ESCÁNDALO POR UNA PARED PINTADA, INDIFERENCIA CUANDO LAS CALLES SE MANCHAN DE SANGRE



por Domingo Marín, publicado en la revista alemana ILA, febrero 2017, Ed. 402
En Honduras todo el mundo se escandaliza porque alguien pinta una pared pero nadie dice nada cuando el gobierno mancha de sangre las calles.

Con José Guadalupe Ruelas (JGR), coordinador de Casa Alianza, hablaron lxs integrantes de la HondurasDelegation (HD) sobre violencia contra la niñez, migración de menores no acompañados y militarización en diciembre 2016.

José Guadalupe Ruelas; Fuente: HondurasDelegation
HD: En Honduras, la violencia contra la niñez se presenta en múltiples manifestaciones; la violencia doméstica, las amenazas de maras y pandillas en comunidades, la violencia institucional, así como la negación de oportunidades de estudio y limitaciones de acceso a servicios de salud de calidad, están afectando en particular y  de forma creciente a los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Según datos de Casa Alianza Honduras (CAH) desde 1998 se han contabilizado 11.784 casos de ejecuciones arbitrarias y/o muertes violentas de niños, niñas y jóvenes menores de 23 años, de las cuales 2.490 han tenido lugar durante el actual gobierno, con un promedio mensual de 74. El 98% de estas muertes quedan en total impunidad (1).

HD: Casa Alianza Honduras (CAH) es una organización no gubernamental que forma parte de Covenant House International. Con una trayectoria de 29 años, se dedica principalmente a brindar protección y oportunidades de desarrollo a niños y niñas en graves situaciones de riesgo y desamparo. Menores que viven en las calles, que han sido víctimas de violencia (malos tratos, abusos, explotación sexual y laboral) y  actualmente niños que han sido deportados después de migrar a EEUU. ¿Como se entiende el trabajo que esta llevando a cabo CAH?

JGR:Con los chicos hacemos una alianza, esa es la razón de nuestro nombre. Nosotros ofrecemos una serie de oportunidades y los niños se comprometen a hacer un plan de vida que tiene metas a corto, medio y largo plazo. Nuestra función es mantenerlos motivados para que sigan trabajando en su plan de vida por medio de diferentes programas dirigidos a protegerlos, capacitarlos y reorientarlos. Cada año trabajamos con un promedio de 1.000-1.500 NNA en los diferentes programas, escuchamos sus historias y vemos tendencias en lo que les está pasando. Creamos el programa Observatorio de los Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en Honduras con el propósito de visibilizar la problemática de NNA en el país, promover la investigación y hacer incidencia en políticas públicas, denunciando las violaciones de Derechos Humanos que sufren los NNA y sus familias. Realizamos un informe mensual y documentaciones especiales sobre el derecho a la educación, a la salud, a la protección y la vida de NNA.

HD: Datos oficiales del gobierno estadounidense indican que fueron detenidos en la frontera sur de los Estados Unidos 10,468 hondureñas y hondureños menores de 18 años que viajaban solos, con un promedio mensual de 872 detenciones. Para el 2016, la detención de NNA migrantes no acompañados de origen hondureño se incrementó en un 93% respecto al 2015. (2) ¿Cuáles son las causas que mueven a los menores a migrar de forma tan masiva?

JGR: “Huyen en general de la pobreza porque en Honduras según el Instituto general de estadística, el 29,8% de la población no tiene posibilidades de subsistencia. Este es un indicador dramático, más de 2 millones de hondureños no pueden subsistir porque no hay medios para hacerlo. Pero también es por falta de oportunidades; no hay acceso a salud, educación,  protección y recreacción. Además, estamos frente a un esquema de violencia que nunca antes habíamos vivido. Después del 2010 los niveles de violencia se han incrementado por varios factores. Por un lado, la irrupción del crimen organizado, que ha corrompido a sectores políticos, empresariales, militares y policiales. Si el crimen organizado fuera una caricatura yo lo dibujaría como un pulpo; un tentáculo serían las maras, otro serían los policías, militares, empresarios, políticos y alcaldes. Y frente a este problema de violencia que se ha dado en Honduras, tenemos una estrategia de seguridad equivocada que privilegia la inversión militar. Nuestro gobierno piensa que en el país hay una serie de criminales, a los que hay que capturar y meterlos en la cárcel para que todos vivamos en paz. Prevención es mandar militares y policías a patrullar y hacer controles indiscriminados en los barrios empobrecidos para vigilar a la gente, con la lógica de -si vigilamos a la gente entonces se van a portar bien-, pero en la práctica atemorizan a la población sin resolver el problema. Un ejemplo; nosotros vamos a los barrios y colonias utilizando el arte para prevenir la violencia, repartimos pinceles y aerosoles para pintar en los muros. Mientras en el batallón, están formando a los militares diciendo- a las personas que están metidas en maras y pandillas, les gusta  dibujar en las paredes. Nosotros les enseñamos a pintar y el Estado enseña a los soldados a capturarlos porque pintan.”

HD: Desde 2014 el gobierno ha impulsado el programa “Guardianes de la Patria” dirigida a la infancia para la prevención de la violencia generada por maras y pandillas. ¿Cómo ve usted esta iniciativa?

JGR: “Las maras están reclutando a NNA para convertirlos en criminales. En respuesta a esto el gobierno cree que es mejor que los reclute el Ejército para hacerlos ciudadanos disciplinados y buenos. El programa gubernamental Guardianes de la Patria tiene como meta instruir 25.000 NNA cada año, y en mi opinión es una mala estrategia de prevención. El Ejército lleva a los niños de barrios pobres a los batallones, los alecciona, les pone incluso armas en sus manos, hacen ejercicios meramente castrenses y trabajan con un manual “pedagógico” que no tiene nada de pedagógico. Es un programa que militariza la educación, el sentido del diálogo y del orden, además atenta contra el protocolo de la Convención de los Derechos del Niño que Honduras ha firmado y genera miedo en las comunidades; porque cuando regresan a sus barrios, los menores son interrogados por miembros de maras preguntando; ¿Qué dijeron? ¿Qué hablaron? No cabe duda que las maras y pandillas son un detonante altamente explosivo en los barrios, siguen teniendo sus estructuras de afiliación, rencillas y tensiones pero hoy por hoy han mutado a ser parte del crimen organizado trasnacional más que ser las protectoras de un territorio llamado barrio.”

HD: ¿Cómo valora la creciente estrategía de militarización que aplica el Estado y qué alternativas plantea Casa Alianza?

JGR: “Frente al número de pandilleros estimado entre 5.000 y 30.000, sin saber cuantos son exactamente. La verdad es que hay 12.800 policías y 15.500 militares, 9.000 de ellos ocupados o empleados en la policía-militar de orden público. Además de 120.000 miembros de seguridad privada. Una cantidad sumamente desproporcionada frente a miembros de seguridad pública. También está el tema de la tecnología; se vende un gran número de patrullas, cámaras de seguridad y armas. Es un gran negocio, según Insigh Crime (periódico digital estadounidense) durante el 2014 el Estado gastó unos 200 millones de dólares en extorsiones, además la población pagó 350 millones  en materia de Tasa de Seguridad, más 650 millones de dólares en salarios de guardias de seguridad privada. En total suman más de 1.000 millones, con esa cifra podríamos darle educación secundaria a todos los NNA de Honduras. Por tanto, estamos invirtiendo mal, tenemos una fuerte contraposición entre políticas y programas. Por ejemplo, con fondos de la cooperación los campesinos se organizan y defienden sus territorios, los estudiantes salen a la calle a defender sus derechos, y con el mismo dinero de la cooperación entrenamos a la policía para reprimir a la gente en las calles. Fruto de esta situación tenemos una ciudadanía amedrentada y hostigada pero hay que recalcar que a pesar de todo no está débil, según el Sistema Estadístico Policial en Línea (SEPOL); solo en Tegucigalpa durante el año 2015 hubo más de 260 manifestaciones, eso demuestra que la población está reivindicando pero no es escuchada. Tenemos un gobierno que no ve a los ciudadanos como actores con quien hablar o con quien trabajar, sin embargo se defiende reprimiendo, amenazando y estigmatizando. Desde CAH pensamos que en Honduras tenemos que invertir más en prevención, pero una prevención entendida desde la recuperación del espacio público y el tejido social. El mensaje actual en la sociedad es; -si a usted le asaltan no haga nada-, lo cual tiene lógica. Pero el mensaje que proponemos es; - antes de que lo asalten, hable con su vecino, póngase de acuerdo con la gente para hacer un mapa de su barrio, establezcan mecanismos de comunicación, de recuperación del espacio público, de los parques, de las calles, etc. No basta solo con la prevención, es necesaria la rehabilitación de esos procesos de violencia y la creación de mecanismos de protección de las víctimas. Buscando soluciones a este conflicto nos damos cuenta que una estrategia profunda de seguridad no puede ser responsabilidad exclusiva de la secretaría de seguridad o de defensa. Tenemos que pensar en procesos pedagógicos, terapéuticos, de  regeneración de la persona y para esa estrategia seria esencial involucrar secretarías gubernamentales como educación, salud, arte y deporte.”

HD: ¿Qué papel juegan los organismos internacionales ante la grave situación de derechos humanos?

JGR: “Vivimos en un Estado que hace una promesa y se ríe de ella, pero al mismo tiempo hay una cooperación y organismos internacionales que no parece importarles. En el exterior se propicia la promesa de que el Estado de Honduras va a retirar los militares de las calles (como se dijo en la ONU en 2015) pero dentro, se está reforzando la presencia militar y se está consolidando un esquema de criminalización de defensores y defensoras de DDHH. Tenemos una ciudadanía atemorizada, unas instituciones débiles, y unos organismos  internacionales que simplemente están cómodos, tomando café con la burocracia estatal. Los organismos de cooperación internacional dicen; -queremos una ciudadanía que hable claro,  que se organice y reclame sus derechos-, pero cuando esta ciudadanía habla claro y reivindica sus derechos, es reprimida y golpeada. Estos mismos organismos guardan silencio como cómplices cobardes  ante el asesinato de defensores de DDHH, de niños o frente a la alarmante emigración de personas a causa de la violencia en el país. Se hace crítica a la gente por dar limosna porque así solo lava su conciencia, y a veces uno piensa que desde la cooperación ocurre lo mismo, cooperación para lavar conciencias mientras aquí hay un baño de sangre.”

HD: ¿Han sufrido hostigamiento debido a la incidencia que CAH produce?

JGR: "Casa Alianza ha tenido desde hace muchos años las mismas posiciones,; que hay escuadrones de exterminio, que se necesita invertir en educación, que hay explotación sexual de niños y violencia contra la niñez. Lo que ha incrementado es la hostilidad por parte del gobierno; en 2014 recibí una golpiza por varios policías, seguido de una campaña de desprestigio en medios de comunicación que me dolió más que los golpes, y eso quedó en total impunidad. En San Pedro Sula empleados estatales llegaron al punto de decomisar una impresora, alegando que la usábamos para imprimir denuncias. Seguimos recibiendo fuertes críticas, intimidaciones y amenazadas veladas, pero observando a los niños con los que trabajamos, uno se inspira y se da cuenta que este trabajo vale la pena. En un solo día un niño puede ser golpeado, asaltado, asesinado por el Estado o por otras personas quedando impunes. Y sin embargo, los niños en estas condiciones son capaces de luchar y salir adelante con esperanza.”


(1) Informe Mensual Octubre de 2016.Observatorio de Derechos de los Niños, Niñas y Jóvenes en
(2) Niñez y migración en Centro y Norte América: causas, políticas, prácticas y desafíos: http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/Publicaciones/2015/9927.pdf?view=1


Carta a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia



Señores Magistrados
Sala de lo Constitucional
Corte Suprema de Justicia

Berlín, 19 de abril 2017

Asunto: “Petición de admisión y declaración con lugar de la acción de inconstitucionalidad presentada en contra de los decretos que autorizan el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca”

Estimados Magistrados y Magistradas,

las organizaciones, redes y personas abajo firmantes a través de esta misiva, nos manifestamos en relación a la acción de inconstitucionalidad presentada ante esta Sala, por el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Al respecto expresamos que:

Es de nuestro conocimiento que el 01 de marzo de 2017 el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígena de Honduras (COPINH) presentó ante esta Sala una Acción de Inconstitucionalidad en contra los dos decretos legislativos a través de los cuales se aprobaron los contratos para el aprovechamiento de aguas nacionales para la generación, transmisión y comercialización de energía eléctrica mediante el Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca (PHAZ)[1]. La presentación de dicha acción fue acompañada por un gran número de organizaciones de la sociedad civil que integran la plataforma de la Coalición contra la Impunidad (CCI)[2].

Con respecto al proyecto referido y producto de información corroborada, instancias nacionales e internacionales, señalan sobre la legalidad y legitimidad del mismo, que éste fue aprobado en contravención a la obligación internacional del Estado de Honduras de  de consultar y obtener consentimiento previo, libre e informado de la población lenca. Mediante dichos actos legislativos el Estado ha incurrido en una grave violación al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y de los derechos del pueblo indígena lenca. Al respecto la Relatora Especial Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas[3] de las Naciones Unidas, en su informe de julio de 2016, sentó un importante precedente al señalar las violaciones sistemáticas a las cuales son sometidas las poblaciones indígenas en Honduras y en particular las cometidas en contra del Pueblo Lenca en el marco de la aprobación y construcción del PHAZ.

Producto de la conflictividad provocada por la aprobación e instalación del proyecto en territorio indígena lenca, es de nuestro conocimiento que funcionarios que otorgaron los permisos de operación y licenciamiento ambiental al PHAZ, han sido sometidos a procesos judiciales, en los cuales el sistema de justicia hondureño ha determinado que efectivamente al aprobar el proyecto, violentaron los derechos del pueblo indígena contenidos en el Convenio 169 OIT.[4]

Dentro de ese marco, es de conocimiento general a nivel nacional e internacional que, el PHAZ, es un foco generador de conflicto social que ha provocado severas alteraciones en la convivencia de los pueblos donde tiene presencia el proyecto. Desde nuestras organizaciones ratificamos el argumento de que este elemento, es razón de suficiente peso para la revisión de la vigencia de estos decretos, entendida desde la obligación y los deberes que tiene el Estado de Honduras, incluyendo el sector justicia, de generar bienestar a la población.

Finalmente, solicitamos a esta Sala que haga prevalecer el Estado de derecho, que resguarde los derechos del Pueblo Lenca, los derechos de la población en general y los más altos intereses del Estado de Honduras, los cuales son puestos en riesgo al mantener en vigencia los decretos referidos, por ser estos contrarios a lo establecido en los tratados y convenios internacionales. En ese sentido, abiertamente pedimosque sea admitida la Acción de Inconstitucionalidad presentada por el COPINH ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras,  y que sea declarada con lugar con suspensión del acto reclamado para que tengan plena vigencia los principios de imparcialidad e independencia que deben regir a la judicatura.

Reivindicamos nuestra apuesta por la defensa de los derechos humanos como eslabón fundamental para la existencia del eEtado de derecho. Reafirmamos que Berta Cáceres continúa viva en medio de todos los pueblos y comunidades del mundo que defienden el agua, la tierra, los ríos y sobre todo el derecho a vivir en paz y dignidad.


Quedamos, atentos a su respuesta a esta comunicación.

Respetuosamente:

 1) Asociación Nicaragua en Duesseldorf, Alemania
 2) Cadena de Derechos Humanos Honduras (CADEHO), Alemania
 3) Centro de Documentación y Investigación Chile Latinoamérica (FDCL), Alemania
 4) Centro de Educación y Comunicación para los Derechos Humanos (CECODHU), España
 5) Centro Nacional de Cooperación al Desarrollo - CNCD-11.11.11, Bélgica
 6) Christliche Initiative Romero (CIR), Alemania
 7) Colectivo Italia Centroamérica (CICA), Italia
 8) Commission Justice & Paix, Bélgica
 9) Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Bélgica
10) FIAN International, Alemania
11) Foro Honduras Suiza, Suiza
12) GegenStrömung – CounterCurrent, Alemania
13) HondurasDelegation, Alemania
14) Institut für Ökologie und Aktions-Ethnologie e.V., Alemania
15) Instituto Universitario IEPALA Rafael Burgaleta –UCM, España
16) Oficina Ecuménica por la paz y la justicia Munich, Alemania
17) Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), Bélgica
18) Monique Munting, Bélgica
19) Paulo Freire Gesellschaft e.V., Alemania
20) Plataforma Internacional contra la impunidad, Guatemala
21) Quinoa ASBL, Bélgica
22) Red Europea de Comites Oscar Romero, Bélgica
23) Solidaridad Suecia-América Latina (SAL), Suecia
24) Trócaire, Honduras
25) We Effect América Latina, Suecia


Con copia a:
Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH)
Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ)


[1] Los decretos autorizantes son los No. 67-2011 y 68- 2011, con los cuales se aprobó la instalación del proyecto hidroeléctrico sobre el Río Gualcarque y el sitio denominado Aldea San Ramón, en el municipio de San Francisco de Ojuera, en el departamento de Santa Bárbara, respectivamente, ambos territorios indígenas lencas.  
[2] La Coalición contra la Impunidad (CCI) actualmente está integrada por 48 organizaciones de todo el territorio nacional.
[3] Naciones Unidas, Informe de la Relatora Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas en su visita a Honduras, numeral 47, del apartado de preocupaciones especiales: “47. Uno de esos proyectos fue la represa Agua Zarca en la región de Río Blanco (Intibucá), que generó una situación altamente conflictiva que resultó en amenazas, hostigamiento, criminalización y muertes de dirigentes indígenas lencas opuestos al proyecto. En el apéndice al presente informe, la Relatora Especial hace una serie de observaciones sobre la situación de Río Blanco.” 
[4] Exp. 23-2016, correspondiente al proceso instado en contra de Martiniano Domínguez ex alcalde de La Esperanza, Intibucá, por suponerlo responsable de la ampliación de la licencia ambiental otorgada a la Empresa DESA. Exp. 2885-2014, proceso instado en contra de Jonathán Laínez, ex viceministro de la SERNA y exp. 2774-2016, en el cual figura como parte imputada Darío Cardona, ex sub secretario de la misma entidad, ambos imputados por los delitos de abuso de autoridad, involucrados en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca.