo también se involucran a compañías internacionales y bancos de desarrollo. Estos proyectos que tratan de aparecer legales se complementan con la tala ilegal y el cultivo de palma africana. Con la privatización de la Empresa Nacional Estatal de Energía (ENEE) se cumplió una "recomendación" del FMI. Contra estos proyectos se organiza la resistencia generalizada de la población que lucha por su tierra y su existencia. Sin embargo los militares y la policía lo aplican de manera rígida y no tienen nada que temer, incluso por las violaciones de derechos humanos.
Para Magda Díaz del Movimiento Amplio (MADJ), el golpe cambió su vida: "Estoy en luto por mi marido, asesinado por los militares. Al mismo tiempo estoy luchando en contra de esta dictadura asesina, que militariza todo que están destruyendo nuestros derechos básicos, nuestra naturaleza, nuestros bosques y nuestros ríos. Coordino comunidades en contra de estos proyectos y empresarios que solo alimentan conflictos entre los vecinos ".
Asesinar impunemente y engañar
El asesinato de la reconocida activista ambiental Berta Cáceres el 2 de marzo de 2016 causó una protesta mundial. Ella había luchado contra el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca con las comunidades indígenas (vea iz3w N° 342). Entre los asesinos y los intermediarios condenados en enero de 2019 se encuentran ex empleados de la compañía de represa (Desarollos Energéticos S.A.) un militar activo y ex militares. Víctor Fernández, defensor de la familia Cáceres, resume: "La vinculación del poder político/económico con el apoyo del ejército, es más que visible y de ahí viene produciendo toda esa maniobra de golpismo para mantener el poder". Según Global Witness Honduras es el país más peligroso del mundo para lxs ecologistas, desde el golpe de Estado han sido asesinados 123 de ellos. Además, numerosos asesinatos de activistas de movimientos sociales y periodistas críticos”.
Los golpistas no habían contado con las protestas duraderas del movimiento de resistencia y las reprimieron fuertemente desde el inicio. El periodista Cesario Padilla mira hacia atrás: "¿Qué pasó entonces? - los asesinatos políticos, el cierre de estaciones críticos, la represión de las protestas diarias. Es increíble cómo pasan diez años y solo queda la palabra impunidad. No hay respuestas a tantos asesinatos políticos, se quedan en impunidad".
El régimen no teme las críticas de la comunidad internacional. Las elecciones presidenciales de 2017 fueron ensombrecidas por la reelección inconstitucional de Hernández. Recordar que la sospecha de una nueva candidatura, le costó a Zelaya ocho años antes, su cargo presidencial. En el recuento de votos en donde el candidato de la oposición Salvador Nasralla se encontraba delante de Hernández, hubo muchas irregularidades. Por las protestas masivas de la población llegó la imposición de un estado de emergencia. Hernández fue declarado como ganador por el Tribunal Supremo Electoral.
Crucial fue el reconocimiento del ganador de las elecciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. El día anterior, Honduras votó en el Consejo de Seguridad de la ONU para Jerusalén como capital de Israel. A pesar de la opinión independiente de la Universidad de Georgetown, que mostró claramente un fraude electoral, la Unión Europea también vio cómo las protestas fueron brutalmente aplastadas. Según el informe de la ONU, 23 personas murieron por disparos de las fuerzas de orden público y más de mil fueron arrestadas.
Un socio confiable
A pesar del fraude electoral, los vínculos obvios entre el gobierno, el crimen organizado y el éxodo masivo de la población, Hernández es aceptado por los Estados Unidos como un socio confiable. A cambio, sirve a los intereses de Washington. En la base de la Fuerza Aérea de Palmerola, se mantiene al Comando Sur de los EE. UU. Responsable de las operaciones militares en América Latina y la unidad especial Task Force Bravo que realiza operaciones como servicios secretos.
Hoy todas las instituciones hondureñas están bajo el control del ejecutivo. Sólo el activismo de la población se mantiene en el pulso democrático. Desde 2018 miles de hondureños se han visto obligados a dejar su país en busca de seguridad y trabajo. Al mismo tiempo las comunidades se organizan en contra de proyectos extractivistas y consiguen paralizarlas, al menos parcialmente. En el departamento de Atlántida los proyectos hidroeléctricos y mineros fueron detenidos por los bloqueos de calle de campamentos pacíficos. En abril de este año las protestas masivas contra las leyes de privatización en los sectores de educación y salud empezaron a frenar las criticadas “reformas”.
El abogado Víctor Fernández concluye alertando de que no existe un contrapeso a los procesos antidemocráticos en Honduras: "La comunidad internacional solo está comprometida con sus propios intereses y está haciendo todo lo posible para "normalizar" la situación. La única resistencia es la de la población ".
