Desde mayo de 2016, el Ministerio Público tiene en su poder una serie de
artículos que fueron decomisados en allanamientos a las viviendas de las
personas imputadas y a las oficinas de la empresa DESA, tales como teléfonos celulares,
memorias USB, cámaras fotográficas, tabletas electrónicas, chips de celular,
discos duros extraíbles, computadoras e incluso armas y casquillos de bala. Sin embargo, 2
años después, el Ministerio sostiene que estos aparatos no han sido objeto de pericia, es decir, no ha habido una
investigación diligente y existe un riesgo de que el mero transcurso del tiempo
haya dañado la prueba.
Esta
situación fue informada por el Ministerio Público recientemente, pese a las
numerosas gestiones realizadas por el Consejo Cívico de Organizaciones
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y familiares de Berta Cáceres.
Hasta el
día de hoy, el Ministerio Público ha negado el acceso de las víctimas a la
información en, por lo menos, 35 ocasiones, y, aunque el Tribunal de Sentencia con Competencia Nacional Territorial en Materia Penal
le ha ordenado en múltiples oportunidades que entregue la información, este
órgano investigativo ha incumplido abiertamente la orden sin ningún tipo de
consecuencia legal.
Por su
parte, el Tribunal de Sentencia no ha aceptado que se considere al COPINH como
víctima del caso, limitando indebidamente la participación de este movimiento
en el proceso penal por el asesinato de su lideresa.
Esta
serie de irregularidades, que se han practicado de manera sistemática,
violentan el derecho de las víctimas a participar en todas las etapas del
proceso, limitan de manera injustificada su acceso a la información y
condicionan su búsqueda de verdad y justicia.
Ante esta
situación, las organizaciones firmantes consideramos inadmisible que el proceso
avance sin el análisis y la entrega de toda la información disponible. Como
sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los Estados tienen que “(...) asegurar que los
familiares (...) tengan pleno acceso y capacidad de actuar en todas las etapas
e instancias de dichas investigaciones y procesos, de acuerdo con la ley
interna y las normas de la Convención Americana”.
Adicionalmente,
según dicho Alto Tribunal, los Estados tienen “la obligación de remover todos
los obstáculos fácticos y jurídicos que puedan dificultar el esclarecimiento
judicial exhaustivo de las violaciones a la Convención Americana perpetradas en
este caso, el juzgamiento de los responsables y la debida reparación de las
víctimas”.
En
este caso concreto, la actitud negligente del Ministerio Público plantea serias
dudas sobre su voluntad real de esclarecer los hechos e identificar a todos los
responsables, en particular a los autores intelectuales.
Finalmente,
las organizaciones firmantes exhortamos a las autoridades hondureñas a
rectificar de inmediato sus actuaciones y recordamos que el asesinato de Berta
Cáceres Flores ejemplifica la violencia y la impunidad a la que se enfrentan
defensores y defensoras de derechos humanos al ejercer su labor en este país.
El Estado de Honduras tiene la obligación de investigar estos casos de manera
pronta, exhaustiva, independiente e imparcial.
Organizaciones firmantes:
8th Day Center for Justice
67 Sueños – Estados
Unidos
Agrupación Ciudadana por la Despenalización del aborto – El SalvadorAmnistía Internacional
Asociación Nicaragua en Duesseldorf – Alemania
Cadena de Derechos
Humanos Honduras – Alemania
Carea e.V – Alemania
Centro de Formación,
Sanación e Investigación Transpersonal Q’anil – Guatemala
Centro de Investigación
y Documentación Chile-América Latina – Alemania
Centro por la Justicia
y el Derecho Internacional (CEJIL)
Chinese
Progressive Association – Estados Unidos
Climate
Justice Alliance – Estados Unidos
Colectiva Feminista para el Desarrollo Local – El SalvadorCollettivo
Italia Centro América – Italia
Comité Campesino del
Altiplano – Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino
(CODECA) – Guatemala
Comité de Unidad
Campesina (CUC) – Guatemala
Comité por los derechos
humanos en América Latina (CDHAL) –
Canadá
Common Frontiers – Canadá
Corporate
Accountability Lab – Estados Unidos
Diakonia
Earthworks – Estados
Unidos
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
Federación de
Organizaciones Civiles y Asociaciones para el Desarrollo del Hábitat Popular
(FODHAP) – Guatemala
Fondo de Acción Urgente
para América Latina y el Caribe
Foro Honduras Suiza
Francia América Latina
– Francia
Front Line Defenders
Fundación para el
Debido Proceso
Grassroots
Global Justice Alliance
Grassroots
International
Green
Peace
Guatemala Human Rights
Comission USA – Estados Unidos
HEKS / EPER
Hijas e hijos por la
identidad y la justicia contra el olvido y el silencio H.I.J.O.S – Guatemala
Human
Rights Defenders Project – Estados Unidos
Indigenous
Environmental Network
Iniciativa
Mesoamericana de Defensoras (IM-Defensoras)
Instituto de
Investigaciones Interculturales y de Cooperación – Austria
International
Service for Human Rights (ISHR)
JASS
Mesoamérica
Latin America Task Force of the Interfaith Council for Peace &
Justice
La Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
Migrant Justice
“La Otra” Cooperativa
– Guatemala
MISEREOR
– Alemania
Network
in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) – Estados Unidos
Northern
Manhattan is Not for Sale – Estados Unidos
Oficina Ecuménica por
la Paz y la Justicia – Alemania
OXFAM
Peace
Watch Switzerland
Plataforma
Urbana – Guatemala
Protection
International
Red
Comunitaria Guatemalteca – Canadá
Right
to the City Alliance – Estados Unidos
Rights
Action
Seguridad en Democracia
SEDEM – Guatemala
Share
Foundation – Estados Unidos
Southern
Maine Workers Center – Estados Unidos
Todos
por Guatemala – Canadá
Unión Nacional de
Mujeres Guatemaltecas UNAMG – Guatemala
United
Electrical Workers of America – Estados Unidos
United
for Mining Justice – Canadá
UPROSE – Estados Unidos
Women’s Organizing
Network – Estados Unidos
