Informe preliminar de la Red Solidaria Europea de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos: Honduras Delegation 2016

BildDel 21 de noviembre al 8 de diciembre se realizó una delegación de la Red solidaria independiente europea “HondurasDelegation”. La Red se formó un año después del golpe de Estado de 2009. La 5º misión de la HondurasDelegation se ha enfocado especialmente en los impactos de la economía neoliberal global hacia las comunidades indígenas y movimientos sociales.  

El objetivo de este informe es difundir la situación de los Derechos Humanos de Honduras  en diferentes medios de comunicación y presentarlo ante el Parlamento Europeo y otros organismos nacionales e internacionales. Visitamos en la zona central y norte del país alrededor de 18  diferentes organizaciones, como por ejemplo Casa Alianza, Asociación ARCOIRIS, COFADEH (Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras), para conocer la coyuntura políticosocial actual y los desafíos que enfrentan.  

En el transcurso del viaje nos reunimos en el departamento de Colón con comunidades Garífunas organizadas en OFRANEH, comunidades Tolupanes del departamento de Yoro coordinadas con MADJ (Movimiento Amplio Dignidad y Justicia) y comunidades Lencas de la organización COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Indígenas y Populares de Honduras), en el departamento de Intibucá.  

En nuestra visita hemos identificado dos constantes que afectan a la mayor parte de las organizaciones que visitamos y que traen como consecuencia la reducción de espacios para los actores de articulación políticosocial.  

Impactos locales de la economía neoliberal global a través de inversiones de capital multinacional
Los casos mas emblemáticos que enfrentan las comunidades visitadas en la Bahía Trujillo,  son las inversiones turístico-residenciales (mayoría de capital Canadiense), la instalación de una refinería de petroleo en territorios Garífunas y la implementación de ZEDE (Zonas de Empleo y Desarrollo Económico), mejor conocidas como “ciudades modelo”. El impacto directo que  causan estos proyectos es la usurpación de las tierras comunales del pueblo Garífuna, que significa el desalojo forzado y la desaparición de sus comunidades.  

En el departamento de Yoro, las comunidades Tolupanes de la tribu de San Francisco de Locomapa sufren las consecuencias de la explotación ilegal de sus bosques por empresas madereras  y la extracción clandestina de yacimientos de Antimonio por empresarios mineros. Por el hecho de oponerse a estas prácticas 17 indígenas tolupanes han sido asesinados.  

La construcción de la hidroeléctrica Agua Zarca por la empresa DESA (Desarrollo Energéticos s.a.) eliminaría las tierras fértiles y restringiría el acceso al río amenazando la supervivencia  de las comunidades  de Rio Blanco. El proyecto está financiado por el FMO (Banco holandés de desarrollo), la Institución financiera finlandesa FINNFUND y el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica). Voith-Hydro, la empresa alemana cuyo mayor accionista es Siemens, entregará las turbinas al proyecto. La imposición de Agua Zarca sin una consulta previa, libre e informada, ha roto el tejido social de las comunidades, incrementando los niveles de violencia por parte de policía, militares, seguridad privada y sicarios. Las comunidades afectadas que se oponen al proyecto han sufrido  persecución, intentos de asesinato, amenazas de muerte contra lxs defensorxs y sus familias. Varios Lencas como el líder indígena Tomas García (2013) y la coordinadora de COPINH Berta Cáceres (2016) fueron asesinadxs. La mayoría de estos actos han quedado impunes.  

Difamación sistemática y criminalización de periodistas y defensorxs de Derechos Humanos
Representantes de las organizaciones visitadas nos revelaron la constante intimidación y criminalización por su trabajo. Por tal razón corren graves riesgos que afectan a su vida diaria por su desempeño público en la defensa de los Derechos Humanos. Muchos de ellos se ven obligados a vivir escondidos, cambiar de residencia periódicamente, alternar las rutas de desplazamiento cotidianas debido a secuestros, robos selectivos a sus oficinas, atentados directos y torturas.  

Se genera un ambiente hostil y miedo a expresarse libremente en público. Diferentes medios de comunicación y declaraciones de funcionarios del gobierno han sido participes de campañas de difamación contra organizaciones e individuos 

Tomamos testimonio de la criminalización contra comunidades Indígenas y Garifunas que participan en procesos de recuperación y defensa de su territorio ancestral. Durante el recorrido hemos contemplado una sociedad civil organizada, comprometida con la población vulnerable en la lucha y en la construcción por una sociedad justa, democrática, abierta y transparente.  

Compartimos su perspectiva de una sociedad plural inclusiva donde todos los actores de la sociedad civil actúen y se expresen libremente; una sociedad libre de violencia que convive en interculturalidad, que cultiva el diálogo, espacios creativos y abiertos.  

Por ese motivo exigimos al Estado Hondureño:  
La plena aplicación del Convenio 169 de la OIT que honduras ratificó en 1995, tomando en cuenta las propuestas de las comunidades indígenas respecto a su reconocimiento sobre los títulos ancestrales y el respeto incondicional a la autonomía que conduce a una economía sustentable, desde la cosmovisión y propio concepto de desarrollo de las comunidades indígenas y Garífunas. 
 • Parar la constante difamación y criminalización por parte de instituciones y funcionarios del Estado contra el movimiento social y pueblos originarios por el motivo de defender sus derechos. Cese inminente de la persecución contra las comunidades organizadas que buscan a través de acciones de recuperación territorial, garantizar su existencia.  
Cumplimiento pleno de las medidas de protección otorgadas por la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) para defensoras y defensores de Derechos Humanos en consenso y según las necesidades especificas de las personas a quienes se les otorgaron las medidas.  
Hacer cumplir la reciente Ley de Protección para lxs Defensorxs de Derechos Humanos, Periodistas,  Comunicadorxs Sociales y Operadorxs de Justicia (2015). 
 • No aprobar el Articulo 20 del nuevo Código Penal, a través del cual se crea la figura del delito de “usurpación de aguas”, que considera a comunidades y personas defensoras de los ríos como criminales.   
Permitir e instaurar una comisión internacional independiente que investigue el asesinato de Berta Cáceres con el fin de encontrar y castigar los responsables intelectuales del asesinato.  

Además exigimos a los organismos internacionales:  
Detener las inversiones extranjeras que causan violaciones de Derechos Humanos, destruyen el medio ambiente  e ignoran convenios internacionales. 
 • Cuestionar la cooperación internacional en favor de una política coherente con el respeto a los Derechos Humanos por parte de la Unión Europea.  
No financiar instituciones del Estado hondureño que tienen un largo antecedente de negligencia e impunidad. Como por ejemplo el programa “EUROJUSTICIA” de la Unión Europea, el cual otorga grandes cantidades de dinero a un sistema de justicia altamente contovertido 
Crear espacios y fomentar diálogos ínter-institucionales en todo el país, entre sectores gubernamentales y la sociedad civil hondureña.  

Agradecemos profundamente a todas las organizaciones y comunidades que nos han recibido y acogido en nuestro recorrido.  

HondurasDelegation Tegucigalpa (Honduras) 9 de diciembre 2016

Martín Fernández Guzman en Alemania

Después de la conferencia “Superar la violencia en Centroamérica – pero como?” en Hofgeismar Martín Fernández Guzman, coordinador general del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), sigió la semana pasada su gira en Berlín. En reuniones en algunos ministerios y con parlamentarixs del Bundestag, se encontró con representantes de la Fundación Heinrich Böll, Oxfam Alemania, ContraCorrientes y el Centro de Investigación y Documentación Chile Latinoamérica también. Martín estuvo aportando a eventos informativos en Bethanien (Nueva York 59) y en Frauenladen Paula sobre los “avances” y obstaculos en la investigación del asesinato de Berta Cáceres. Se presentó el documental “La voz Lenca no se calla”. Aparte de las organizaciones visitó a Radio Onda, Pi Radio y a Radio Kotti – radios libres en Berlín. Desde Berlín saludamos a Radio Dignidad, su auditorio, y sobre todo las comunidades en resistencia contra proyectos extractivista- rompiendo el cerco mediatico!!!!!!

COPINH recibe premio “CARECEN” 2016

                                               
CADEHO (Cadena de Derechos Humanos Honduras)

Celebramos junto al COPINH, con motivo del reconocimiento que el Centro de Recursos Centroamericanos de los Ángeles, ha hecho con la entrega del premio “CARECEN” 2016.


Este galardón se otorga a Tomas Gómez Membreño actual coordinador de COPINH, por su valiosa labor en defensa de los derechos Humanos, en particular por su desempeño y entrega en defensa del pueblo indígena Lenca de Honduras.

En su visita a Los Ángeles también pidió al Congreso de EEUU; apruebe la ley Berta Cáceres para los Derechos Humanos, la cual establece que la ayuda económica que Estados Unidos da al Estado de Honduras debe ser usada para la seguridad no para torturar y desaparecer hondureños.

Nos sumamos desde la plataforma internacional a las demandas del COPINH. Así mismo alertamos sobre las amenazas a muerte y el hostigamiento, que constantemente recibe Tomas Gómez, y demás integrantes de COPINH, por oponerse a proyectos extractivistas, que ponen en riesgo la existencia de los pueblos indígenas.

                                               01.10.2016. Berlin, Alemania.

Berta Cáceres figuraba en una lista de 'objetivos a eliminar' del ejército hondureño



escrito por Nina Lakhan el 21 de junio de 2016 – publicado en TheGuardian y ElDiario
Berta Cáceres fundó en 1993 el COPINH junto a una docena de compañeros y compañeras para defender los territorio indígenas / © Goldman Environmental Prize

Un exsoldado ha revelado que el nombre de Berta Cáceres, la ambientalista que fue asesinada en marzo, figuraba desde hacía meses en una lista negra en manos de una unidad especial del ejército hondureño entrenada por Estados Unidos. El sargento primero Rodrigo Cruz, de 20 años, asegura que dos unidades de élite recibieron listas con los nombres y las fotografías de una decena de activistas, con la orden de matarlos.

El comandante de la unidad de Cruz, un teniente de 24 años, no quiso cumplir la orden y desertó. Cruz, que ha pedido ser identificado con un seudónimo por miedo a represalias, siguió su ejemplo y huyó a un país vecino. Muchos otros miembros de esa unidad han desaparecido y se teme que estén muertos.

"Si regresara a casa, me matarían. Diez excompañeros han desaparecido. Estoy completamente seguro de que Berta Cáceres fue asesinada por el ejército", ha explicado Cruz a The Guardian
Cáceres, una líder de la comunidad indígena lenca, que ganó el prestigioso premio ambiental Goldman en 2015 por su campaña contra la presa hidroeléctrica de Agua Zarca, fue abatida a tiros en su casa en marzo de este año. Con anterioridad, había denunciado 33 amenazas de muerte vinculadas con su campaña y se había puesto en contacto con representantes de organizaciones internacionales de derechos humanos para decirles que estaba en una lista negra. 

Según Cruz, el nombre de Cáceres figuraba en una lista que fue entregada a una unidad de la policía militar de la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional (Fusina). El año pasado, unos 200 soldados estadounidenses y agentes del FBI entrenaron a esta unidad.

Cinco hombres han sido detenidos por este asesinato, entre ellos, el Oficial General Mariano Díaz Chávez, que estaba en servicio activo. Antes había participado en unas operaciones conjuntas de los ejércitos de Estados Unidos y de Honduras en Irak, y según los medios de comunicación locales completó el curso de operaciones de élite Tesón, que en parte es impartido por fuerzas especiales de Estados Unidos. En el momento de su detención, Díaz formaba a policías militares. Ha sido destituido con deshonor.

Annie Bird, directora del grupo Derechos y Ecología, que hace un seguimiento de los abusos de los derechos humanos en Honduras, ha señalado que "el relato de Cruz deja entrever la existencia de escuadrones de la muerte cuyo objetivo es matar a los miembros de la oposición, pero el sistema judicial está controlado directamente por personas implicadas con casos de corrupción y nadie en el país puede impulsar una investigación veraz e independiente". 
The Guardian entrevistó a Cruz en diversas ocasiones, por teléfono y por videoconferencia, y también habló con académicos y líderes y activistas de la comunidad que a su vez hablaron con Cruz y confirmaron su identidad y su pasado militar.

Entrenados para matar

Cruz se alistó en el ejército en diciembre de 2014 y tras tres meses de entrenamiento básico fue transferido al Séptimo Batallón de la policía militar, que fue creada en 2013 con el objetivo de sustituir a la fuerza de policía civil que había sido acusada de corrupción y de cometer abusos. 
Completó dos extenuantes campamentos de entrenamiento especializado, entre ellos el curso Tesón. En este último curso lo instruyeron militares estadounidenses, colombianos y de otro país que Cruz no pudo identificar. El año pasado, el curso Tesón fue objeto de mucha polémica porque se difundieron imágenes de un participante al que obligaban a comerse la cabeza de un perro. 

Durante el curso Cruz tuvo que ser hospitalizado en dos ocasiones por deshidratación, pero consiguió terminarlo y en octubre del año pasado Cruz y otros 15 hombres de su batallón fueron asignados al cuerpo especial Xatruch, una de las dos fuerzas integradas por múltiples organismos de Honduras y que se despliegan para servir en operaciones de lucha contra las drogas y las maras. 
El cuerpo especial Xatruch cubre la costa del Caribe, que se ha convertido en un importante punto de paso para los cárteles que introducen cocaína a Estados Unidos desde América del Sur. El segundo cuerpo especial, Fusina, tiene operaciones en todo el país.

A mediados de diciembre, un martes por la tarde, el comandante de Cruz reunió a sus hombres después de un partido de fútbol y les mostró varias hojas de papel con nombres, fotografías, direcciones y números de teléfono de las personas que figuraban en la lista negra. La unidad de Cruz se hizo cargo de una de las listas. Una unidad similar de Fusina se quedó con otra lista.
"El teniente nos indicó que no estaba dispuesto a cumplir esa orden porque las personas que debíamos matar eran civiles decentes que defendían los derechos de sus comunidades. Dijo que los jefes del Estado Mayor habían dado esa orden y que el comandante de Xatruch lo estaba presionando para que la cumpliera", explica Cruz.
Unos días más tarde, el teniente se fue de la base militar y no lo volvieron a ver.

La lista de la muerte

Esta no había sido la primera vez que Cruz había visto esa lista. Unas semanas antes, en Punta Piedra, una localidad situada en la costa caribeña, había recogido unos documentos parecidos que se le habían caído a su comandante dentro del jeep que Cruz conducía. "Solo los tuve en mi mano unos 20 o 30 segundos pero identifiqué algunas fotografías, que se correspondían con los líderes de la región de Bajo Aguán. No dije nada", cuenta Cruz. 

El cuerpo Xatruch está desplegado en la región de Bajo Aguán, que se ha convertido en el escenario de violentas disputas por la tenencia de la tierra entre magnates que se dedican a la producción de aceite de palma y los agricultores locales. Más de cien personas, la mayoría campesinos que defendían sus derechos, han perdido la vida en manos de las fuerzas del Estado o de servicios privados de seguridad. 

Entre los nombres que aparecían en la lista Cruz vio el de Juan Galindo, un activista que huyó de la región tras recibir amenazas de muerte pero que fue asesinado en noviembre de 2014 cuando volvió a casa para ver a su madre enferma. Cruz también reconoció a Johnny Rivas y a Vitalino Álvarez, miembros destacados del Movimiento de la Unión de Campesinos (Muca). Los dos hombres figuran entre los 123 activistas del Bajo Aguán que según un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2014 requerían medidas de protección urgentes. 
Álvarez, de 52 años, que ha sobrevivido a cuatro intentos de asesinato desde 2010, indica que "existe una estrategia para acabar con los líderes más reivindicativos. Desde el asesinato de Berta muchos rumores me ponen ahora a la cabeza de la lista".

Los grupos de derechos humanos han condenado el apoyo que brinda Estados Unidos a las fuerzas de seguridad hondureñas, ya que cada vez hay más pruebas de los abusos sistemáticos de la policía y los militares. En abril los activistas alertaron al Congreso de que los escuadrones de la muerte tenían a destacados opositores como objetivo principal, como ya pasó durante la "guerra sucia" de la década de los ochenta.

Según los cálculos del Departamento de Estado y del Departamento de Defensa, desde 2010 Estados Unidos ha ayudado a la policía y al ejército hondureño con unos 200 millones de euros, con el objetivo de luchar contra el crimen organizado y la inmigración ilegal. Además, Honduras es uno de los países que se benefician de los 700 millones de euros del Fondo Alianza para la Prosperidad; una dotación aprobada por el Congreso con el fin de frenar la violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica. 

Los dos paquetes de ayuda exigían el respeto de los derechos humanos sin que hasta la fecha esto haya tenido ninguna consecuencia, si bien el último informe sobre derechos humanos del Departamento de Estado indica que "los homicidios ilegales y arbitrarios y otros crímenes cometidos por miembros de las fuerzas de seguridad" siguen siendo uno de los problemas más graves del país. 
Ni el ministro de Defensa de Honduras ni el Departamento de Estado de Estados Unidos quisieron hacer comentarios, a pesar de las reiteradas peticiones de The Guardian.

Asesinatos y torturas

Después de la deserción del teniente de la unidad de Cruz a mediados de diciembre, a cada uno de los miembros de la unidad se le asignaron misiones distintas. Cruz trabajó durante unos diez días con el comandante del Cuerpo Xatruch. 
Durante este breve espacio de tiempo, Cruz explica que lo despertaban en medio de la noche para que llevara bolsas de plástico de color negro al río Tocoa, en Bajo Aguán. Allí sus compañeros tiraban desde un puente restos humanos. También afirma que vio una "sala de torturas" cerca de un complejo militar situado en la localidad de Bonito Oriental: "Nunca vi a nadie pero sí sangre fresca, un martillo, uñas, cadenas y tenazas".

Poco después, a Cruz y a sus compañeros les dieron un permiso. En ese momento, preocupado por su seguridad, Cruz decidió huir y cruzó la frontera ilegalmente, ya que el ejército se había quedado con sus documentos de identidad. Ahora está escondido y su familia explica que la policía militar ha preguntado a los vecinos si saben su paradero. 

Lauren Carasik, el director de la Clínica Internacional de Derechos humanos de la Universidad Western New England señala que Estados Unidos no puede seguir mirando hacia otro lado. "Las pruebas son irrefutables y Estados Unidos debe interrumpir la ayuda militar a Honduras, un país sumergido en un baño de sangre permanente desde el golpe de Estado de 2009".
La violencia en el país aumentó de forma espectacular tras el golpe militar de julio de 2009 que terminó con la presidencia de Manuel Zelaya.  

Los activistas ambientales sufren las consecuencias de esta represión desde que el gobierno de derechas concedió los permisos para que se impulsaron cientos de megaproyectos, entre los que se incluyen minas y presas hidroeléctricas en ecosistemas vulnerables. Al menos 109 activistas han sido asesinados de 2010 a 2015 y Honduras se ha convertido en uno de los países más peligrosos para los defensores del medio ambiente. 

Cada vez son más los políticos estadounidenses que se muestran preocupados por la situación. 
En agosto de 2015, 21 miembros del Congreso escribieron al Secretario de Estado, John Kerry, para trasladarle problemas específicos que plantea el apoyo estadounidense a Fusina, que ha sido acusada de graves violaciones de los derechos humanos en repetidas ocasiones. 

La semana pasada, el congresista Hank Johnson presentó la propuesta de Ley Berta Cáceres para los derechos humanos en Honduras, que congelaría la ayuda económica de Estados Unidos hasta que cesen las violaciones de los derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad.

"Damos millones de dólares a Honduras pero las mismas fuerzas que deben velar por la seguridad están atacando y asesinando a defensores de los derechos laborales, el medioambiente y los derechos humanos, como Cáceres, sin que las autoridades reaccionen", lamentó Johnson.

La hija de Cáceres, Bertita Zúñiga, señala que el relato de Cruz refuerza todavía más el llamamiento que ha hecho la familia para que un organismo internacional e independiente investigue el asesinato y encuentre a los responsables. 

"Su relato demuestra que hay escuadrones de la muerte en las fuerzas armadas, que se utilizan como instrumento para eliminar a todos aquellos que se oponen a los planes del gobierno. Demuestra que las violaciones de los derechos humanos forman parte de la política de Estado de Honduras". 

Traducción de Emma Reverter