Sambo Creek 18 de julio de 2017.-
Recientemente apareció en el portal
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la información sobre el proyecto HO-L1191,
denominado Apoyo a la Creación de Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico (ZEDES), el que describen como “esta operación apoyará al
Gobierno de Honduras en la conceptualización y preparación de estudios
técnicos y diseños para el establecimiento de Zonas de Empleo y
Desarrollo Económico (ZEDEs) que buscan: (i) el incremento de la
inversión en sectores intensivos de empleo; (ii) la creación de empleos
formales; y (iii) la reducción del desempleo y el empleo informal”.
La iniciativa de las ZEDE, conocidas como ciudades modelo, surgen con
el gobierno de Porfirio Lobo, el que promovió una serie de reformas
constitucionales para la creación de la Ley de Regiones Especiales para
el Desarrollo (RED); idea “original” del economista estadounidense Paul
Romer, el que asoció con Marc Ravalomana, presidente de Madagascar para ceder
en nombre de las ciudades modelo, 1,3 millones de hectáreas a la
empresa DAEWOO, filial de la compañía coreana POSCO. El pueblo de
Madagascar reaccionó en febrero de 2009 ante la concesión, derrocando a
Ravalomana y finiquitando la entrega del territorio insular.
Un año después reaparece Romer en la Honduras post golpe, asesorando
al Lobo y su gabinete, en relación a la creación de las ciudades modelo
Honduras, tomando como punto de partida de dicho proyecto, la costa
Garífuna y promoviendo la construcción de dicho proyecto entre la Bahía
de Trujillo y el río Sico, abarcando más de 24 comunidades Garífunas.
El pueblo reaccionó ante las características neocolonialistas del
proyecto, el que replicaba la república bananera impuesta casualmente en
1911, con el golpe de estado de Manuel Bonilla -fundador del Partido
Nacional- financiado por San Zemurray. En octubre de 2012, la Corte
Constitucional declaró inconstitucional la Ley de RED, teniendo como
consecuencia un golpe del poder legislativo al judicial, acontecido el
12 de diciembre del mismo año. Para junio del 2013, fue maquillada la
Ley RED y convertida en la Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo
Económico, la que fue aprobada sin mayor oposición en el Congreso.
Con las elecciones en noviembre de 2013, se ratificó la condición de
estado fallido y la enorme influencia del crimen organizado en el
proceso electoral, el presidente del Congreso Nacional, pasó a controlar
el ejecutivo, ratificando las ciudades modelo como uno de los pilares
económicos de su administración.
El profeta de las ciudades modelo, Paul Romer -nombrado en el 2016
economista en jefe del Banco Mundial- retiró su apoyo a las ciudades
modelo en Honduras tras percatarse de la realidad política del país.
Paul Romer en una entrevista alojada en su blog personal indicó que “dejé de trabajar en un proyecto en Honduras porque
un grupo de personas está tratando de crear un sistema que establezca
un tipo de aristocracia que nunca estará sujeto al control electoral
local. Ellos están haciendo esto mediante el establecimiento de una
junta gubernamental que volverá a nombrar a sus propios miembros. No
estará sujeto al control político de la población de la zona, ni de los
ciudadanos de Honduras, ni siquiera de los votantes de otros lugares,
como sucedió en Hong Kong. Están tratando de crear una verdadera
aristocracia en un pequeño grupo de veinte personas, que nombrarán sus
propios reemplazos y que siempre estarán a cargo”.
Hasta la fecha, las ZEDE no han logrado captar inversionistas
dispuestos a apoyar la iniciativa. En su momento los libertarios de
derecha Peter Thiel y Patri Friedman contemplaron la construcción de una
ciudad flotante en el golfo de Fonseca. Para junio de 2015 Juan Orlando
Hernandez planificó participar en una conferencia promovida por
Seasteaders -compañía impulsora de las ciudades flotantes- en la ciudad
de San Francisco, denominada “Disrumpiendo la Democracia: elección de gobernanzas en Honduras”.
Hernández a última hora canceló su asistencia aduciendo la crisis por
la cual atravesaba el país. Posteriormente las ZEDE publicaron un
comunicado en su pagina de internet donde se negaban cualquier
vinculación con los experimentos “libertarios” en materia de gobernanza.
El proyecto que pretende financiar el BID, en ningún momento ha sido
consultado con las comunidades Garífunas dentro del área de influencias
de las ZEDE, que en cinco potenciales zonas de implementación de las
ciudades modelo, abarcan 20 comunidades Garífunas. El BID en su Política Operativa sobre pueblos indígenas
señala la importancia de “mecanismos de consulta previa para
salvaguardar la integridad física, cultural y económica de los pueblos
afectados y la sostenibilidad de las áreas o recursos naturales
protegidas”.
La rapiña territorial que se ha desatado en la Bahía de Trujillo, a
manos de empresarios canadienses, es consecuencia en cierta medida de la
implementación de las ciudades modelo. El Informe de la Delegación Investigativa del Gremio Nacional de Abogados
sobre las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico en Honduras señala que
“Dado el ambiente político y el actual estado de documentación de
tierras Honduras, se sabe con certeza que tierras pertenecientes a los
Garífunas y otros pueblos indígenas no se han titulado de forma
correcta, y que incluso sus tierras tituladas están en peligro de
perderse ante las ZEDEs u otros intereses de desarrollo sin la consulta
previa o indemnización exigidas por la ley”.
El proceder del BID es un indicador del apoyo a la actual cuestionada
administración gubernamental y un respaldo a las ciudades modelo,
específicamente a la tercerización de justicia, seguridad y nuevas
formas de gobernanza, elementos que diferencian a las ZEDE de las Zonas
Económicas Especiales, las cuales se originaron en China y ahora pululan
por todo el planeta. La catastrófica situación que atraviesa Honduras
en cuanto a la aplicación de justicia, la inequidad económica, y las
violaciones a los derechos humanos, no se resolverán con la creación de
estados cuasi independientes, especialmente si se tiene en consideración
la simbiosis existente entre gobierno y crimen organizado.
Exigimos al BID el respeto al Convenio 169 de la OIT y la Declaración
de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas, ante el
apoyo económico que pretende otorgar a un proyecto altamente
cuestionado por el pueblo Hondureño y que ha dado lugar a un enorme
retroceso en materia de aplicación de justicia como se puede deducir de
la defenestración de la Corte Constitucional por haber declaró ilegal
las ciudades modelos.
Organización Fraternal Negra Hondureña, OFRANEH
