por Domingo Marín, publicado en la revista alemana ILA, febrero 2017, Ed. 402
En Honduras todo el mundo se escandaliza porque alguien pinta una
pared pero nadie dice nada cuando el gobierno mancha de sangre las calles.
Con José Guadalupe Ruelas (JGR), coordinador de Casa Alianza, hablaron lxs
integrantes de la HondurasDelegation (HD) sobre violencia contra la niñez,
migración de menores no acompañados y militarización en diciembre 2016.
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| José Guadalupe Ruelas; Fuente: HondurasDelegation |
HD:
En Honduras, la violencia contra la niñez se presenta en múltiples
manifestaciones; la violencia doméstica, las amenazas de maras y pandillas en
comunidades, la violencia institucional, así como la negación de oportunidades
de estudio y limitaciones de acceso a servicios de salud de calidad, están afectando
en particular y de forma creciente a los
Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Según datos de Casa Alianza Honduras (CAH)
desde 1998 se han contabilizado 11.784 casos de ejecuciones arbitrarias y/o
muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, de las cuales
2.490 han tenido lugar durante el actual gobierno, con un promedio mensual de
74. El 98% de estas muertes quedan en total impunidad (1).
HD:
Casa Alianza Honduras (CAH) es una organización no gubernamental que forma
parte de Covenant House International. Con una trayectoria de 29 años, se
dedica principalmente a brindar protección y oportunidades de desarrollo a
niños y niñas en graves situaciones de riesgo y desamparo. Menores que viven en
las calles, que han sido víctimas de violencia (malos tratos, abusos,
explotación sexual y laboral) y
actualmente niños que han sido deportados después de migrar a EEUU. ¿Como
se entiende el trabajo que esta llevando a cabo CAH?
JGR: “Con los chicos hacemos una
alianza, esa es la razón de nuestro nombre. Nosotros ofrecemos una serie de
oportunidades y los niños se comprometen a hacer un plan de vida que tiene
metas a corto, medio y largo plazo. Nuestra función es mantenerlos motivados
para que sigan trabajando en su plan de vida por medio de diferentes programas
dirigidos a protegerlos, capacitarlos y reorientarlos. Cada año trabajamos con
un promedio de 1.000-1.500 NNA en los diferentes programas, escuchamos sus
historias y vemos tendencias en lo que les está pasando. Creamos el programa Observatorio
de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras con el propósito
de visibilizar la problemática de NNA en el país, promover la investigación y
hacer incidencia en políticas públicas, denunciando las violaciones de Derechos
Humanos que sufren los NNA y sus familias. Realizamos un informe mensual y
documentaciones especiales sobre el derecho a la educación, a la salud, a la
protección y la vida de NNA.
HD:
Datos oficiales del gobierno estadounidense indican que fueron detenidos en la
frontera sur de los Estados Unidos 10,468 hondureñas y hondureños menores de 18
años que viajaban solos, con un promedio mensual de 872 detenciones. Para el
2016, la detención de NNA migrantes no acompañados de origen hondureño se
incrementó en un 93% respecto al 2015. (2) ¿Cuáles son las causas que mueven
a los menores a migrar de forma tan masiva?
JGR: “Huyen en general de la pobreza porque en Honduras según el
Instituto general de estadística, el 29,8% de la población no tiene
posibilidades de subsistencia. Este es un indicador dramático, más de 2
millones de hondureños no pueden subsistir porque no hay medios para hacerlo.
Pero también es por falta de oportunidades; no hay acceso a salud,
educación, protección y recreacción.
Además, estamos frente a un esquema de violencia que nunca antes habíamos
vivido. Después del 2010 los niveles de violencia se han incrementado por
varios factores. Por un lado, la irrupción del crimen organizado, que ha
corrompido a sectores políticos, empresariales, militares y policiales. Si el
crimen organizado fuera una caricatura yo lo dibujaría como un pulpo; un
tentáculo serían las maras, otro serían los policías, militares, empresarios,
políticos y alcaldes. Y frente a este problema de violencia que se ha dado en
Honduras, tenemos una estrategia de seguridad equivocada que privilegia la
inversión militar. Nuestro gobierno piensa que en el país hay una serie de
criminales, a los que hay que capturar y meterlos en la cárcel para que todos
vivamos en paz. Prevención es mandar militares y policías a patrullar y hacer
controles indiscriminados en los barrios empobrecidos para vigilar a la gente,
con la lógica de -si vigilamos a la gente entonces se van a portar bien-, pero
en la práctica atemorizan a la población sin resolver el problema. Un ejemplo;
nosotros vamos a los barrios y colonias utilizando el arte para prevenir la
violencia, repartimos pinceles y aerosoles para pintar en los muros. Mientras
en el batallón, están formando a los militares diciendo- a las personas que
están metidas en maras y pandillas, les gusta
dibujar en las paredes. Nosotros les enseñamos a pintar y el Estado
enseña a los soldados a capturarlos porque pintan.”
HD:
Desde 2014 el gobierno ha impulsado el programa “Guardianes de la Patria”
dirigida a la infancia para la prevención de la violencia generada por maras y
pandillas. ¿Cómo ve usted esta iniciativa?
JGR: “Las maras están reclutando a NNA para convertirlos en
criminales. En respuesta a esto el gobierno cree que es mejor que los reclute
el Ejército para hacerlos ciudadanos disciplinados y buenos. El programa
gubernamental Guardianes de la Patria tiene como meta instruir 25.000 NNA cada
año, y en mi opinión es una mala estrategia de prevención. El Ejército lleva a
los niños de barrios pobres a los batallones, los alecciona, les pone incluso
armas en sus manos, hacen ejercicios meramente castrenses y trabajan con un
manual “pedagógico” que no tiene nada de pedagógico. Es un programa que
militariza la educación, el sentido del diálogo y del orden, además atenta
contra el protocolo de la Convención de los Derechos del Niño que Honduras ha
firmado y genera miedo en las comunidades; porque cuando regresan a sus
barrios, los menores son interrogados por miembros de maras preguntando; ¿Qué
dijeron? ¿Qué hablaron? No cabe duda que las maras y pandillas son un detonante
altamente explosivo en los barrios, siguen teniendo sus estructuras de
afiliación, rencillas y tensiones pero hoy por hoy han mutado a ser parte del
crimen organizado trasnacional más que ser las protectoras de un territorio
llamado barrio.”
HD: ¿Cómo valora la creciente
estrategía de militarización que aplica el Estado y qué alternativas plantea
Casa Alianza?
JGR: “Frente al número de pandilleros estimado entre 5.000 y
30.000, sin saber cuantos son exactamente. La verdad es que hay 12.800 policías
y 15.500 militares, 9.000 de ellos ocupados o empleados en la policía-militar
de orden público. Además de 120.000 miembros de seguridad privada. Una cantidad
sumamente desproporcionada frente a miembros de seguridad pública. También está
el tema de la tecnología; se vende un gran número de patrullas, cámaras de
seguridad y armas. Es un gran negocio, según Insigh Crime (periódico digital
estadounidense) durante el 2014 el Estado gastó unos 200 millones de dólares en
extorsiones, además la población pagó 350 millones en materia de Tasa de Seguridad, más 650
millones de dólares en salarios de guardias de seguridad privada. En total
suman más de 1.000 millones, con esa cifra podríamos darle educación secundaria
a todos los NNA de Honduras. Por tanto, estamos invirtiendo mal, tenemos una
fuerte contraposición entre políticas y programas. Por ejemplo, con fondos de
la cooperación los campesinos se organizan y defienden sus territorios, los
estudiantes salen a la calle a defender sus derechos, y con el mismo dinero de
la cooperación entrenamos a la policía para reprimir a la gente en las calles.
Fruto de esta situación tenemos una ciudadanía amedrentada y hostigada pero hay
que recalcar que a pesar de todo no está débil, según el Sistema Estadístico
Policial en Línea (SEPOL); solo en Tegucigalpa durante el año 2015 hubo más de
260 manifestaciones, eso demuestra que la población está reivindicando pero no
es escuchada. Tenemos un gobierno que no ve a los ciudadanos como actores con
quien hablar o con quien trabajar, sin embargo se defiende reprimiendo,
amenazando y estigmatizando. Desde CAH pensamos que en Honduras tenemos que
invertir más en prevención, pero una prevención entendida desde la recuperación
del espacio público y el tejido social. El mensaje actual en la sociedad es;
-si a usted le asaltan no haga nada-, lo cual tiene lógica. Pero el mensaje que
proponemos es; - antes de que lo asalten, hable con su vecino, póngase de
acuerdo con la gente para hacer un mapa de su barrio, establezcan mecanismos de
comunicación, de recuperación del espacio público, de los parques, de las
calles, etc. No basta solo con la prevención, es necesaria la rehabilitación de
esos procesos de violencia y la creación de mecanismos de protección de las
víctimas. Buscando soluciones a este conflicto nos damos cuenta que una
estrategia profunda de seguridad no puede ser responsabilidad exclusiva de la
secretaría de seguridad o de defensa. Tenemos que pensar en procesos
pedagógicos, terapéuticos, de
regeneración de la persona y para esa estrategia seria esencial
involucrar secretarías gubernamentales como educación, salud, arte y deporte.”
HD: ¿Qué papel juegan los
organismos internacionales ante la grave situación de derechos humanos?
JGR: “Vivimos en un Estado que hace una promesa y se ríe de ella,
pero al mismo tiempo hay una cooperación y organismos internacionales que no
parece importarles. En el exterior se propicia la promesa de que el Estado de
Honduras va a retirar los militares de las calles (como se dijo en la ONU en
2015) pero dentro, se está reforzando la presencia militar y se está
consolidando un esquema de criminalización de defensores y defensoras de DDHH.
Tenemos una ciudadanía atemorizada, unas instituciones débiles, y unos organismos internacionales que simplemente están
cómodos, tomando café con la burocracia estatal. Los organismos de cooperación
internacional dicen; -queremos una ciudadanía que hable claro, que se organice y reclame sus derechos-, pero
cuando esta ciudadanía habla claro y reivindica sus derechos, es reprimida y
golpeada. Estos mismos organismos guardan silencio como cómplices cobardes ante el asesinato de defensores de DDHH, de
niños o frente a la alarmante emigración de personas a causa de la violencia en
el país. Se hace crítica a la gente por dar limosna porque así solo lava su
conciencia, y a veces uno piensa que desde la cooperación ocurre lo mismo,
cooperación para lavar conciencias mientras aquí hay un baño de sangre.”
HD: ¿Han sufrido hostigamiento
debido a la incidencia que CAH produce?
JGR: "Casa Alianza ha tenido desde hace muchos años las mismas
posiciones,; que hay escuadrones de exterminio, que se necesita invertir en
educación, que hay explotación sexual de niños y violencia contra la niñez. Lo
que ha incrementado es la hostilidad por parte del gobierno; en 2014 recibí una
golpiza por varios policías, seguido de una campaña de desprestigio en medios
de comunicación que me dolió más que los golpes, y eso quedó en total
impunidad. En San Pedro Sula empleados estatales llegaron al punto de decomisar
una impresora, alegando que la usábamos para imprimir denuncias. Seguimos
recibiendo fuertes críticas, intimidaciones y amenazadas veladas, pero
observando a los niños con los que trabajamos, uno se inspira y se da cuenta
que este trabajo vale la pena. En un solo día un niño puede ser golpeado,
asaltado, asesinado por el Estado o por otras personas quedando impunes. Y sin
embargo, los niños en estas condiciones son capaces de luchar y salir adelante
con esperanza.”
(1) Informe Mensual
Octubre de 2016.Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en
(2) Niñez y migración
en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9927.pdf?view=1
