La
explotación de metales preciosos tiene una larga historia en el país
centroamericano de Honduras y esto ha influido, de una u otra manera, en
la legislación y la política del país. Entre otras cosas, la minería
cambió incluso la ubicación de la capital. Sin embargo la minera perdió
importancia a principios del siglo XX, debido entre otras cosas, a la
producción y exportación bananera.
El
aumento de la demanda y de los precios de materias primas en los
últimos años ha despertado nuevamente el interés de la industria
extractivista. Los gobiernos que surgieron en Honduras después del Golpe
de Estado de 2009, atienden a estos intereses con los brazos abiertos.
En los últimos años se han promovido una orientación neoliberal de la
economía y la venta de los recursos naturales del país.
A pesar de las fuertes críticas y protestas de las organizaciones sociales y ambientalistas se han aprobado una serie de leyes y decretos con el fin de crear una base jurídica para la venta del país.
Una
de las leyes más polémicas es la nueva Ley de Minería, la cual fue
aprobada por el Congreso Nacional en enero de 2013. Esta ley puso fin a
la indefinición legal en la que operaron las pocas empresas mineras en
el país desde el año 2006. En aquel entonces, la Corte Suprema de
Justicia había declarado inconstitucional a trece artículos de la vieja
Ley de Minería de 1998.
Al mismo tiempo, se estableció una moratoria para la entrega de nuevas concesiones de la explotación minera y la minería a cielo abierto con el uso de cianuro. Esta moratoria fue derogada con dicha nueva Ley de Minería. Por lo tanto, se permite de nuevo la minería a cielo abierto con el uso de sustancias altamente tóxicas. Ese tipo de explotación arrasa regiones completas, moliendo montañas enteras y lavando las piedras con agua y químicos, como cianuro o mercurio para separar los metales preciosos.
“Esta
ley constituye un enorme retroceso en la protección ambiental y social
de Honduras y es un reflejo de los poderes de hecho y económicos que
rigen los destinos del país, contra la voluntad y los verdaderos
intereses de la mayoría de los habitantes que quieren un desarrollo
sustentable y con igualdad para toda la población, especialmente las más
vulnerables“, declaró la Coalición Nacional de Redes Ambientalistas (CNRA). Según un estudio elaborado por el Centro de Estudios para la Democracia (CESPAD) un 89 por ciento de la población hondureña rechaza la actividad minera a cielo abierto.
Otras
críticas son los bajos impuestos, el acceso ilimitado al agua y la
falta de sanciones contra empresas que violen las leyes y reglamentos.
Esa ley contiene un impuesto de seguridad de 2 por ciento, lo que se usa
para la expansión y el equipamiento de las fuerzas de seguridad del
Estado. De esta manera la policía y los militares tienen intereses
directos con la actividad minera y un motivo de proceder contra
cualquier movimiento de protesta que surja en la población. "La
industria minera está protegida por el Estado, hay seguridad jurídica y
remilitarización de los territorios", dice Pedro Landa del CNRA.
Viejos y nuevos conflictos mineros
Con
la aprobación de la nueva Ley de Minería se acelera el surgimiento de
nuevos conflictos. Según investigaciones hay 530 proyectos mineros
aprobados en Honduras y otros 300 que están en espera. Estas concesiones
incluyen aproximadamente veinte por ciento del territorio nacional y
fueron entregadas sin la aprobación, y sin consulta previa, libre e
informada de la población afectada.
En
los últimos años surgieron en diferentes regiones del país conflictos
entre empresas mineras y comunidades locales, como, por ejemplo, en la
comunidad Nueva Esperanza en el norte del país. Ahí, la empresa minera
hondureña Minerales Victoria empezó con la exploración sin el
acuerdo de la comunidad. Los habitantes que se negaron a vender sus
tierras a la empresa, fueron intimidados y fuertemente amenazados por
parte de los guardias de seguridad de la empresa. Varias familias se
vieron obligadas a abandonar el lugar a causa de las agresiones. Hasta
que en julio 2013, empleados armados de la empresa secuestraron durante
varias horas a dos observadorxs internacionales de la organización
Proyecto de Acompañamiento en Honduras (PROAH).
En abril de 2014 apareció otro conflicto en Azacualpa en el Departamento de Copán. Ahí, la empresa canadiense Aura Minerals y su sucursal Minerales de Occidente S.A. están
explotando oro. Pobladores de Azacualpa han bloqueado el acceso a la
mina durante 15 días, después de que la compañía había anunciado su
expansión, que abarcaría entre otros limites, el cementerio de la
comunidad. El bloqueo fue desalojado violentamente por las fuerzas de
seguridad del Estado con toletes y gas lacrimógeno, militarizando la
región.
El conflicto minero más conocido de Honduras es por la mina San Martín, en el Valle de Siria. Ahí la compañía hondureña Entre Mares, subsidiaria de la canadiense Goldcorp Inc.,
extrajo oro desde el año 2000 hasta 2007. Actualmente, la mina se
encuentra en el proceso de clausura. La mina San Martín fue considerada
como un proyecto pionero en Honduras, debido a la aplicación del metodo
de minería a cielo abierto, con el uso de cianuro por primera vez en el
país.
Según ambientalistas fueron movidos alrededor de 50 millones de toneladas de roca y fueron utilizados 750 a 1.200 litros de agua por minuto y una tonelada de cianuro mensual. La empresa sacó oro con el valor de unos 257.075.000 dólares, elogiando los bajos costos que causó la extracción. Haciendo pagar un alto precio al medio ambiente y a la población local. Hoy en día, la región del Valle de Siria está considerada altamente contaminada.
La
población y el Comité Ambientalista del Valle de Siria están luchando
desde hace años para que se descontamine la zona y se reparen los daños a
la salud causados por la minería. Según una investigación del Dr. Juan Almendarez,
antes de la apertura de la mina ocho de cada cien personas mostraron
enfermedades de piel. Diez años después, son ochenta de cada cien.
Muestras de sangre tomadas a pobladores del Valle de Siria indican altos
niveles de plomo, arsénico y mercurio. A parte de las enfermedades de
piel, los vecinos lamentan trastornos nerviosos, infertilidad, abortos
involuntarios y malformaciones en los recién nacidos.
Tanto
en el caso de Nueva Esperanza como en Azacualpa y el Valle de Siria los
afectados denuncian la inacción y complicidad de las autoridades
estatales. Estas hasta ahora mostraron poco voluntad de diálogo y de
soluciones consensuadas de los conflictos. Por el contrario, los
intereses de las empresas en varias ocasiones fueron impuestos con
represión y violencia en contra de la población local.
Los graves problemas que causa la minería en Honduras quedan plasmados en un estudio publicado en junio 2014 por el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales ICEFI.
“El estudio destaca el carácter conflictivo de la minería en Honduras,
que, en términos generales deviene de: a) enfrentamientos de las
empresas mineras con las comunidades; b) bajos niveles de contribución a
impuestos nacionales y municipales; c) problemas ambientales; d)
violaciones a derechos humanos; d) marco legal débil y favorable a
compañías mineras; e) institucionalidad débil del Estado para regular
las actividades extractivas.”
Una y otra vez fueron criticadas las autoridades estatales como la Secretaría de Recursos Naturales (SERNA) y la Dirección Ejecutiva de Fomento a la Minería (DEFOMIN), que fue reemplazada en 2013 por el Instituto de Geología y Minería (INHGEOMIN).
Además, estas autoridades han sido denunciadas por diversas
organizaciones en varias ocasiones por ocultar los estudios ambientales y
de impacto sobre la salud.
El apoyo cuestionable de Alemania
A
pesar del carácter conflictivo, que tiene que ser visto también en el
marco general de la grave situación de derechos humanos que existe en
Honduras, la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ) y algunas empresas privadas alemanas, contribuyen al fortalecimiento de la industria minera en Honduras.
El 22 de mayo INHGEOMIN informa en su página web sobre la firma de un contrato con las empresas alemanas M&P Geonova y Geo-Expert.
Según INHGEOMIN “Las principales acciones van a encaminarse en la
identificación de depósitos minerales sedimentarios, focalizado en
tierras raras y metales preciosos, investigación científica que se
efectuará en regiones selectas del territorio hondureño, se generará un
mapeo actualizado del territorio nacional para los minerales
investigados.”
El director ejecutivo del INHGEOMIN, Agapito Rodríguez, declaró al diario hondureño La Tribuna
que la iniciativa es auspiciada por la GIZ. “Se trata de un estudio que
se realizará durante tres años para identificar qué tipo de minerales
existen en Honduras.”
Ante las preguntas de diputados del partido Die Linke, el gobierno alemán niega las informaciones de INHGEOMIN y
del diario La Tribuna: “No se lleva a cabo una cartografía sistemática
de yacimientos de tierras raras en el marco del proyecto. El objetivo
del proyecto consiste en lograr un desarrollo sostenible mediante la
transferencia de conocimientos en el ámbito de la explotación de
yacimientos de metales preciosos. Con este fin se coopera con
universidades. Se realizan seminarios prácticos para estudiantes en una
región determinada para enseñarles la exploración respetuosa con el
medio ambiente y la cartografía de yacimientos de materias primas. En
este contexto se elaboran cartografías con fines didácticos.”
Las informaciones de INHGEOMIN y
las respuestas del gobierno alemán se contradicen fuertemente en
relación con los objetivos y expectativas del proyecto. Aunque el
gobierno alemán declaró que no tiene conocimiento de proyectos mineros
concretos que resultan del proyecto de la GIZ y que no se llevará
a cabo un mapeo sistemático de la minería, INHGEOMIN según sus propias
declaraciones expresa otros objetivos. Aunque la GIZ no está
involucrada directamente en la elaboración del mapeo sistemático, está
promoviendo esta iniciativa de manera indirecta. A través de la
transferencia de conocimientos está creando una base para dicho mapeo y
posiblemente para otros proyectos mineros en los cuales la aplicación de
métodos “respetuosos con el medio ambiente” no se pueda garantizar de
ninguna manera.
En
el texto de introducción de su respuesta, el gobierno alemán reconoce
la situación crítica de los derechos humanos y el problema de la
debilidad de las instituciones estatales en Honduras. Sin embargo, el
gobierno alemán no menciona medidas concretas para proteger los derechos
de la población local en relación con proyectos mineros o para
garantizar el funcionamiento respectivo de las instituciones estatales,
tales como la SERNA y INHGEOMIN. Las respuestas a estas preguntas se
refieren sólo al diálogo que tiene el gobierno alemán con el gobierno
hondureño y organizaciones de la sociedad civil.
Desde
el Golpe de Estado de 2009, la crisis social y política en Honduras ha
empeorado dramáticamente. La situación de los derechos humanos en el
país es grave, los asesinatos políticos y la represión se han convertido
en parte de la vida cotidiana. Sin embargo, activistas, comunidades y
organizaciones indígenas y sociales continúan luchando pacíficamente por
sus derechos y territorios, y en última instancia para su
sobrevivencia.
Así, la población de Nueva Esperanza ha logrado la retirada de la empresa Minerales Victoria y varios municipios, a través de asambleas, se han declarado "municipios libres de minería". Sin embargo, tomando en cuenta el actual desarrollo, muchas organizaciones y comunidades dudan que el gobierno vaya a respetar la decisión de las poblaciones locales y están a la espera de un nuevo aumento y escalada de los conflictos.
El
autor trabaja con organizaciones indígenas y populares y con radios
comunitarias en Centroamérica. El artículo fue publicado en forma
abreviada en alemán en el boletín actual del Foro para el Medio Ambiente
y el Desarrollo.
Articulo completo en alemán: https://amerika21.de/analyse/108044/bergbauinteressen-und-konflikt
Articulo completo en alemán: https://amerika21.de/analyse/108044/bergbauinteressen-und-konflikt
