La Tejera, una comunidad indígena Lenca en el departamento de Intibucá, al noroeste de la capital de Tegucigalpa: El 1 de noviembre 2013 la Policía Nacional realizó un allanamiento en la comunidad equipados con pasamontañas, chalecos antibalas y con armas de grueso calibre. Supuestamente, buscaban a un líder de la comunidad, sin embargo apuntaron sus armas contra niños, mujeres y ancianos; amenazando con provocar un derramamiento de sangre. La Tejera es uno de las once comunidades en la región de Río Blanco, que esta en contra de la represa Agua Zarca. Casos similares se dan en el altiplano oeste, en la costa del mar caribe, en la zona sur, al fin estos acontecimientos se repiten en todo el país.
“Pasamos del golpe al golpismo, y ahora a una dictadura” resume Félix Molina, un periodista radial refiriéndose a los últimos cuatro años. El golpe en junio de 2009 no cambió mucho a los poderes, porque las élites económicas y políticas ya estaban bien unidas. Una novedad fue la recuperación del espacio dentro del juego de poder por parte de los militares. Después de las dudosas elecciones bajo la presencia militar en 2009, militares asumieron figuras claves en ministerios civiles y empresas estatales en el gobierno de facto de Porfirio Lobo (2010 – 2014). Por ejemplo el general Romero Vásquez Velásquez (responsable principal en el golpe) se convirtió en director de la Empresa Hondureña de Telecomunicación – HONDUTEL.
VIOLENCIA Y MILITARIZACIÓN
La Defensora de Derechos Humanos Dina Meza describe la situación: “La poca institucionalidad creada desde hace casi tres décadas cayó estrepitosamente con el golpe de Estado. No solo por la corrupción, la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en la policía, sino además por la violencia política a través de una estrategia bien combinada en todo el aparato estatal. De aquí no podemos olvidar el papel de gendarme que Estados Unidos ha ejercido con más ímpetu desde el golpe de Estado de 2009, el cual apoyó y financió.”
Violencia extrema e impunidad dominan la vida cotidiana. Asesinatos políticos a periodistas, abogados y personas críticas están a la orden del día. Los crímenes se comenten por policía, militares, paramilitares y sicarios. El sistema judicial es ineficiente y esta dominado por el gobierno. Bertha Oliva de la organización COFADEH constata: “Hemos vuelto a la realidad de las viejas y nocivas prácticas que solo suelen hacerse en dictaduras militares. Estamos muy conscientes que vivimos en un país desesperado, después del golpe de estado militar, en un país donde sigue imperando la bota militar, la presencia militar.”
La militarización en las regiones rurales y la criminalización de los movimientos sociales tienen una meta bien clara: la venta de los recursos naturales. Particularmente evidente es el ejemplo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca. La concesión se dio a la empresa hondureña Desarollos Energéticos S.A. (DESA), en cooperación con la transnacional China SINOHYDRO, la cual debía haber terminado la represa a finales de 2014. En 2010 DESA obtuvo la concesión, que le garantiza el uso del Río Gualcuarque durante un plazo de veinte años.
CONTRA EL DESPOJO DE TIERRAS
Agua Zarca se construye en tierras que pertenecen a comunidades indígenas Lencas. Utilizadas no solo para cultivar sus alimentos, también representan su identidad cultural. Las comunidades indígenas y afro-indígenas representan alrededor de una décima parte de la población hondureña. La mayoría vive en regiones lejanas y de poca infraestructura. Además del pueblo Lenca (el de mayor población) también están otros pueblos: lxs Garífuna, Miskitos, Tolupanes, Chortí y Pech.
En el año 1925, las comunidades Lencas de Río Blanco recibieron títulos de propiedad de sus tierras, las mismas que pueblan y cultivan. Desde entonces, principalmente los grandes terratenientes, intentaron apropiarse ilegal y violentamente de estas tierras. El Río Gualcuarque representa el punto principal de la alimentación y de los motivos de existencia de las comunidades vecinas; usado para el riego de los cultivos, el abastecimiento de agua potable, para lavar ropa y para pescar. En 2012 DESA empezó con la construcción de la represa en esos mismos terrenos. Grandes cultivos como maíz, frijoles, café y frutales fueron destruidos. A finales de marzo 2013 el personal de seguridad de DESA prohibió el acceso al rio, como consecuencia, en abril 2013 empezaron las comunidades afectadas un bloqueo de calle que se mantiene hasta hoy día.
El golpe de estado provocó una masiva movilización popular, que no se había visto en Honduras desde la huelga general de 1954. A pesar del estado de excepción y el toque de queda, la gente se mantuvo más de tres meses en las calles protestando contra el régimen que realizó el golpe. El gran movimiento heterogéneo que surgió de estas protestas apoya a los diferentes movimientos sociales, por ejemplo los de lxs campesinxs del Bajo Aguán que ya estaban sufriendo fuertes conflictos agrarios desde los años noventa. Ocupaciones de tierras frecuentemente es la única solución para defenderse contra robo ilegal de las tierras a través de los grandes empresarios del monocultivo de palma africana y de las empresas transnacionales como SABMiller.
Un papel importante en la resistencia lo juegan las radios comunitarias y los comunicadores sociales críticos; pese a las amenazas masivas, al asesinato de muchos periodistas y al cierre de radios que luchan por el derecho a la libre expresión. Principalmente en las zonas rurales funcionan como portavoz de la población, movilizan para las protestas e informan sobre los derechos. Tómas Gómez de la radio comunitaria “La Voz Lenca” cuenta -que a través de las radios se rompe el aislamiento. “Se enteran en las luchas de las comunidades vecinas y se activan.”
LA JUSTICIA FRACASADA
Las comunidades en Río Blanco demandan a DESA y a las instituciones responsables del despojo de las tierras, por la violación de los derechos colectivos de la población indígena. Apelan al convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que el estado de Honduras ratificó en 1994. Dicho convenio169 dice que las comunidades afectadas deben ser consultadas, de manera previa, libre e informada antes de firmar cualquier proyecto en sus territorios. Ni la consulta ni la aprobación de dicho proyecto se llevó a cabo. Por el contrario, aparecieron listas con firmas tomadas de manera fraudulenta, y manipuladas para legitimar una declaración de mutuo acuerdo. En estas listas aparecen firmas de personas, que nunca han firmado porque están en contra del proyecto, igual aparecen firmas de personas que ni siquiera saben escribir. Que la demanda vaya a tener éxito es poco probable, porque en Honduras se ignora sistemáticamente las demandas de la población indígena.
Así como el sistema judicial pasa por alto los derechos de la población indígena y afro-indígena, el racismo frente las minorías esta omnipresente. En el Departamento de Intibucá, los Lencas fueron desplazados forzosamente hacia las regiones retiradas, levantaron iglesias y cementerios especialmente para separarles de la población española, criolla o mestiza. -“La iglesia satanizó las prácticas culturales y prohibió a los indígenas practicarlas. Aún hoy día, la iglesia católica y la evangélica condenan la practica espiritual del pueblo Lenca” dice Bertha Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). -“Muchas veces en las clínicas o incluso en hospitales hemos tenido que dar una batalla porque no se atiende a los indígenas como debe ser. Incluso en casos que nosotros denunciamos por violación sexual, por ejemplo, contra niñas indígenas. El trato que dan los médicos forenses en algunas ocasiones ha sido de mas agresión a las niñas o a las mujeres indígenas que son victimas de la violación sexual. O sea una segunda vez agredida en su dignidad, en su integridad.”
En el sistema político las voces indígenas tampoco son escuchadas y en el parlamento actual no están representados. Con el actual gobierno de Juan Orlando Hernández (Partido Nacional), pasaron la Secretaría de Pueblos Indigenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) dentro del sector de Desarrollo e Inclusión Social aplicándole fuertes recortes en la financiación.
OPOSICIÓN = CRIMINALIZACIÓN
Desde hace veinte años COPINH lucha contra el racismo, lucha por una equidad de género y por derechos a la tierra para lxs indígenas. También la oposición contra la represa Agua Zarca esta organizada por el COPINH. Líderes de la organización están en la línea de fuego mediática. Los principales medios de comunicación del país están en las manos de grandes empresarios hondureños influyentes; es algo frecuente comprobar que los registros arbitrarios y le persecución judicial de la coordinación del COPINH esta acompañada de una campaña de difamación por parte de dichos medios. Bertha Cáceres y dos coordinadores más fueron procesados y acusados por “deterioro de propiedad de DESA” y “actos terroristas”.
Agua Zarca sirve de precedente para los 48 proyectos de energía renovable que se aprobaron después del golpe y que están forzados a realizarse debido al marco legal que favorece los intereses empresariales. Durante el gobierno de facto del ex-presidente Porfirio Lobo se aseguró desde el legislativo la protección y adquisición de tierras por parte de representantes nacionales e internacionales de un capitalismo salvaje. Leyes de obtención de energía a través de energía hidráulica, eólica y un decreto de explotación petrolífera, fueron aprobadas. La Ley general de agua influye a las concesiones de acuíferos y ríos. La nueva ley de minería permite la minería a cielo abierto, la que fue prohibida en Honduras en el año 2006.
A las protestas sociales contra los mega-proyectos responde el estado con una legislación represiva. Una ley para controlar las organizaciones no-gubernamentales, la ley de inteligencia (servicio secreto) y la ley de escuchas; facilitan la criminalización de los movimientos sociales. El defensor de Derechos Humanos y coordinador de CEHPROEC Pedro Landa, señala: -“Sabemos que tenemos en contra al Estado, tenemos en contra a la policia, tenemos en contra el ejército, las empresas privadas y tenemos en contra muchas leyes. Ahora en Honduras hay un nuevo delito de terrorismo y uno de ellos es oponerse o interferir contra la libertad de la empresa. Eso significa, que yo no puedo cuestionar a una empresa por violar a los Derechos Humanos porque ya soy un terrorista.”
Adicionalmente promueven el Decreto de Emergencia en Materia de Seguridad Pública que otorga funciones originalmente de la policía a los militares. Es el caso del establecimiento de una Policía Militar y la unidad especial TIGRES. La presencia permanente de fuerzas de seguridad privada, de los militares y de la policía estableció un clima de miedo y causó numerosas violaciones de Derechos Humanos. En Rio Blanco se agravó la situación en julio de 2013 cuando el activista Tomas García fue asesinado a tiros por el ejército en una manifestación pacífica contra la represa, también su hijo fue gravemente herido.
Los intereses de DESA y su involucramiento con el capital financiero y el ejército son evidentes. El gerente de DESA realizó su formación en una academia militar en los Estados Unidos, luego trabajó como asistente de la dirección del servicio de inteligencia del ejército hondureño y fue director técnico de la empresa energética estatal ENEE, al mismo tiempo que aprobó el contrato de concesión para Agua Zarca y para otros 23 proyectos hidroeléctricos. Dos tercios del capital para la fundación de DESA pertenece a los hermanos Atala Zeblah, los mismos que están en las juntas directivas de las cámaras comerciales centroamericanas y bancos que concedieron los créditos millonarios a DESA. Además los flujos de capital financiero provienen del Banco Mundial, el Banco de Inversión Europeo y de USAID. Los impactos sociales que generan estos proyectos no son analizados por los financieros internacionales a menos que lleguen a una fuerte escalación de las protestas. Mientras tanto, los derechos de la empresas nacionales e internacionales están protegidos por la ley. En el caso “del conflicto serio entre la dirección del proyecto y las comunidades locales” que fue calificado como imprevisible e incontrolable, SINOHYDRO canceló todos los contratos con DESA y se retiró del proyecto.
Las empresas que participan en los proyectos de generación de energía argumentan el sentido de la “Economía Verde” con la reducción de la emisión de CO², la creación de empleo, reducción de la pobreza y el desarrollo. La pagina web de DESA vende una imagen de responsabilidad social, ayudando a las comunidades en la zona de influencía de la represa Agua Zarca. Asimismo DESA Informa sobre la reducción de la emisión de CO² – las cuales tarde o temprano generarán flujo de fondos en el mercado de bonos de carbono.
SIEMENS QUIERE “AYUDAR”
La empresa alemana Voith Hydro – empresa mixta con Siemens – provee entre otros componentes, tres turbinas para la producción de electricidad a Agua Zarca. No se molesta por las graves violaciones de derechos in situ.
En la asamblea general de los accionistas de Siemens, miembrxs de la Honduras Delegación pronunciaron las violaciones de Derechos Humanos en Río Blanco, el presidente de la junta directiva de Siemens Joe Kaeser minimizó diciendo: -”Siemens ve los problemas de los pueblos indígenas pobres y quiere ayudar pero no puede rescatar a todo el mundo.”
La venta los recursos de Honduras aumentó drásticamente a partir del golpe de Estado(2009), se acentua mas incluso con el nuevo Gobierno. Con las elecciones de noviembre 2013 se rompió por primera vez el bipartidismo político, el Partido Nacional del presidente Juan Orlando Hernández ya no tiene la mayoría absoluta en el congreso. Debido ha esto, el anterior gobierno se apresuró en los meses posteriores a la nueva toma de posesión del nuevo Gobierno (enero 2014) para aprobar una gran cantidad de leyes que favorecen a las empresas privadas. El triunfo dudoso de Hernández - un defensor de la militarización – significa seguir con la política neoliberal y represiva.
En Río Blanco se teme que las protestas pacíficas terminen violentamente por la fuerza. El conflicto en la Tejera se puede aplicar a todo Honduras, donde incidentes parecidos suceden cuando se plantea la protesta social.
(de Cadena de Derechos Humanos CADEHO, publicado en idioma aleman en la revista IZ3W edición 342, Mayo/Junio 2014)
