Del 21 de noviembre al 8 de
diciembre se realizó una delegación de la Red solidaria
independiente europea “HondurasDelegation”. La Red se formó un
año después del golpe de Estado de 2009. La 5º misión de la
HondurasDelegation se ha enfocado especialmente en los impactos de la
economía neoliberal global hacia las comunidades indígenas y
movimientos sociales.
El objetivo de este informe es
difundir la situación de los Derechos Humanos de Honduras en
diferentes medios de comunicación y presentarlo ante el Parlamento
Europeo y otros organismos nacionales e internacionales. Visitamos en
la zona central y norte del país alrededor de 18 diferentes
organizaciones, como por ejemplo Casa Alianza, Asociación ARCOIRIS,
COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de
Honduras), para conocer la coyuntura políticosocial actual y los
desafíos que enfrentan.
En el transcurso del viaje nos
reunimos en el departamento de Colón con comunidades Garífunas
organizadas en OFRANEH, comunidades Tolupanes del departamento de
Yoro coordinadas con MADJ (Movimiento Amplio Dignidad y Justicia) y
comunidades Lencas de la organización COPINH (Consejo Cívico de
Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras), en el
departamento de Intibucá.
En nuestra visita hemos
identificado dos constantes que afectan a la mayor parte de las
organizaciones que visitamos y que traen como consecuencia la
reducción de espacios para los actores de articulación
políticosocial.
• Impactos locales de la economía
neoliberal global a través de inversiones de capital multinacional
Los casos mas emblemáticos que
enfrentan las comunidades visitadas en la Bahía Trujillo, son
las inversiones turístico-residenciales (mayoría de capital
Canadiense), la instalación de una refinería de petroleo en
territorios Garífunas y la implementación de ZEDE (Zonas de Empleo
y Desarrollo Económico), mejor conocidas como “ciudades modelo”.
El impacto directo que causan estos proyectos es la usurpación
de las tierras comunales del pueblo Garífuna, que significa el
desalojo forzado y la desaparición de sus comunidades.
En el departamento de Yoro, las
comunidades Tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa sufren
las consecuencias de la explotación ilegal de sus bosques por
empresas madereras y la extracción clandestina de yacimientos
de Antimonio por empresarios mineros. Por el hecho de oponerse a
estas prácticas 17 indígenas tolupanes han sido asesinados.
La construcción de la
hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA (Desarrollo
Energéticos s.a.) eliminaría las tierras fértiles y restringiría
el acceso al río amenazando la supervivencia de las
comunidades de Rio Blanco. El proyecto está financiado por el
FMO (Banco holandés de desarrollo), la Institución financiera
finlandesa FINNFUND y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración
Económica). Voith-Hydro, la empresa alemana cuyo mayor accionista es
Siemens, entregará las turbinas al proyecto. La imposición de Agua
Zarca sin una consulta previa, libre e informada, ha roto el tejido
social de las comunidades, incrementando los niveles de violencia por
parte de policía, militares, seguridad privada y sicarios. Las
comunidades afectadas que se oponen al proyecto han sufrido
persecución, intentos de asesinato, amenazas de muerte contra lxs
defensorxs y sus familias. Varios Lencas como el líder indígena
Tomas García (2013) y la coordinadora de COPINH Berta Cáceres
(2016) fueron asesinadxs. La mayoría de estos actos han quedado
impunes.
• Difamación sistemática y
criminalización de periodistas y defensorxs de Derechos Humanos
Representantes de las
organizaciones visitadas nos revelaron la constante intimidación y
criminalización por su trabajo. Por tal razón corren graves riesgos
que afectan a su vida diaria por su desempeño público en la defensa
de los Derechos Humanos. Muchos de ellos se ven obligados a vivir
escondidos, cambiar de residencia periódicamente, alternar las rutas
de desplazamiento cotidianas debido a secuestros, robos selectivos a
sus oficinas, atentados directos y torturas.
Se genera un ambiente hostil y
miedo a expresarse libremente en público. Diferentes medios de
comunicación y declaraciones de funcionarios del gobierno han sido
participes de campañas de difamación contra organizaciones e
individuos.
Tomamos testimonio de la
criminalización contra comunidades Indígenas y Garifunas que
participan en procesos de recuperación y defensa de su territorio
ancestral. Durante el recorrido hemos contemplado una sociedad civil
organizada, comprometida con la población vulnerable en la lucha y
en la construcción por una sociedad justa, democrática, abierta y
transparente.
Compartimos su perspectiva de una
sociedad plural inclusiva donde todos los actores de la sociedad
civil actúen y se expresen libremente; una sociedad libre de
violencia que convive en interculturalidad, que cultiva el diálogo,
espacios creativos y abiertos.
Por ese motivo exigimos al Estado
Hondureño:
• La plena aplicación del
Convenio 169 de la OIT que honduras ratificó en 1995, tomando en
cuenta las propuestas de las comunidades indígenas respecto a su
reconocimiento sobre los títulos ancestrales y el respeto
incondicional a la autonomía que conduce a una economía
sustentable, desde la cosmovisión y propio concepto de desarrollo de
las comunidades indígenas y Garífunas.
• Parar la constante
difamación y criminalización por parte de instituciones y
funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos
originarios por el motivo de defender sus derechos. Cese inminente de
la persecución contra las comunidades organizadas que buscan a
través de acciones de recuperación territorial, garantizar su
existencia.
• Cumplimiento pleno de las
medidas de protección otorgadas por la CIDH (Comisión
Interamericana de Derechos Humanos) para defensoras y defensores de
Derechos Humanos en consenso y según las necesidades especificas de
las personas a quienes se les otorgaron las medidas.
• Hacer cumplir la reciente Ley
de Protección para lxs Defensorxs de Derechos Humanos, Periodistas,
Comunicadorxs Sociales y Operadorxs de Justicia (2015).
• No aprobar el Articulo 20
del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del
delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y
personas defensoras de los ríos como criminales.
• Permitir e instaurar una
comisión internacional independiente que investigue el asesinato de
Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los responsables
intelectuales del asesinato.
Además exigimos a los organismos
internacionales:
• Detener las inversiones
extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos, destruyen el
medio ambiente e ignoran convenios internacionales.
• Cuestionar la cooperación
internacional en favor de una política coherente con el respeto a
los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.
• No financiar instituciones del
Estado hondureño que tienen un largo antecedente de negligencia e
impunidad. Como por ejemplo el programa “EUROJUSTICIA” de la
Unión Europea, el cual otorga grandes cantidades de dinero a un
sistema de justicia altamente contovertido.
• Crear espacios y fomentar
diálogos ínter-institucionales en todo el país, entre sectores
gubernamentales y la sociedad civil hondureña.
Agradecemos profundamente a todas
las organizaciones y comunidades que nos han recibido y acogido en
nuestro recorrido.
HondurasDelegation Tegucigalpa
(Honduras) 9 de diciembre 2016
