El golpe de Estado en junio de 2009 otorgó a la élite empresarial y a las compañías transnacionales en Honduras tanto el acceso ilimitado a ríos, montañas y bosques como también a los legisladores. Apenas siete semanas después del golpe, el régimen de transición aprobó la Ley General de Agua, que prevé la privatización de los recursos hídricos mediante el otorgamiento de concesiones a empresas privadas. En el año 2010 se otorgaron numerosas concesiones para centrales hidroeléctricas y proyectos mineros que tienen un plazo de 20 a 25 años, pueden ampliarse por hasta 50 años y pueden revenderse a otros compradores interesados.
Según Elisa Paz, presidenta de la Asociación
Hondureña de Energía Renovable (AHER), actualmente hay 41 proyectos
hidroeléctricos que generan alrededor de 300 megavatios y la tendencia esta en aumento. Las 7 centrales
estatales producen mas de 464 megavatios.
Con los planes de desarrollo nacional (Plan
Nacional y Visión de País) pretenden conseguir hasta 2038 que la producción
energética total venga de fuentes de energía renovable en un 80%.
Junto a la ley de aguas existen otros 8
reglamentos (como las áreas de protección forestal, energía renovables o agua
potable) con las que se pretende regular el uso del agua. Cada área trata de
proteger los intereses de su propio sector, sin tener un concepto
integral. También las empresas mineras
tienen gran interés en los recursos hídricos. Así en 2013 el Congreso aprobó la
nueva Ley de Minería, que, además de la reimplantación de la malsana
explotación minera, no impone restricciones al uso del agua. Hasta el momento,
se han otorgado unas 300 licencias de exploración y uso para la minería. Un
estudio de Greenpeace sobre el consumo de agua de una mina, como ejemplo en
Argentina, demuestra que se consumen más de nueve millones de litros por día.
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| Caminata de la población del sector Pajuiles al lugar de la construcción ilegal "Los Planes" en 2017 Foto: Darwin Alachán |
Particularmente atractiva es la construcción de pequeñas centrales
hidroeléctricas. Por un lado, las empresas operadoras reciben financiamiento
más fácil, por otro lado, están acompañadas por el mito de que los proyectos
más pequeños son más amigables con el medio ambiente. Pero eso no justifica la
crítica. Como dice Víctor Fernández, abogado del MADJ (Movimiento Amplio por la
Dignidad y la Justicia, MADJ), - "múltiples pequeñas centrales hidroeléctricas
destruyen el ecosistema de un río de igual forma que las grandes represas."
Además, a la población se le niega el acceso a los ríos. Por lo tanto, está
restringiendo del suministro de agua potable y ni siquiera la población es
beneficiaria de la electricidad generada, continuó Fernández. La electricidad
se usa principalmente los lugares industriales del norte del país y en los
proyectos mineros. A nivel regional, los caudalosos ríos hondureños son de gran
interés para Sistema de Interconexión Eléctrica de los Países de América Central (SIEPAC). La ruta energética se
extiende desde México hasta Panamá y es la sucesora del tan criticado Plan
Puebla Panamá. Los gobiernos esperan que esto permita la creación de más zonas
de producción.
Muchos proyectos hidroeléctricos en Honduras
no están legitimados, en muchas regiones existen conflictos sobre los recursos
hídricos desde hace tiempo. La resistencia de las comunidades Lencas a la
construcción ilegal de la central hidroeléctrica Agua Zarca en el departamento
de Intibucá y el asesinato de la defensora ambientalista indígena Berta Cáceres
en 2016, atrajeron la atención internacional. El caso es emblemático entre las
muchas disputas relacionadas con el agua que están teniendo lugar en Honduras y
en toda América Latina. Como siempre, los asesinos y los que ordenan el
asesinato no son condenados. Esta claramente reconocido el involucramiento de empleados
de la compañía operadora, tanto de personal militar en activo como de
ex-militares, por la influencia de gran capital financiero. El inicio del
juicio contra los primeros ocho acusados en septiembre de 2018 deja sus sombras
de antemano.
El departamento de Atlántida al norte del país
es rico en agua durante todo el año, 73 ríos y arroyos desembocan en el Océano
Atlántico después de descender de la “Cordillera Nombre de Dios”. Esto
despierta la codicia de empresarios que no necesitan preocuparse por el respeto
de los derechos humanos en Honduras. Así como la pequeña central hidroeléctrica
en el río Los Planes Mezapa, municipio de Tela,
con una capacidad prevista de 1,5 mega-vatios. Un buen ejemplo de desprecio
contra la población local, manipulación de la legislación nacional, las normas
ambientales y de derechos humanos.
El empresario hondureño Jason Hawit recibió en
2010 con su compañía Hidroeléctrica Centrales El Progreso (Hidrocep) tanto la
concesión como el permiso de explotación por la Empresa Nacional de Energía
Eléctrica (ENEE). Un estudio realizado por MADJ en el mismo año informó sobre
sobornos a representantes de la comunidad hechos por Hawit, para obtener una
aprobación rápida de su proyecto. El río Mezapa es el principal suministro de
agua potable y abastece a unos 20.000
habitantes. En 2016, el entonces alcalde Mario Fuentes del municipio de Tela
dio su consentimiento al proyecto sin tomar en cuenta el rechazo de la
abrumadora mayoría de los residentes en el cabildo abierto que se realizó. La
construcción comenzó con la tala de cientos de árboles que produjó una rápida
sedimentación del río aguas abajo. Seguidamente comenzaron a aprecer muchos
casos de diarrea y enfermedades de la
piel causadas por bacterias tóxicas. El coordinador de MADJ y el abogado Martín
Fernández explica por qué la construcción es ilegal: “En primer lugar, viola la
Constitución, porque el agua es un bien público común y no puede ser
privatizada, en segundo lugar, se ignoró el fallo judicial para las comunidades
afectadas por “Los Planes“ y eso viola la ley comunitaria.”
El equipo de abogados del MADJ interpuso
múltiples denuncias. En enero de 2017, el técnico de la Fiscalía Especial del Medio Ambiente
Randy Mejía inspeccionó los daños que la empresa ha provocado en el río. En la
noche del mismo día desconocidos dispararon contra su carro, debido a este
suceso tuvo que abandonar el país con su familia. En marzo de 2017, pobladores
comenzaron un campamento de protesta pacífica en el sector de Pajuiles, que
bloqueó el paso de vehículos para la construcción y suministro de la central
hidroeléctrica.
A esto siguieron los ataques violentos de los
empleados de Hidrocep contra los opositores de la central hidroeléctrica y los
desalojos violentos de la policía y el ejército. Para la vigilancia sin permiso
del campamento se utilizaron drones. Las buenas relaciones de Hawit con
políticos y funcionarios del poder judicial son evidentes, la administración
municipal de Tela tiene un trato exclusivo por los intereses del empresario. La
fiscalia investigó exclusivamente las denuncias de Hidrocep en contra de
manifestantes visibles y fueron criminalizados con demandas judiciales. Al
mismo tiempo, no tomaron en cuenta las denuncias interpuestas por el equipo de
abogados del MADJ. Los agresores claramente identificados, del ataque violento
del 4 de agosto de 2017, donde el abogado Martín Fernández y el activista
medioambiental Óscar Martínez resultaron gravemente heridos, siguen en libertad
hasta hoy. Además, las fuerzas de seguridad del Estado actúan específicamente
para proteger los intereses de Hawit. A principios de mayo de 2018, alrededor
de 300 agentes acordonaron la vía de acceso y lo escoltaron junto con su
maquinaria hasta el lugar de construcción de la hidroeléctrica.
En un proceso de diálogo, con representantes
del Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y la Embajada de los Estados
Unidos, no se logró la despenalización de las protestas ni parar la
construcción del proyecto.
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| El 3 de mayo 2018 un contingente de policias desalojo violentamente el campamento pacifico. Foto: MADJ |
Un detalle importante es el papel de las
empresas y los bancos internacionales. En el caso de la central hidroeléctrica
'Los Planes', resultó que la empresa austriaca 'Geppert Hydropower' suministra
las turbinas. Compañías privadas como 'Geppert Hydropower' aprovechan que el
sector está en crecimiento para suministrar turbinas y otros equipos. No puede
pasarse por alto la similitud con el caso 'Agua Zarca'. Entre otros, el banco
de desarrollo holandés FMO y el BCIE proporcionaron fondos, y las turbinas
debían ser suministradas por Siemens / Voith-Hydro. Claramente, estos actores
internacionales tienen una responsabilidad compartida por las graves
violaciones de derechos humanos en Honduras cuando se trata del agua y otros
recursos. Queda por verse cómo decidirá el Tribunal de Apelaciones de
Tegucigalpa: si la población obtiene el derecho al agua y se detiene a los
responsables de la destrucción ambiental o si el modelo rentable de pseudodesarrollo vuelve a funcionar.
