Los derechos
humanos y la libertad de acción de la comunidad LGBTI en Honduras
Después del golpe de
estado de 2009 se multiplicaron las noticias sobre homicidios contra
sindicalistxs, activistas ecologistas y defensorxs de los derechos humanos en
Honduras. Entre las víctimas de la represión brutal también se encuentran muchxs
activistas que defienden los intereses de lesbianas, gays, bisexuales y
personas trans e intersexuales. Sólo en el periodo de 2009 a 2014 fueron
asesinadas casi 200 personas LGTBI. El artículo 3 de la Constitución de
Honduras establece la igualdad de todas las personas ante la ley: en teoría todo
el mundo tiene los mismos derechos, no se permite la discriminación basada en
motivos de nacionalidad, origen, género o religión. Pero nada más lejos de la
realidad hondureña: en la vida cotidiana de los miembros de la comunidad LGBTI
y de sus familias son habituales la discriminación, la exclusión, la agresión,
la estigmatización y la violencia. Hasta el 98 por ciento de los delitos de
violencia quedan impunes y los delitos de odio todavía hoy no se sancionan como
tales.
A menudo los propios agentes de policía,
militares o fuerzas de seguridad están implicadxs en actos violentos contra la
comunidad LGTBI, se cruzan de brazos o se burlan de las víctimas. ¿Cómo es
posible denunciar tales actos cuando lxs investigadores mismxs a su vez son lxs
autorxs? La así llamada “depuración de la policía” –para la cual hace dos años
se creó la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y
Transformación de
la Policía Nacional– se
considera una farsa entre los miembros de la población civil.
De todas las personas afectadas, las más
vulnerables son las mujeres trans, ya que en la sociedad todavía hoy es común considerar que sufren de una enfermedad
mental. Muchas mujeres trans se ven obligadas a entrar en el trabajo sexual
porque no encuentran otro empleo, una situación que incluso ha empeorado desde
2009. A esto hay que añadir que las Maras
a menudo exigen a lxs trabajadorxs sexuales que vendan droga por la noche.
Tarde o temprano la emigración se convierte en la última esperanza y en la única vía de escape de los peligros a los que están expuestxs
en Honduras. La mayoría decide huir a Estados Unidos; con un poco de suerte consiguen
pedir asilo ahí. Aquellos miembros de la comunidad que se comprometen con la
defensa de los derechos humanos dentro de su colectivo están especialmente sometidos
a riesgo. Sólo en el periodo entre junio de 2015 y octubre de 2016 murieron
doce activistas por delitos de odio, incluyendo en muchos casos torturas
graves.
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| Miss Arcoiris Foto: HondurasDelegation |
Paola Barraza fue integrante del grupo de
mujeres trans Muñecas de Arcoíris y miembro
de la junta directiva de la Asociación
LGTB Arcoíris durante ocho años. Durante los meses anteriores a su
asesinato había sido víctima de ataques y amenazas de muerte en repetidas
ocasiones. En una de ellas fue gravemente herida a las puertas de la
organización al ser disparada varias veces. En otro ataque, sus agresores
hicieron referencia directa al caso de Angie Ferreira, asesinada en junio de
2015. La muerte de Violeta Rivas, a su vez, muy probablemente está relacionada
con su testimonio en el caso Ferreira. El asesinato de René Martínez –que
pertenecía al partido de gobierno de derechas, el Partido Nacional de Honduras–
pone en evidencia que los delitos de odio van explícitamente dirigidos a todo
el colectivo y no a un espectro político en particular. Martínez fue presidente
de la Comunidad Gay Sampedrana, una
organización de la comunidad homosexual de San Pedro Sula, y fue hallado
brutalmente asesinado el 3 de junio de 2016. Según los medios de comunicación
había tenido la intención de implicarse más en el partido con el fin de consolidar
los derechos de la comunidad LGTBI de derechas en el país.
En los últimos años, el movimiento para la
diversidad sexual –y con ello, la comunidad LGTBI entera– ha ganado visibilidad
en la sociedad hondureña: en momentos de máxima tensión y amenaza, la comunidad
se une y se fortalece a sí misma. Las organizaciones de la sociedad civil sustentan
esa tendencia: la Asociación LGTB
Arcoíris de Honduras, una de aproximadamente 15 organizaciones LGTBI, vela
por los derechos de la comunidad desde 2003. Entre los objetivos de la
asociación figuran tanto la organización y el empoderamiento de la comunidad
LGTBI como el reconocimiento por parte de la sociedad, la defensa de los
derechos humanos, la educación sexual, los derechos reproductivos y el acceso a
la asistencia médica. Por otro lado, en las diversas tareas cubiertas por Arcoíris también entra la preparación de
los cuerpos de personas asesinadas para devolverlas a sus familias.
Frente a la discriminación, las amenazas y
las agresiones que se producen no sólo en el espacio público sino a menudo
también en el círculo familiar más íntimo, la organización ofrece un lugar
seguro y una sustitución de familia, un lugar donde intercambiar experiencias con
otras personas LGTBI y juntarse
con amigxs y miembros de la familia en seminarios, formaciones, acompañamiento
psicosocial y actividades de ocio. La madre de un joven trans dice: “Estoy
orgullosa de formar parte de Arcoíris.
Aquí todos somos iguales. El acompañamiento de la asociación me ayudó a aceptar
el género de mi hijo. Aquí puedo hablar abiertamente de todo. Aquí encontramos
un segundo hogar, un lugar para ser libres.”
Una vez al año se otorga el título de Miss Arcoíris. A diferencia de otros
concursos de belleza, aquí no sólo entran en la puntuación los estándares de la
pasarela: también se valoran las declaraciones de lxs candidatxs sobre
legislación y derechos LGTBI. La Miss
Arcoíris en funciones también se pronuncia positivamente sobre la comunidad:
“La casa es un hogar, un refugio donde puedo ser yo misma. Supe de la casa Arcoíris a través de una prima. En el
momento en el que llegué me sentí normal, como todas las demás. Este es mi
sitio. Aquí quiero estar.”
Donny Reyes, líder de la organización, es
considerado el “padre” de la familia Arcoíris.
Su dedicación incondicional y el calor humano que los miembros de la
organización transmiten, proporcionan a las personas recién llegadas una nueva
seguridad de sí mismas y las llevan paso a paso a una vida autodeterminada en
su identidad real. Empowerment, empoderamiento,
aquí significa aprender a caminar por sí misma, ya sea en zapatillas o en tacones.
Mientras tanto, el número de personas que
participan en las marchas de protesta en la capital Tegucigalpa aumenta cada
año. Lo que en 2008 fue un puñado de activistas LGTBI, durante el año pasado se
ha convertido en un grupo considerable de más de 500 personas. Estos avances
positivos y la eventual expansión del espacio para una vida libre y autodeterminada
de la comunidad LGTBI permiten a los miembros de la Asociación LGTB Arcoíris hacer frente a las amenazas constantes y
la criminalización de la organización, que desde hace unos años está bajo
protección policial: una decisión difícil teniendo en cuenta la desconfianza hacia
las autoridades que vive el colectivo.
Esdra Yaveth Sosa Sierra es coordinadora de
la Asociación LGTB Arcoíris de Honduras.
Su posición le expone a un riesgo mayor: en 2015 tuvo que huir del país durante
un tiempo tras ser perseguida y observada continuamente por desconocidxs.
Gracias al trabajo constante por parte del
movimiento por la diversidad sexual y la estrecha red de organizaciones de la
sociedad civil a nivel nacional e internacional se registran algunos éxitos
importantes en la consolidación de la comunidad LGTBI, entre ellos las reformas
de los artículos 321 y 321a del Código Penal. Este artículo tipifica la
discriminación por odio o desprecio por motivos de género, religión, origen,
nacionalidad, pertenencia a grupos indígenas o afrodescendientes, orientación
sexual o identidad sexual como delito con agravantes. Para ese delito se prevé –además
de una multa– una condena de prisión de entre cinco y siete años. La pena
aumenta si se trata de un acto con violencia.
Sin embargo, las reformas del derecho penal
previstas por el presidente actual, Juan Orlando López, frustrarán todos estos
esfuerzos. El proceso de reforma se desarrolla a puertas cerradas, y los pocos
proyectos que se presentan a la sociedad civil no son significativos; se trata
de conferencias de prensa unilaterales por parte del congreso en las que el
posicionamiento de las organizaciones no gubernamentales no tiene cabida.
En respuesta a estas reformas previstas, en
septiembre del año pasado la Articulación 611 (una alianza de diferentes
organizaciones con el fin de formular críticas y propuestas referente al nuevo
código penal) publicó un pronunciamiento
y se reunió para demandar que se suspenda la aprobación del nuevo código penal
por vulnerar los derechos humanos en Honduras. Según esta alianza, las reformas
representarían una grave contradicción con el sistema jurídico del país y de la
Constitución.
El gobierno actual del Partido Nacional simplemente
ignora a la comunidad LGTBI. Muchas víctimas de la discriminación y de delitos
de odio señalan la fuerte influencia de la iglesia en un estado supuestamente
laico. La cuestión es cómo se pretende que cambie la situación cuando incluso
la representante del secretariado de derechos humanos se pronuncia de una
manera muy hostil sobre la comunidad LGTBI, negándose a tomar asiento al lado
de esta gente “inculta y vulgar”.
La creciente militarización del país y las
limitaciones cada vez mayores del margen de acción tanto para organizaciones de
la sociedad civil como para lxs defensorxs de los derechos humanos hacen que
aumente el número de personas que se ven obligadas a emigrar, en la mayoría de
los casos hacia los EE. UU. o Europa. El 30 de junio de 2016, el Consejo de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó la resolución 32/2 que hace
referencia a la protección contra la violencia y la discriminación por
orientación sexual o identidad de género. Esto es un éxito internacional del
movimiento para la diversidad sexual. Cabe esperar que bajo la presidencia de
las Naciones Unidas de António Guterres y la observación crítica de la sociedad
civil internacional se siga avanzando en esta dirección.
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| La Red Trans en Tegucigalpa (2014): En el centro (en camisa de cuadros), Paola
Barraza, miembro de la junta directiva de Arcoíris y asesinada el 24 de enero
de 2016; detrás de ella a su derecha Angie Ferreira; tercera a la derecha,
Frenesys. Foto: Red Trans |
