Alison
Acker es una “abuela enfurecida” de la ciudad canadiense de Victoria. Cuando
era más joven, en 1988, publicó un librito con el título Honduras – The making
of a Banana Republic. Aunque hayan pasado ya casi 30 años, todavía hoy el libro
sigue siendo una buena lectura, ya que nos lleva de los tiempos de Colón al
comienzo de la era moderna de los gobiernos civiles, en 1982. Entre ese sinfín
de sucesiones entre presidentes del Partido Nacional de Honduras (PNH) y del
Partido Liberal (PLH), en los años 1970 gobernaron un reformista liberal y un
general ‘progresista’. Ellos dos serán el enfoque principal de este artículo,
aliñándolo con algunos pasajes de los antecedentes históricos y del período
posterior.
La historia
de Honduras podría haber sido un modesto relato de éxito en Centroamérica.
Estaba bien ubicado para el comercio. Tenía recursos y, comparado con los
países vecinos, era hasta cierto grado democrático y tranquilo. Por el
contrario, acabó convirtiéndose en una nación de mendigos, un pozo sin fondo
para la ayuda extranjera, un país en venta.» Con esas palabras comienza la
historia de Alison Acker.[1] El autor
dramático Eugene O’Neill viajó a Honduras en 1910 en busca de oro. Le dio
malaria. Según un biógrafo, tras su vuelta a Estados Unidos dijo:
«Después de
haber recorrido el país entero, estoy convencido de que Dios, una vez creó
Honduras, se hizo una idea de lo que es el infierno.» En aquel entonces Minor
Cooper Keith ya había descubierto los bananos. «Concentró su capital y sus
mercados y, con la ayuda de créditos adicionales de la Banca Morgan, fundó la
United Fruit Company (UFCO), que en 1970 se transformó en la United Brands
Company y en 1984 en Chiquita Brands International. Ya en 1903, la UFCO había
elegido su primer presidente hondureño, Manuel Bonilla del PNH. Éste suprimió
un impuesto bananero que su predecesor liberal había introducido. Ramón Amaya
Amador, un ex trabajador de las plantaciones de la United Fruit, (1950)
describe en su novela Prisión Verde cómo las compañías de fruta se hicieron con
las tierras para sus plantaciones: «Mira, dijo el abogado, si vendes tus
tierras a la compañía, no sólo tendrás un beneficio personal, sino que también
servirás a nuestra patria.» Aparte de Minor Keith vinieron otros empresarios
del Norte dotados del espíritu de Rockefeller, dos de ellos “de origen
inmigrante”: los hermanos Vacarro tenían antepasados sicilianos e igual que Keith
operaron en toda Centroamérica. Se hicieron famosos con la compañía Standard
Fruit Company. Castle & Cooke entraron en el negocio y crearon la marca
DOLE, que en 1973 se hizo líder en el mercado estadounidense y entró en el
mercado europeo en 1978. Samuel Zemurray, inmigrante judío-ruso, en su
adolescencia fundó su primer negocio bananero en Nueva Orleans, lugar donde la
Standard Fruit desembarcaba bananos de Centroamérica. En 1911 compró una
concesión ferroviaria en Honduras, cerca del puerto de Tela. Concesiones y
puertos eran imprescindibles para los comerciantes de bananos, y junto a las
concesiones de los presidentes liberales o nacionales, los Keith, Vacarro o
Zemurray consiguieron las tierras correspondientes.
Sam “The
Banana Man” Zemurray supo mejor que nadie cómo transformar Honduras en una
república bananera. «Sam Zemurray era un empresario del ‘nuevo estilo’.
Aplicando un sistema de riego, su Cuyamel Company producía bananos más grandes
y mejores. Aun así, le hacían falta sus propias concesiones y las consiguió con
su descaro habitual, tramando un golpe de estado contra el presidente liberal
Miguel Dávila.» Zemurray sobornó al ex presidente Bonilla y le abasteció con un
viejo barco de guerra y un ejército de mercenarios para que derrocara a Dávila.
Justo antes del crac bursátil de 1929 vendió el pequeño imperio creado en 1911
con sólo 5 millones de dólares por 29 millones a la UFCO. En 1933 volvió:
apareció en el consejo administrativo de la UFCO, habiéndose transformado en su
accionista principal tras la venta, y salió de la reunión como el nuevo
presidente de la compañía que se haría omnipresente en toda Mesoamérica. En
Honduras, figuraba en su nómina Tiburcio Carías Andino, dictador durante largos
años (de 1932 a 1948). Éste empezó su trayectoria como cocinero en una
guerrilla de liberales, luego se convirtió en nacionalista y organizó milicias.
Su lema era “vencer, aniquilar y requisar”. Zemurray apoyó a la Nicaragua de
Somoza en su conflicto fronterizo con Honduras. Cuando en Guatemala el gobierno
de Jacobo Árbenz inició una reforma agraria, la CIA mandó mercenarios a
Guatemala a través de las plantaciones de la UFCO en Honduras para derrocar al
presidente.
Hasta ahora
hemos conocido a tres de los innumerables presidentes hondureños. Entre la
independencia de Honduras como república en 1824 y el inicio de la dictadura de
Carías en 1933, el país tuvo 177 presidentes, entre ellos Francisco Morazán, el
idealista de la Confederación de Centroamérica. Ambos partidos que hoy todavía
tienen la hegemonía sobre Honduras (los conservadores azules –el Partido
Nacional– y los liberales rojos) tienen un largo historial de nepotismo. Ambos
se dividieron una y otra vez y mantienen una firme postura anticomunista, por
lo cual les fue fácil derrocar a un presidente que mostraba ideas demasiado
progresistas, como era el caso del barón de ganado Mel Zelaya. El PNH
tradicionalmente representa a los terratenientes y a los campesinos –una mezcla
de jornaleros y agricultores de subsistencia–. No quiere saber nada de
protestantes ni demócratas. Los liberales hacen propaganda contra la iglesia
católica y representan el liberalismo económico. Cuando la figura de Carías se
hizo demasiado incómoda para la política de la “Buena Vecindad” de Estados
Unidos, éstos procedieron a su eliminación a través de los militares. Empezó la
era de las dictaduras militares, en la que las Fuerzas Armadas se transformaron
en un agente político independiente.
«Irónicamente,
un dictador militar a veces resultó ser más progresista que un presidente
civil, y un presidente poco prometedor acabó mostrándose como el más capacitado
de todos. Asimismo, el presidente Manuel Gálvez –en su tiempo elegido por el
mismísimo Carías– en 1949 liberó a presos políticos, permitió que regresaran
los exiliados, acabó con la represión abierta contra el movimiento sindical e
inició medidas infraestructurales para modernizar la economía.» En el último
año del mandato de Gálvez, durante la época de las intervenciones de EE.UU.
contra Árbenz en Guatemala, estalló la gran huelga bananera. Todo empezó cuando
la UFCO se negó a pagar las horas extras del Domingo de Pascua. La huelga
pronto se extendió por los puertos de Puerto Cortés y Tela y por las
plantaciones en el interior del país. El 5 de mayo de 1954, tanto l@s
trabajador@s de la UFCO como los de la Standard Fruit habían entrado en huelga
y el 13 de mayo se unieron l@s trabajador@s de la empresa minera Rosario
Mining, de la Cervecería Hondureña y de British American Tobacco. Incluyendo a
l@s simpatizantes, se calcula que se movilizaron 50 000 personas. Pero ya el 19
de mayo, al ser detenidos cuatro miembros del Comité Central, l@s trabajador@s
de Standard Fruit suspendieron la huelga. El 6 de junio, un comité amarillo
pactó el final de la huelga con United.
En cuanto a
la política de partidos, en 1957 la presidencia le tocó al Partido Liberal con
la elección de Ramón Villeda Morales. Estudió Medicina en la Universidad
Nacional, donde fundó un periódico y una federación de estudiantes. Con la
ayuda de una beca emprendió estudios de especialización en la Universidad de
Humboldt de Berlín. Unos años más tarde su consultorio en Tegucigalpa se hizo
conocido en toda la ciudad, con lo cual fue inevitable que se convirtiera en
presidente del Colegio Médico Hondureño. Comenzó su carrera política con el
Partido Liberal en 1948, transformándolo en uno de los partidos más
progresistas de Mesoamérica. Fundó el diario El Pueblo y le dio a su partido un
programa básico. Sus discursos terminaron con las palabras: “¡Siempre adelante,
ni un paso atrás!”. Cuando fue nombrado candidato del PLH, según el diario La
Tribuna, en agosto de 1957 en San Pedro Sula –la segunda ciudad del país– le
aclamaron 100 000 personas, y lo mismo pasó cuando entró en sus funciones en
diciembre. Durante el gobierno de Villeda se creó en 1961 el Instituto Nacional
Agrario (INA) para sacar adelante una reforma agraria. El año siguiente se
lanzó la Ley de Reforma Agraria con el objetivo de transformar fundamentalmente
la estructura agraria a favor de las pequeñas explotaciones campesinas.
Al final
las ganadoras siempre fueron las compañías bananeras.
«Después de la Revolución Cubana el gobierno
de Kennedy exigía reformas –sobre todo una reforma agraria– para evitar futuras
revoluciones. Villeda Morales estableció su propio concepto de reforma que
combinaba muy bien con la Alianza de Kennedy, ya que el derecho a la propiedad
se respetaría y el comunismo se combatiría. Pero las compañías bananeras y los
grandes terratenientes no estaban dispuestos a aceptar una reforma prudente. Se
dice que el objetivo de una reunión secreta de oficiales superiores, administradores
de la UFCO y el embajador de los EE.UU. fue evitar que Villeda Morales tomara
el mismo rumbo que Árbenz en Guatemala. El presidente apaciguó a las compañías
con concesiones de tierra, cuando al mismo tiempo les concedió tierras a los
campesinos. Éstos se consideraron en pleno derecho de ocupar tierras porque a
muchos de ellos las multinacionales bananeras les habían expulsado de sus
tierras o les habían echado del trabajo.» Un año después del inicio de la
reforma agraria, el coronel Oswaldo López Arellano, el 3 de octubre de 1963,
derrocó al presidente reelegido Ramón Villeda Morales.
El coronel
López Arellano era oficial de carrera. Después del golpe de estado contra
Villeda gobernó de facto, hasta que en 1965 se hizo declarar presidente constitucional
a través de elecciones fraudulentas para luego seguir gobernando durante seis
años, hasta junio de 1971. «Su gobierno militar populista llevó a cabo reformas
sin entrar en enfrentamiento abierto contra la derecha. Ante el creciente
movimiento de campesinos, López lanzó sus reformas agrarias, permitiendo al
mismo tiempo a los grandes terratenientes que repartieran sus bienes entre los
miembros de la familia para evitar la expropiación. En 1966, los terratenientes
formaron la Federación de Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), que
empezó a hacer mala sangre contra los inmigrantes salvadoreños» hasta que
estalló la guerra de las 100 horas de 1969: «Al INA le pareció más fácil echar
a los inmigrantes salvadoreños que expropiar las tierras sin cultivar de los
terratenientes. En abril de 1969, el gobierno impuso un ultimátum de 30 días a
los salvadoreños y 11 000 de ellos marcharon del país.»
En julio,
las selecciones nacionales entre Honduras y El Salvador para las eliminatorias
de la Copa Mundial por fin dieron al coronel Fidel Sánchez Hernández en El
Salvador el insignificante motivo de iniciar la guerra contra el país vecino.
Las consecuencias fueron desastrosas: entre 4000 y 6000 víctimas civiles, entre
60 000 y 130 000 salvadoreñ@s expulsad@s de Honduras, el colapso del Mercado
Común Centroamericano y la consolidación del rol político de las Fuerzas
Armadas en ambos países. En Honduras, «López Arellano no logró tranquilizar al
núcleo duro entre los militares. En un caso de corrupción que pasaría a la
historia de la república bananera con el nombre de “Bananagate” se le acusó de
aceptar sobornos por parte de la United Brands y tuvo que dimitir. Una vez más
las ganadoras fueron las compañías bananeras, ya que en 1975 el nuevo
presidente –el general Juan Alberto Melgar Castro del Partido Nacional– frenó
el proceso de crear un impuesto de un dólar estadounidense por caja de banano
de 23kg para la exportación.» En el mismo año, el nombre de General Melgar
Castro aparece en otro contexto. «Los campesinos
últimamente se mostraron muy disciplinados en su lucha por las tierras. Antes de ocuparlas averiguaron la situación
legal de la tierra en cuestión y se la comunicaron al INA.» Los terratenientes
no tuvieron tanta paciencia: en un ataque por parte de la FENAGH, 14 activistas
de la Unión Nacional de Campesinos (UNC) –entre l@s cuales se encontraron dos
curas y dos testigos del crimen– fueron asesinad@s. Los cadáveres aparecieron
enterrados en la hacienda del rico comerciante de madera José Manuel Zelaya,
Los Horcones, en el departamento oriental de Olanche. Su hijo mayor, José
Manuel “Mel” Zelaya Rosales tenía 23 años en el momento de la masacre. Medio
año más tarde se casó con Xiomara Castro, la hija del presidente. Los oficiales
de las Fuerzas Armadas que estuvieron involucrados en la masacre fueron
condenados a diez años de prisión, pero Zelaya senior fue indultado a los
cuatro años por parte de Melgar Castro, quien por otro lado momentáneamente
aceleró el proceso de distribución de tierras, expropiando casi 25 000
hectáreas de tierra de los grandes terratenientes y más de 11 000 hectáreas de
la UFCO. Sin embargo, tras esa iniciativa la reforma agraria siguió avanzando a
paso de tortuga.
A causa de
las guerras en El Salvador y Guatemala y del gobierno sandinista en Nicaragua,
el gobierno de Reagan decidió que había llegado el momento de reconstruir el
Estado de Honduras. Inició ese proyecto planteando la existencia de elecciones
formales como único requisito de la democracia.
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| Hasta el día de hoy se desembarcan bananos en Honduras: Dole y el puerto en Bahía de Trujillo |
En enero de
1982 el liberal Roberto Suazo Córdova se convirtió en presidente del país.
Desde luego resultó una buena elección para los EE.UU.: en todo su periodo de
mandato se repartieron tan sólo unas 16 000 hectáreas a los sin tierra, cuando
el coronel López Arellano había alcanzado una cantidad de 700 000 hectáreas.
Desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas hondureñas, el Estado Mayor
también tomó una buena decisión cuando le nombró jefe al coronel Gustavo
Álvarez Martínez en 1982: «En 1977, la Standard Fruit llamó al IV batallón de
infantería de La Ceiba para que asaltara las oficinas de la Empresa Asociativa
Campesina de Isletas, que se había fundado por 900 compañeras y compañeros en
tierras anteriormente expropiadas por esa compañía.» Cuando la empresa ya no
quiso vender a través de la Standard, la compañía organizó una asamblea general
extraordinaria para votar una nueva dirección y mandó a una unidad militar bajo
el comando del coronel Álvarez, que figuraba en la nómina de la Standard. Éste
mandó a la prisión a la dirección entera por dos años.
La nueva
dirección firmó un contrato de exportación a largo plazo con la Standard,
aceptando precios muy por debajo de los recomendados por la Unión de Países
Exportadores de Banano (UPEB). En 1981, la empresa estaba arruinada y el INA se
hizo con las tierras. En 1979, Álvarez se había hecho jefe de Fuerza de
Seguridad Pública (FUSEP) –dependiente del Ministerio de Defensa– y en 1980 se
convirtió en jefe de la policía secreta (DNI). Comenzó un periodo de
asesinatos, desapariciones y tortura. «Álvarez estaba convencido de llevar a
cabo una guerra sagrada. En una ocasión dijo: “Solo existen dos tipos de políticos:
los comunistas y los otros. Todo lo que se haga para destruir el régimen
marxista es legítimo.”» La amistad de Álvarez con el candidato de los
liberales, Suazo Córdova, resultó beneficiosa para ambos lados. Suazo ascendió
a Álvarez a Jefe de Estado Mayor del Ejército y a General de Brigada y, una vez
ganadas las elecciones, le nombró Ministro de Defensa. Dos meses antes de que
el militar entrara en sus nuevas funciones, llegó el hombre que tan
profundamente marcaría el destino de Honduras: el embajador estadounidense John
Dimitri Negroponte. Durante los dos años siguientes, Negroponte y Álvarez
tomaron el control de la economía del país, que de repente recibió ayudas
militares de más de 30 millones dólares estadounidenses. Aumentó masivamente el
número de maniobras militares en Honduras y la Guardia Nacional estadounidense
rediseñó el mapa del país construyendo carreteras y pistas aéreas para la
intervención de EE.UU.
En mayo de
1983, las tropas estadounidenses llegaron en Puerto Castillo e instalaron el
Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM) para sus camaradas
salvadoreños. La gota que colmó el vaso fue cuando Álvarez redujo el mando
superior de las Fuerzas Armadas de 45 a 21 miembros; también influyó la
‘insignificante’ suma de un millón de dólares estadounidenses para compras de
armas que faltó en las arcas. Negroponte fue el primero en enterarse de los
planes de un golpe de estado y no tuvo objeciones. El 31 de marzo de 1984,
Álvarez fue detenido en San Pedro, donde le esperaba un jet para llevárselo a
Costa Rica.» Sin embargo, antes de su deportación Álvarez aun tuvo el tiempo
suficiente para detener a destacados activistas de los movimientos sindicales,
campesinos y de derechos humanos y estableció el escuadrón militar de la muerte
Batallón 3-16, que se haría cargo de los ‘subversivos’.
En 1978,
Walter López Reyes, general de la Fuerza Aérea que substituyó a Álvarez, dijo
al canal de noticias CBS desde el retiro: «Para nosotros era peligroso
investigar el asunto porque el que descubriera quien mataba a toda esa gente
corría peligro de ser asesinado también.» La Asociación para el Progreso de
Honduras (APROH) –una logia de empresarios explícitamente de derechas
encabezada por Álvarez– propuso, de cara a la galopante crisis económica a la
que se enfrentaba Honduras, convertir el país en un segundo Taiwán o Hong-Kong.
Hacia el
final de su historia, Acker llega a la conclusión de que «el estado de guerra
inquietó a los inversores. Temían que Honduras no se convirtiera en un segundo Hong-Kong
sino en un nuevo Vietnam.» Y añade: «En mayo de 1987, unos 100 000 campesinos y
campesinas ocuparon alrededor de 15 000 hectáreas de tierra en el noroeste de
Honduras, tratándose de una de las mayores olas de ocupaciones de tierras de la
historia del país. El INA se vio obligado a procesar las demandas de tierra,
pero la policía de seguridad de la FUSEP, respaldada por la ley antiterrorista
impulsada por general Álvarez, detuvo a 450 de los ocupantes. Por lo menos tres
campesinos murieron en los enfrentamientos con la policía y los matones de la
FENAGH.» El ex general Gustavo Álvarez Martínez en ese entonces se dedicaba a
predicar para una secta en Miami. En 1988 volvió a Honduras, donde en enero de
1989 fue asesinado por un comando del Movimiento Popular de Liberación
Cinchoneros, una guerrilla facción del Partido Comunista de Honduras.
Bajo los
auspicios de Washington las Fuerzas Armadas de Honduras se fueron transformando
cada vez más en un Estado dentro del Estado que concede la última palabra al
presidente civil o, según el caso, al presidente del Parlamento –como pasó en
el caso del derrocamiento de Mel Zelaya–. De ahí que es poco probable que de
sus filas salga otro López Arellano. Sin embargo, las iniciativas reformistas
del estilo de Villeda Morales se repitieron en dos ocasiones de la historia más
reciente: una vez por parte de un jurista miembro de la Corte Internacional en
La Haya que simpatizaba con el movimiento estudiantil, Carlos Roberto Reina
Idiáquez (presidente liberal de 1994 a 1998); y la otra vez por parte del barón
de ganado José Manuel “Mel” Zelaya Rosales que, tras el aprisionamiento de su
padre por la masacre de Los Horcones en 1976, tuvo que dejar su carrera de
ingeniería para hacerse cargo de la hacienda familiar. Hijo Mel, como bien
sabemos, en 1996 se convirtió en presidente de la República. A finales de 2017
se celebrarán las elecciones presenciales, parlamentarias y municipales. Tanto
el presidente actual Juan Orlando Hernández como Mel aspiran a un segundo
período de mandato. Ante semejante fetichismo de mandatos, a fines de 2016 una
tal Gaby advirtió vía Facebook: «Fuerzas Armadas el pueblo confía en Ustedes
que esperan para sacar al presidente que está violando la Constitución de la
República... hagan lo mismo que hicieron con el señor Manuel Zelaya.» Empezamos
bien.
[1] Todas
la citas a partir de aquí son de su libro. Alison Acker, Honduras: The making
of a Banana Republic, Toronto, 1988.
